Procuraduría General del Estado prioriza 48 casos ante la CIDH

Carlos Moreira Ascarrunz

Una reunión virtual entre la Procuraduría General del Estado y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) permitió un análisis exhaustivo de los casos bolivianos ante esta instancia internacional. Como resultado, se identificaron 119 procesos abiertos, de los cuales se lograron priorizar 48.

Según el Procurador General del Estado, César Siles, con el objetivo de “reducir el portafolio de casos” y por “estrategia procesal”, se solicitó verbalmente la acumulación de casos similares en uno solo. “Como primer punto de la agenda que hemos discutido con la CIDH, les hemos pedido que se acumulen los casos. Vamos a hacer una solicitud formal de acumulación de estos casos en uno solo”, afirmó Siles.

Cerca del 50% del total de casos se encuentran en una etapa previa a la admisión por parte de la CIDH, aunque las peticiones ya fueron presentadas. Un 35% de los casos ya fueron admitidos en la instancia, mientras que un 10% estarían en una etapa con sentencia emitida y en supervisión de sentencia.

Durante el proceso, se lograron identificar 17 casos de exjueces transitorios desvinculados de su fuente laboral, quienes reclamaron su reincorporación con procesos de daños y perjuicios. Además, en la cartera también se identificaron siete casos de terrorismo, uno de ellos vinculado con Mario Tadic y el húngaro Elód Tóásó. “Por estrategia de litigio, hemos pedido que puedan acumularse esos casos. Sin embargo, hay un procedimiento que cumplir. Se va a consultar también a la otra parte, que son los peticionarios”, acotó la autoridad.

Dentro de la cartera de casos, también se identificaron tres de violación a mujeres y niñas. Asimismo, se identificaron seis casos de tortura y tratos crueles vinculados al gobierno de Añez, de los cuales también se solicitó su acumulación. Además, seis casos fueron clasificados como de garantías judiciales, principio de legalidad y retroactividad.

En relación a la reelección indefinida, existen 4 casos de peticionarios en contra de la sentencia Constitucional 084/2017 que la permitía, en diferentes etapas procesales.