Estiman que 284 municipios disminuirán ingresos tras el censo

A partir de los resultados del Censo de Población y Vivienda se prevé una reducción de ingresos de coparticipación tributaria en más del 80% de los 339 municipios del país. Según el análisis realizado por la Fundación Jubileo, 284 municipios recibirán menos ingresos de coparticipación y sólo 55 aumentarán estos recursos.

“Lo dramático es que la gran mayoría, el 84% de los municipios, van a disminuir sus  recursos de coparticipación en un 20%, 30% y algunos en mayor proporción 40% o hasta 50% o 60%”, alertó René Martínez, investigador de esta institución, en entrevista con Visión 360.

El Decreto Supremo 4824 establece que el Gobierno, sobre la base de los resultados preliminares del censo 2024, realizará la distribución de los recursos económicos de coparticipación en septiembre.

También establece que los resultados de la consulta permitirán ajustar, definir, implementar y evaluar planes, programas, estrategias de desarrollo económico y social, en los ámbitos nacional, departamental, sectorial, municipal y comunitario, constituyéndose en uno de los principales insumos para el diseño, ejecución, evaluación y seguimiento de políticas públicas.

Según proyecciones del Instituto Nacional de Estadística (INE), la población boliviana aumentó, entre el censo de 2012 y 2022, de 10.059.856 a 12.006.031 habitantes.

Martínez explicó que el censo es una herramienta que proporcionará información detallada sobre la situación socioeconómica de Bolivia y que servirá, además, de base para la coparticipación tributaria y para la redistribución de escaños legislativos.

Desde 2012 se han registrado cambios importantes en el número de habitantes del país, por la migración campo-ciudad de los municipios rurales hacia ciudades capitales.

Según Martínez, el cálculo de la proyección se realizó basado en los datos del INE que, con las últimas proyecciones de población hasta 2022, se estima que un 84% de los municipios va a perder población y recursos, cuando se conozcan los resultados del censo que se llevó adelante la pasada jornada. 

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De acuerdo con el análisis de  la Fundación Jubileo, a nivel departamental  se estima que la población de Chuquisaca se reducirá un 4,7%, la de La Paz un 6%, la de Oruro un 6,3% y la de Potosí un 7,3%.

Ámbito municipal

Los cálculos técnicos realizados por Jubileo revelan que 179 municipios —incluidos los denominados Gobiernos Autónomos Indígenas Originarios Campesinos (GAIOC)— habrían disminuido su población (y otros 160 habrían incrementado habitantes).

Para la fundación, la menor cantidad de población en estos municipios repercutiría en una redistribución de los recursos de coparticipación tributaria, lo que se traduciría en que 284 municipios y GAIOC recibirían menos asignaciones presupuestarias, y que otros 55 percibirían mayores recursos.

Por ejemplo, en Chuquisaca, en el municipio de Villa Alcalá, su población entre 2012 y 2022 bajó, según las proyecciones, de 4.902 a 2.632 habitantes, un 46,3% menos. La coparticipación tributaria que representa el 59% de sus ingresos, se reduciría de 3.307.035 a 1.487.797 bolivianos, un 32% menos.

Otro caso en el departamento de La Paz es el del municipio de Charazani, que en año 2012 tenía 13.023 habitantes y en 2022 sólo 9.267 habitantes y sus recursos de coparticipación, que representan el 75% de sus ingresos, caerían de 8.785.704 a 5.238.380 bolivianos, un 30% menos. Lo mismo sucede con el municipio de Tito Yupanqui, donde se estima que la población  disminuyó de 6.261 a 1.908 habitantes, y la coparticipación disminuiría en un 61%.

En el municipio orureño de Cruz de Machaca, en 2012 su población era de 1.967 habitantes y en 2022 de 530, un 73% menos. Su coparticipación caería de 1.326.997 a 299.594 bolivianos, un 37% (ver  la infografía).

Martínez explicó que, de los 339 municipios existentes, se calcula que unos 171 tienen menos de 10 mil habitantes, y otros 75 menos de cinco mil habitantes y la reducción de población que se ha experimentado en los últimos años es por la pobreza y la falta de condiciones, lo que obliga a la gente a migrar.

“Esto nos pone en un escenario complejo, porque luego de la realización del censo nacional se deben actualizar los datos de población y habrá un cambio abrupto en la coparticipación tributaria”, anticipó.

Advirtió también que ello generará mayor pobreza y pondrá en cuestionamiento la viabilidad de algunos gobiernos municipales, porque con la caída de ingresos que ya se tiene, básicamente sus presupuestos alcanzan sólo para gastos de funcionamiento, algunos servicios de salud, pero cero inversiones.

“Son municipios que no van a poder hacerse cargo de los servicios que determinan sus competencias. Un pacto fiscal debe definir el destino y distribución de los recursos y cuánto le toca al nivel central, gobernaciones y municipios. En este último caso es un 20% de coparticipación por factor poblacional, pero con un pacto se podría definir la distribución en función a niveles de pobreza. Un sistema de municipios con recursos limitados ya no es viable”, sostuvo Martínez.

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Esto pondrá en cuestionamiento todo el sistema de descentralización a nivel municipal y, según Jubileo, se debe debatir si este esquema vigente desde la Ley de Participación Popular, funcionó o no.

El caso Combaya

Eloy Santander, alcalde de Combaya (Larecaja), uno de los municipios que se estima recibiría menos ingresos, señaló que existe preocupación porque los recursos que disponen son muy bajos, tres millones de bolivianos, que no alcanzan para la ejecución de todos los proyectos que las comunidades desearían. El municipio tiene necesidades de construir puentes, agua potable y microrriego para el sector productivo.

El burgomaestre señaló que debe estirar los recursos con que dispone su municipio para garantizar al menos los servicios de educación y salud, y lamentó que la población disminuya, porque al no contar en la localidad con empresas, recursos naturales, no hay oportunidades económicas, y a los jóvenes, no les queda otra opción que emigrar a la ciudad.

“Como municipio de Combaya son recursos muy bajos los que estamos manejando. Es una preocupación, y no nos alcanza para los proyectos que queremos ejecutar en las comunidades. Estamos preocupados también por la migración de gente, esto se da porque en el municipio no tenemos ninguna empresa, recursos minerales para que los jóvenes puedan quedarse a trabajar”, manifestó a Visión 360.

Santander, además, sostuvo que se tienen problemas con la cartografía elaborada por el INE, porque dos comunidades que pertenecían a Combaya, ahora aparecen en otros municipios aledaños.

Las proyecciones realizadas por la Fundación Jubileo dan cuenta de que, de los 87 municipios de La Paz, sólo cinco recibirían más recursos y el resto disminuiría sus ingresos; en Oruro, de 35 municipios, sólo dos recibirían más; en Potosí, de 40 municipios, sólo tres tendrían un aumento de ingresos; en Tarija, de 11, tres recibirían más: en Cochabamba, de 47 municipios, siete son los que aumentarían recursos; en Chuquisaca, sólo Sucre mejoraría.

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En contraste, en Santa Cruz de los 56 municipios que están en su territorio, unos 22 tendrían más ingresos; en Beni, de 19 municipios, tres recibirían más; en Pando, de 15 municipios, seis obtendrían más recursos.

El director de la Asociación de Municipalidades de Bolivia (AMB), Alfonso Lema, explicó que se han hecho proyecciones de cuál será el escenario después de marzo, ya que en septiembre se debe aplicar el nuevo factor de coparticipación y redistribución de escaños.

“Probablemente haya una buena cantidad de municipios, más de 280 que reduzcan sus  recursos de coparticipación y otros 55 aumenten. Los municipios de capitales quizá no tengan ese inconveniente porque, por la urbanización, el factor de distribución varía”, indicó.

Según Lema, ante el escenario que se podría dar en las mesas técnicas con el INE y con el Ministerio de Planificación se ha planteado la necesidad de discutir mecanismos de compensación. “Deben existir fondos de compensación y trabajarse desde ahora, porque llegar a septiembre sin alternativas puede generar un escenario complejo. Además, no es lo mismo distribuir recursos cuando los ingresos del país han bajado”, puntualizó.

Lema sostuvo que existe preocupación por la disminución de recursos de coparticipación que habría luego de que se conozcan los resultados del censo, porque las competencias son las mismas y las necesidades aumentan.

Visión 360 intentó comunicarse con el viceministro de Autonomías, Álvaro Ruiz, para conocer el punto de vista del Gobierno sobre la proyección realizada por Jubileo; sin embargo, no se pudo lograr una entrevista y la autoridad tampoco respondió a varias consultas que se le enviaron vía WhatsApp.

Yaksic: Los resultados del censo impactarán en el mapa político

Fabián Yaksic, consultor en autonomías y descentralización, anticipa que los resultados del censo tendrán un impacto en el nuevo mapa político, porque permitirán a departamentos como Santa Cruz ganar más escaños en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), a costa de otras regiones.

Los resultados del censo permitirán conocer la situación socioeconómica del país y los avances y retrocesos que hubo en los últimos 12 años.

Yaksic estima que el peso demográfico de La Paz pasará a segundo lugar y Santa Cruz, por primera vez, avanzará como el departamento más poblado de Bolivia.

“Es posible que en la representación política, Santa Cruz aspire a ganar dos o tres escaños más a costa de Potosí, Chuquisaca y probablemente La Paz. En población aspira a contar con cuatro millones de habitantes, aunque las proyecciones hablan de 3,6”, indicó a Visión 360 el experto. “Esto es fundamental porque puede desatar una pugna por la disputa de escaños”, agregó.

Yaksic advierte que otro cambio fundamental que se prevé con los resultados del censo es que Bolivia se consolide como un país urbano. Se estima que la población que habita en las ciudades superará el 75%. “En 2012 ya se  rompió la lógica de que el país es mayormente rural y esto tiene implicancia a nivel municipal; hay municipios que pierden población y hay una mayor concentración en las ciudades”, subrayó.

La Ley Marco de Autonomías establece que la base demográfica mínima para que haya un municipio es de 10 mil habitantes y de cinco mil en municipios de frontera; si no hubiera esa cantidad, la norma planteaba la fusión de unidades territoriales, aunque Yaksic recuerda que eso nunca se cumplió.

Esto significa que algunos municipios tendrían que desaparecer, ya que se estima que hay 61 con  menos de cinco mil habitantes; incluso se proyectaron casos con menos de 400. La situación puede agudizarse, ya que se calcula que puede llegar a haber hasta 160 administraciones con población inferior a los 10 mil habitantes.

“Este es un tema a debatir: la insostenibilidad de municipios menores a cinco mil y 10 mil habitantes. ¿Se va a cumplir con la ley? o ¿tendremos un escenario de reducción de municipios por insostenibilidad y sin perspectiva de desarrollo?”, observó el experto.

También considera que se debe discutir lo que va a pasar con gobernaciones en departamentos donde la situación económica es complicada y la concentración urbana genera asimetrías, porque más del 50% de la población vive en las áreas metropolitanas de Santa Cruz, Cochabamba y La Paz.

 “Se necesitan políticas  de Estado que apunten a un mayor desarrollo urbano. Es un tiempo de vacas flacas, de una nueva reconfiguración territorial y se debe pensar en un nuevo orden fiscal y territorial para equilibrar la distribución de la inversión pública”, remarcó Yaksic.

Según el especialista, en los departamentos donde sea difícil mantener provincias como “unidad de planificación”, se puede pensar en una regionalización. “Mantener 20 provincias es insostenible para la Gobernación, pero se puede pensar en consolidar una regionalización con el Altiplano norte y la región amazónica. A nivel local, se puede ver una mancomunidad metropolitana que permita su desarrollo”.