De acusados por violencia a actores de la crisis de 2019, ocho hallazgos de la data de Visión 360

Desde postulantes acusados de violencia contra la mujer, hasta actores de los conflictos poselectorales de 2019, son parte de las ocho características que la data realizada por  Visión 360 halló sobre los 405 postulantes a candidatos y candidatas de las elecciones judiciales 2024.

“En otros países el proceso de selección de magistrados dura mucho tiempo porque, incluso, los someten a exámenes psicológicos. No son suficientes sólo los cartones, tiene que haber otro elemento que es la probidad. ¿Qué es ser probo? Es ser honesto, tener un reconocimiento de la comunidad. No pedimos que tengan carga personal; uno tiene religión, creencias, historia de vida, etc., pero cuando se tiene un cargo como este, uno tiene la obligación de despojarse de esa carga”, señaló la abogada Kathia Saucedo, miembro del grupo Juristas Independientes.

Entre el 4 y el 12 de abril, Visión 360 revisó los antecedentes de los 405 postulantes habilitados.  Sus nombres fueron rastreados en las nóminas de personal de diferentes entidades públicas y en el sistema de consulta de la Contraloría General del Estado. Se revisaron y verificaron las hojas de vida publicadas en el portal de la Vicepresidencia del Estado, además de los antecedentes de cada aspirante en reportes de prensa, edictos, resoluciones y sentencias.

Con este trabajo se elaboró una data en la que se identificaron una serie de características que hacen al perfil de los postulantes. De todas, al menos ocho llamaron la atención. La data puede ser consultada por la población al igual que las notas que le presentamos a continuación.

1. Violencia contra la mujer en las listas.

Al menos siete postulantes fueron denunciados o enfrentaron procesos por agresión sexual, violencia intrafamiliar y acoso sexual, de acuerdo con la revisión de datos que hizo Visión 360. Aunque la lista es de 405 postulantes y la cifra identificada es  de al menos siete, para especialistas y activistas es importante revisar y hablar de estos datos, porque la violencia contra la mujer es uno de los principales problemas que azota al país. 

Lee también: La violencia contra la mujer no es ajena en las listas

En la revisión de datos también se identificó que sólo dos postulantes se destacan por su experiencia en el trabajo de temas de género y la defensa legal de víctimas de violencia.

“En el proceso de elecciones judiciales en Bolivia es altamente preocupante y vergonzoso  que al menos siete  postulantes estén vinculados a denuncias, procesos o sentencias por violencia intrafamiliar, acoso sexual y violencia sexual. Estos perfiles plantean serias interrogantes sobre la integridad y la idoneidad de quienes podrían convertirse en futuros magistrados”, aseguró a Visión 360 la activista y periodista Patricia Flores.

2. Postulantes que fueron parte de casos mediáticos

Ya sea como fiscales, vocales o jueces, e incluso ciudadanos privados, al menos 30 postulantes a las judiciales fueron parte de procesos o casos y acontecimientos mediáticos. Los casos van desde avalar la cuarta elección de Evo Morales y procesar a líderes opositores, hasta emitir sentencias basándose en el programa de inteligencia artificial Chat GPT. ¿Qué reflejan estos datos?

“Debemos comprender que este proceso ya está enlodado, más allá de las cualidades de los candidatos. Eso ya lo hemos visto en los anteriores comicios”, consideró el analista Paúl Coca.

Recordó cómo en 2011 y 2017 la población demostró su desconfianza en el proceso y sus candidatos con ausentismo y un gran número de votos en blanco y nulos. “La gente sabe que votar por desconocidos o por quienes rotan de cargo, no va a cambiar la administración de la justicia. Las leyes determinan que solo se cuenten los votos válidos; así, los funcionarios elegidos están en el cargo legalmente, pero no tienen legitimidad”.

Lee también: De avalar la repostulación a dar sentencia con Chat GPT: 30 postulantes involucrados en casos polémicos

3. Actores de la crisis de 2019

Cinco postulantes a cargos judiciales se vieron envueltos en los conflictos postelectorales de 2019. Algunos fueron detenidos como parte de lo que unos denominaron  “caso Fraude Electoral” y otros, “golpe de Estado”. Otros postulantes recibieron llamadas de atención y hay quienes lidiaron con los resultados de las peleas.

Para el analista Pedro Portugal, la habilitación de estas candidaturas es una señal de un problema endémico en el país. 

“Es algo que arrastramos desde la época de la Colonia, cuando los cargos no se asignaban según la competencia del individuo, sino de la cercanía que este tenía al poder de turno”, consideró Portugal.

Lee también: 5 actores de los conflictos de 2019 están habilitados

4. Funcionarios públicos y los cargos de confianza 

La data de Visión 360 identificó que, de los 405 postulantes al Consejo de la Magistratura, al Tribunal Agroambiental, al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), 341 son o fueron funcionarios públicos. De ese total, 330 tienen declaraciones juradas presentadas entre abril de 2022 y abril de 2024. 

Lee también: De los 405 postulantes, 341 son o fueron funcionarios públicos

Los cargos que ocupan muestran que en las listas hay desde quienes hacen carrera en el Órgano Judicial (220) hasta los que ocupan cargos de confianza en el Ejecutivo (55), además de aquellos que trabajan en el sistema de universidades públicas del país (22). Seis de los postulantes trabajan en la Asamblea Legislativa, donde se realiza la preselección y ocho en el Tribunal Supremo Electoral, instancia que realizará las elecciones.

“Expresamos profunda preocupación por la presencia de servidores públicos gubernamentales en actual ejercicio (…) Tales postulaciones no pueden ocultar sus conexiones ni preferencias con el actual Gobierno, situación que disminuye la garantía de independencia judicial, condición sine qua non (indispensable) para el ejercicio jurisdiccional probo e idóneo”, señala un comunicado de los denominados Juristas Independientes.

5. Desde exautoridades hasta excandidatos  de partidos políticos

Entre los profesionales que postulan a altos cargos en el Órgano Judicial y en el TCP se encuentra un grupo que tiene afinidad con diferentes partidos políticos. Se trata de excandidatos, autoridades electas, exministros, exvocales de tribunales departamentales electorales y hasta exjueces acusados de favorecimiento, por ejemplo, al partido de Gobierno.

Lee también: Desde exautoridades hasta excandidatos de partidos

La data encontró al menos a 30 postulantes que tienen las características mencionadas. Entre quienes tienen ciertos vínculos se puede señalar, por ejemplo,  a Carlos Contreras, quien fue candidato a senador por la agrupación Juntos, o a Rolando Soto, quien fue candidato a diputado por el Frente a la Victoria, en 2020. En el año 2014, Teodoro Blanco fue candidato a gobernador de Oruro por la agrupación Participación Popular, mientras que Eda Fiorilo fue candidata a senadora por Comunidad Ciudadana (CC).

6. Un total de 526 impugnaciones  

Desde la falta de ética hasta prevaricato son las razones por las que algunos de los candidatos a altos cargos judiciales fueron denunciados a lo largo de su carrera o impugnados en la fase de preselección de candidatos y candidatas a las elecciones judiciales 2024. 

La revisión de Visión 360 detectó diez casos entre procesados y denunciados, nueve por prevaricato y uno por falta de ética.  Por ejemplo, Hugo Iquise, Roberto Parada, Luis Tapia y Juan Carlos Candia, entre otros, fueron denunciados e incluso procesados por prevaricato, lo que dio lugar a observaciones en su contra; mientras que Patricia Castillo fue impugnada por falta de ética.

Lee también: Impugnaciones: desde falta de ética hasta prevaricato

Al término del plazo de las impugnaciones, las comisiones mixtas de Constitución y de Justicia Plural recibieron en total 526 impugnaciones de y en contra de los postulantes. Para el Consejo de la Magistratura se presentaron 160; para el Tribunal Agroambiental, 71; para el Tribunal Constitucional Plurinacional, 136; y para el Tribunal Supremo de Justicia, 159.

7. Los autoprorrogados

Marina Durán Miranda,  Juan Carlos Berríos Albizu, José Antonio Revilla Martínez, Ponciano Ruiz Quispe, Ricardo Torres Echalar, Mariana Montenegro Añez, Olvis Egüez Oliva, René Yván Espada Navía y Marvin Arsenio Molina Casanova son los nueve magistrados “autoprorrogados” que postulan a uno de los altos cargos judiciales, en el proceso que se realiza este año.

Lee también: Nueve “autoprorrogados” postulan a cargos judiciales

El 31 de diciembre de 2023 feneció el mandato de seis años de todos los magistrados que asumieron funciones en 2017, incluido este grupo. Sin embargo, como hasta esa fecha no se había elegido a las nuevas autoridades, decidieron permanecer en sus cargos con el principal argumento que era el de evitar un vacío de poder.

Para este cometido, el TCP emitió la declaración 0049/2023 del 11 de diciembre de 2023, que señalaba: “Se dispone la prórroga de mandato de las autoridades del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional en actual ejercicio, de manera excepcional y temporal, hasta que se elijan y posesionen a las nuevas autoridades”.

“Llos funcionarios subalternos no tienen la atribución; quienes están revestidos de esas atribuciones y prerrogativas para desarrollar estas funciones son las actuales autoridades, tanto del Órgano Judicial como del Tribunal Constitucional Plurinacional”, justificó entonces  el magistrado Yván Espada, en conferencia de prensa

8. Los postulantes de siempre

Al menos 39 de los aspirantes a magistrados de los diferentes tribunales repiten este año postulaciones. Una revisión y data hecha por Visión 360 encontró que, en años pasados, no solo optaron por cargos judiciales, sino que también participaron en las elecciones para Defensor del Pueblo, Fiscal General del Estado (FGE), para el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y a las Nacionales y Subnacionales.

Lee también: 39 repiten su postulación, no sólo a cargos judiciales

9. Acusados de liberar violadores y asesinos

Al menos seis de los postulantes a las Elecciones Judiciales de 2024 se vieron envueltos en casos muy mediáticos en los que se les acusó de liberar o favorecer a asesinos, feminicidas, violadores y personas vinculadas al narcotráfico. Uno de ellos, además, fue denunciado por realizar campaña a favor del presidente Luis Arce.

Lee también: Seis fueron acusados de liberar a asesinos, violadores y narcos

En 2022, Bolivia vio uno de los mayores escándalos judiciales, luego de que se descubriera que varios jueces beneficiaban y liberaban con documentos fraguados a criminales sentenciados. Entre los acusados estaba el juez Primero de Instrucción Penal de El Alto, Marco Antonio Amaru Flores, actual postulante al Consejo de la Magistratura.

Aunque fue aprehendido en dos oportunidades, por liberar a un feminicida y a un asesino vinculado al narcotráfico, en ninguna de las ocasiones llegó a la cárcel ni fue alejado de su cargo, por lo que quedó en libertad de postular.

¿CÓMO Y QUÉ SE HIZO? Entre el 4 y el 12 de abril, un equipo de Visión 360 revisó los antecedentes de 405 postulantes a candidatos y candidatas para las elecciones judiciales 2024.  Sus nombres fueron rastreados en las nóminas de personal de diferentes entidades públicas y en el sistema de consulta de la Contraloría General del Estado. Se revisaron y verificaron las hojas de vida publicadas en el portal de la Vicepresidencia del Estado, además de los antecedentes de cada aspirante en reportes de prensa, edictos, resoluciones y sentencias. Se corroboró la militancia de cada postulante en el portal del Órgano Electoral Plurinacional. Con todos los datos obtenidos,  la redacción de este medio preparó una data que ahora libera para que la población tenga acceso a la información de los postulantes; este trabajo también incluye las hojas de vida de más de 350 aspirantes. Además, con el objetivo de hacer periodismo de datos, en este especial, Visión 360  presenta una serie de notas y reportajes que hacen una radiografía a los postulantes a este proceso.