Diputado demanda al Director de Chonchocoro por incumplir órdenes judiciales en caso Camacho

El diputado de Creemos, Andrés Romero, presentó este jueves una demanda en contra del director del penal de Chonchocoro, Marco Gonzáles, por incumplir en tres oportunidades la orden de la autoridad jurisdiccional en el caso de Luis Fernando Camacho y el caso Decretazo.

“En este momento el diputado Andrés Romero presenta una denuncia en contra del mayor Marco Gonzáles, director de Chonchocoro, por haber incumplido deberes a los cuales estaba obligado y no haber obedecido el llamado de la autoridad”, dijo Martín Camacho, abogado del gobernador de Santa Cruz.

El jurista explicó que en dos oportunidades Gonzáles hizo caso omiso a la orden de la autoridad para trasladar a Camacho a la ciudad de Santa Cruz donde debía asistir al inicio del juicio en su contra por el caso Decretazo, y en una tercera no presentó un informe que le solicitaron.

Indicó que la demanda va solo dirigida al Director de Chonchocoro porque es el único responsable, por lo que se adjuntará la documentación pertinente para que se inicie la investigación.

Inicialmente, el juicio oral estaba previsto para el 11 de marzo, pero fue suspendido para un mes después, el 11 de abril, debido a que Camacho no fue trasladado a la ciudad oriental; sin embargo, el proceso tampoco comenzó en esa fecha por la misma razón y se postergó para el próximo 27 de mayo.

En ambas oportunidades, el Gobierno argumentó razones de seguridad para no dar curso a la orden como también recursos pendientes de resolución, lo que la oposición interpretó como pasar por encima de la independencia judicial.

Lee también: Juicio por caso Decretazo se suspende por segunda vez por ausencia de Camacho

El caso Decretazo se refiere a la norma departamental 373, de marzo de 2022, que Camacho firmó cuando viajó a Brasil delegando sus funciones de gobernador a su hombre de confianza, el entonces secretario de Gestión Institucional, Miguel Navarro, cuando correspondía que el entonces vicegobernador Mario Aguilera asuma funciones, lo que vulneró el Estatuto Autonómico de Santa Cruz.