Comisión de DDHH
ANPB desmiente informe del Gobierno ante la CIDH sobre protección a periodistas
Visión 360 / La Paz
De “totalmente falsa” fue calificada la versión que el Gobierno dio ante los delegados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sobre una supuesta protección y garantías al trabajo de la prensa. La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) anunció que enviará una carta a la organización internacional para desmentir dicho argumento.
“Queremos asumir que los miembros de la CIDH que realizaron la visita in loco fueron sorprendidos en su buena fe. Porque esa versión (de protección a los periodistas) es totalmente falsa, el Gobierno ha mentido, lo decimos sin ningún tapujo y como ANPB vamos hacer una aclaración”, dijo a Visión 360 la presidenta de esa instancia, Zulema Alanes.
Antecedentes
La pasada semana, la CIDH presentó el informe sobre “Cohesión social: el desafío para la consolidación de la Democracia en Bolivia”, de 222 páginas, sobre la visita in loco que realizaron sus delegados a Bolivia, entre 27 y 31 de marzo de 2023.
El documento está firmado por los comisionados Roberta Clarke, Carlos Bernal Pulido, José Luis Caballero Ochoa, Édgar Stuardo Ralón Orellana, Arif Bulkan, Andrea Pochak y Gloria Monique de Mees.
En el capítulo IV de dicho informe, sobre “Libertad de Expresión”, se explica que, en ese apartado se analizó los avances y desafíos que existen para el ejercicio de ese derecho. El mismo se dividió en violencia y estigmatización contra la prensa, judicialización y riesgos a la protección de la reserva de fuentes; desafíos a la excelencia periodística, internet y libertad de expresión, acceso a la información, publicidad oficial y sostenibilidad del periodismo; medios de comunicación administrados por el Estado y Participación ciudadana y democracia.
Alanes hizo referencia al inciso E, sobre “Violencia y estigmatización contra la prensa” de ese capítulo, en el cual los comisionados afirman: “En los últimos tres años, el Estado emprendió acciones de protección y garantía a las labores de la prensa. Entre esas, ante hechos de violencia, ha expresado su respaldo a la actividad periodística; motivado investigaciones, monitoreados casos de violencia; y brindando asistencia jurídica en el área penal, psicológica o social a periodistas víctimas de violencia, en el Marco del Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima (Sepdavi). Sin embargo, organizaciones de la prensa, asociaciones, sindicatos y medios de comunicación han denunciado que la violencia contra la prensa persiste”, cita el texto.
Para la representante de la ANPB, lo informado por el Gobierno a la CIDH es falso y amerita un pronunciamiento, debido a que, basados en varios casos de agresiones a periodistas, el Estado no solo incumple la atención de las denuncias, sino que niega el acceso a la justicia. Alanes puso como "el ejemplo más grave" al caso de Las Londras, en el que un grupo de periodistas (policías y trabajadores de esa propiedad en Santa Cruz) en 2022, fue encañonado, retenido y obligado a firmar documentos, hecho perpetrado por parte de un grupo de dirigentes de los Interculturales, movimiento social afín al Gobierno.
Alanes explicó que ya existe un documento emitido por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para Bolivia, que detalla una recomendación puntual hacia el Estado, para que asuma medidas de protección para el trabajo de los periodistas, considerados por su labor, como defensores de derechos humanos.
Recordó que el Gobierno propuso que el Sepdavi sea la instancia que atienda las diferentes denuncias que se presentaron por vulneración de derechos y agresiones a los trabajadores de la prensa. Sin embargo, la ANPB y representantes de otras organizaciones periodísticas rechazaron esa propuesta, por la falta de independencia de esa entidad, que depende del Ejecutivo, en el Ministerio de Justicia.
“Por tanto, el Estado nunca ha brindado garantías ni siquiera de debido proceso en casos por flagrantes vulneraciones y violencia extrema contra periodistas (…) Vamos a tomar varias acciones frente a este informe”, advirtió Alanes.
En ese contexto, reveló a este medio que la pasada semana el ministro de Justicia, Iván Lima, pospuso una reunión con la ANPB y otros representantes, en la que precisamente se tenía que tratar varias demandas, como la dilación en el proceso judicial de las Londras y la agenda para la elaboración de una ley de acceso a la información.