sábado 21 de noviembre de 2026

Contra viento y marea

La peligrosa ficción de la justicia comunitaria

La justicia comunitaria no existe. Las innúmeras atrocidades que se cometen en su nombre no son más que crímenes, expresión de nuestra incultura.

Esta debe ser la enésima vez que una columna mía condena la que el masismo calificó en su momento como la más moderna Constitución Política del Estado (CPE). Los atroces acontecimientos registrados recientemente en el municipio de Patacamaya, donde una turba irrumpió violentamente en un centro hospitalario para sustraer y quemar vivos a dos hombres acusados del robo de un vehículo, vuelven a poner sobre la mesa una discusión jurídica ineludible. Lo ocurrido no puede ni debe ser tomado bajo el eufemismo de "justicia comunitaria". Desde la perspectiva del derecho penal y constitucional, estamos frente a una concurrencia de delitos graves (asesinato con ensañamiento y alevosía, allanamiento, lesiones y otros) que desnudan el peligroso retroceso del Estado de Derecho en Bolivia. La vileza de ese hecho no es sino un eslabón más en la inacabable cadena de crímenes que, en el ámbito indígena originario campesino y en nombre de la facultad jurisdiccional que el Estado les confirió para administrar justicia, se vienen perpetrando en la geografía nacional.

En todo sistema jurídico moderno, el ius puniendi (potestad exclusiva de investigar, juzgar y sancionar conductas delictivas) reside únicamente en el Órgano Judicial. Esta exclusividad no es un capricho burocrático: es la garantía civilizatoria que impide la regresión a la venganza privada. Cuando una multitud asume el rol de acusador, juez y verdugo, ejecutando una pena capital de facto en la plaza pública —como se acostumbra hacer en Bolivia—, se pulverizan las garantías más básicas del debido proceso, la presunción de inocencia, el derecho a la defensa técnica y la proporcionalidad de la pena, consagrados tanto en el artículo 116 de la CPE como en los tratados internacionales de derechos humanos.

Suele argumentarse, desde los sectores defensores del pluralismo jurídico, que los linchamientos son una distorsión y no representan la verdadera jurisdicción indígena originaria campesina, reconocida en la Carta Magna de 2009. Se invoca para ello el artículo 190 de la CPE y la Ley de Deslinde Jurisdiccional, normas que establecen expresamente que esta jurisdicción debe respetar el derecho a la vida, la integridad física y los derechos fundamentales, excluyendo de su competencia material los delitos graves contra la vida.

Sin embargo, este argumento formalista resulta insuficiente frente a la cruda realidad. El problema de fondo radica en el propio diseño constitucional. Al haber elevado a la justicia originaria a la misma jerarquía que la jurisdicción ordinaria sin dotar al Estado de mecanismos efectivos de control previo ni de presencia institucional en el territorio, el constituyente creó una peligrosa zona gris. Esta equiparación normativa ha servido en la práctica como una coartada sociológica y política para legitimar el desconocimiento de las autoridades llamadas a juzgar y sancionar, debilitando el principio fundamental de unidad jurisdiccional e igualdad ante la ley.

Lo sucedido en Patacamaya demuestra que, en ausencia de un control estatal riguroso, la constitucionalización de sistemas paralelos de justicia termina operando como un catalizador de impunidad. Bajo el paraguas simbólico de los "usos y costumbres" y de las decisiones adoptadas en cabildos o asambleas, se diluye la responsabilidad penal individual. El hermetismo colectivo y el "pacto de silencio" que suelen seguir a estos crímenes —amparados en lo que la Constitución expresa en sus artículos 190 al 192— dejan en evidencia que la supuesta autonomía jurisdiccional se utiliza para blindar hechos delictivos comunes.

Una CPE no debe albergar instituciones cuya ambigüedad normativa facilite la supresión de los derechos fundamentales que ella misma dice proteger. La coexistencia de sistemas punitivos sin fronteras claras ni controles reales erosiona la seguridad jurídica y somete la vida de los ciudadanos al arbitrio de la fuerza colectiva. En Patacamaya no se administró justicia comunitaria; se consumó un crimen atroz que obliga a cuestionar seriamente la conveniencia de mantener en nuestro texto constitucional una figura que, lejos de fortalecer la paz social, ha terminado por debilitar los cimientos mismos del Estado de Derecho.

La excusa de los "usos y costumbres", que es un barbarismo del siglo XXI, evidencia cómo la ambigüedad en el diseño constitucional boliviano sobre la jurisdicción indígena permite que actos criminales se cobijen bajo el concepto distorsionado de justicia comunitaria. La equiparación jerárquica de sistemas punitivos sin un control estatal efectivo favorece la impunidad y vulnera las garantías constitucionales del debido proceso y el derecho a la vida.

El Estado no tiene capacidad de control (además prevista por la misma Constitución) sobre la justicia ordinaria; pretender que la tenga sobre una justicia de "usos y costumbres" es una utopía. En la práctica, se ejecuta una pena capital de facto que produce una regresión al estado de naturaleza.

La justicia comunitaria no existe. Las innúmeras atrocidades que se cometen en su nombre no son más que crímenes, expresión de nuestra incultura.

* La opinión expresada en este artículo es de exclusiva responsabilidad del autor y no representa una posición oficial de Visión 360.
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