Reinerio llega a La Paz para declarar y afirma “no somos ni pillos ni narcotraficantes”

El vicerrector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), Reinerio Vargas, arribó la mañana de este miércoles a La Paz, donde debe declarar ante la imputación por el caso del paro de 36 días que realizó Santa Cruz para exigir la realización del censo.

“Por defender la realización de un censo que beneficia a todo el país ahora estamos imputados. Venimos con la frente en alto y dignamente a demostrar nuestra inocencia y a decir gracias al pueblo cruceño porque el censo ya se realizó y el Gobierno está persiguiendo políticamente a quienes pensamos diferente”, declaró a los medios en el aeropuerto de El Alto.

“El Gobierno instrumentaliza la justica, es difícil venir a La Paz porque hay que costearse todo, pero no vamos a huir nunca, acá estamos y no hemos cometido ningún ilícito, no somos ni ladrones, ni pícaros ni narcotraficantes, estamos acá por defender el censo, solo en Bolivia pueden suceder estas cosas”, denunció.

“Si no hubiese habido esa lucha, el censo no se hubiera realizado”, dijo y destacó que los resultados del operativo beneficiarán a todos los municipios del país y a diez universidades estatales.

Reinerio arribó a la sede de Gobierno acompañado por el abogado José Luis Santistevan y en el aeropuerto estaban presentes diputados de Creemos y otros dirigentes universitarios de Santa Cruz. “Esta medida es 100% política porque el Gobierno utiliza a la justicia para perseguir”, reclamó.

La Sala Tercera del Tribunal Departamental de Santa Cruz determinó trasladar la sede de la audiencia de este caso a la ciudad de La Paz, lo que causó molestia entre los procesados. Por ello, hoy Vargas y Santistevan se presentarán este miércoles ante el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz para su audiencia.

El rector de la UAGRM, Vicente Cuéllar, también procesado, dijo que esta medida constituye una clara persecución política. Otro acusado es el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y también el exlíder cívico Rómulo Calvo.

Los cargos que enfrentan los acusados incluyen delitos como atentado contra el presidente y otros dignatarios del Estado, violencia contra la mujer, asociación delictuosa y terrorismo, supuestamente cometidos durante los 36 días de paro.

El 26 de noviembre de 2022, tras 36 días de paro, los dirigentes levantaron la medida después de que la Asamblea Legislativa aprobara una ley para garantizar la realización del censo.