Proceso en riesgo
Documentos no valorados, falta de notificación y discriminación: Cuestionamientos de los amparos contra las judiciales
La falta de valoración de documentos, silencios administrativos y una convocatoria que supuestamente discrimina a los abogados de profesión libre, son algunos de los fundamentos de los amparos constitucionales que presentaron varios postulantes a magistrados. Las demandas paralizaron el proceso con miras a las elecciones judiciales.
Según la explicación de legisladores y postulantes que presentaron los amparos constitucionales, estos recursos observan que no se tome en cuenta los documentos presentados para acreditar, por ejemplo, que habla una segunda lengua originaria; también objetan que las resoluciones no les fueron notificadas en el plazo debido y, finalmente, una solicita que se anule todo el proceso de preselección que se tramita en el Legislativo y se emita una nueva convocatoria, flexibilizando los requisitos.
Discriminación y silencio administrativo
“Hay una total falta y afectación a mis derechos, incluso como mujer, porque (los legisladores) han calificado de una manera para unos y de forma distinta para otros, entonces, estoy en todo mi derecho de presentar, la acción de amparo constitucional y las autoridades (vocales constitucionales) han visto todos los atropellos que se han cometido contra mi persona por lo cual dieron curso a mi amparo”, declaró a Visión 360 la exfiscal y abogada de Santa Cruz, Margarita Medrano.
La jurista, es una de las postulantes que fueron inhabilitadas a las elecciones judiciales y que está en la lista de quienes recurrieron a la instancia constitucional para obligar a la Asamblea Legislativa, a revisar sus determinaciones, En el caso de Medrano, la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Santa Cruz, donde recayó la causa, además de admitir la demanda, emitió una medida cautelar, con la instrucción de paralizar todo el proceso, hasta que se resuelva el reclamo de la exfiscal.
“De una forma totalmente abusiva, no me hicieron conocer la resolución del recurso al pedido de revisión de inhabilitación que presenté, publicaron las listas sin comunicarme e incurrieron en un silencio administrativo”, precisó Medrano.
La audiencia de su amparo está programada para el lunes 22 de abril. Por otro lado, también se conoce de los amparos constitucionales presentados por los abogados Herculiano Capusiri, Charles Mejía Cardozo, Ramiro Blanco y Jhonny Cordero Núñez.
A esa lista se sumó hoy el “postulante barrendero”, Yaco Leonel Conde Guachalla, quien presentó un amparo constitucional, no sólo para pedir su rehabilitación y continuar en el proceso de preselección, sino pretende que los vocales constitucionales emitan una resolución para anular todo y ordenar que se emita una nueva convocatoria para las elecciones judiciales, porque la actual, en su criterio, solo favorece a los funcionarios.
“En esta convocatoria hay una total discriminación hacia los abogados de la profesión libre, pese a que yo he presentado los documentos de mi experiencia, no lo han hecho valer”, fue el reclamo de Conde.
Falta de valoración de documentos
Por su parte, el diputado de Comunidad Ciudadana (CC), Pablo Arizaga, informó a Visión 360 que la mayor parte de las demandas constitucionales presentadas por los postulantes inhabilitados, reclaman cómo se procedió entre el 11 y 13 marzo, en la etapa de “verificación de documentos de los postulantes”. Se debe recordar que inicialmente se presentaron, ante la Asamblea Legislativa, 715 postulantes a magistrados al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Consejo de la Magistratura y Tribunal Agroambiental.
De ese número, después de las etapas de impugnación y revisión de las resoluciones, sólo quedaron habilitados 404 postulantes, que ahora están en la fase de los exámenes orales, que fue paralizada por los amparos constitucionales. Ahora, el cronograma que tenía como límite el 6 de mayo, para emitir una lista de 130 postulantes habilitados, tendrá que ser modificado y eso pone en riesgo su realización.
Arizaga precisó que los postulantes no presentaron documentos para acreditar que cumplían con determinados requisitos, otros no cumplían con la cantidad de años de experiencia requerida, por lo cual fueron inhabilitados.
Para su colega de partido, la senadora Andrea Barrientos, los amparos tienen como fin el truncar las elecciones judiciales y mantener en el cargo a los magistrados autoprorrogados en el TCP. Señala como el principal responsable al ministro de Justicia Iván Lima.