CIDH abre posibilidad de acumular casos sobre ejecuciones sumarias y torturas en el Caso Terrorismo

El procurador del Estado, Cesar Siles, informó hoy que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), abrió la posibilidad de acumular o unir todos los procesos iniciados en antes esa instancia, relacionados a la denuncia de ejecuciones sumarias y torturas ordenadas por el Estado en el denominado Caso Terrorismo y el operativo policial ejecutado en el Hotel Las Américas en abril de 2009.

“La CIDH respondió a tres solicitudes que le hicimos, la primera tuvo una respuesta favorable, porque se amplió el plazo para presentar los informes sobre este caso, hasta el 26 de julio, antes de que pase a la Corte Interamericana”, informó hoy el Procurador.

La segunda consulta hecha a la instancia internacional, era en relación a un asesoramiento sobre cómo hacer el resarcimiento económico y pagar lo menos posible a los demandantes. Recordemos que ya existe un Informe de Fondo N° 13.546, emitido en favor de la familia del irlandés Michael Dwyer, quien, según la denuncia, fue víctima de una ejecución extrajudicial.

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Asimismo, el Estado busca disminuir el monto solicitado por los otros tres demandantes, Juan Carlos Guedes, Elöd Tóásó y Mario Tadic.

La tercera consulta que el Estado boliviano hizo a la CIDH, fue la de poder acumular o unir los siete procesos que se abrieron por el mismo hecho y fueron presentados por otros ciudadanos que también sufrieron la persecución judicial, en el marco del Caso Terrorismo.

Esta última petición fue rechazada, en relación al caso del Informe de Fondo N° 13.546, pero, se abrió la posibilidad de unir las otras seis demandas.

“Son siete casos que están abiertos sobre el Hotel Las Américas, los seis casos que aún no tienen un informe de fonde sí se pueden fusionar en uno solo. Vamos a hacer la solicitud en los casos respectivos”, manifestó Siles.

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Los datos salen a relucir, debido a que la CIDH otorgó la ampliación del plazo para cumplir con las cuatro recomendaciones hechas en el Informe de Fondo N° 13.546, que establece que el Estado boliviano debe pedir disculpas, impartir cursos especiales para que tanto los miembros de la Policía Boliviana, el Órgano Judicial y la Fiscalía, no vuelvan a incurrir en esta violación de derechos humanos.

Asimismo, se debe pagar un resarcimiento económico, ofrecer una atención en salud para el tratamiento médico y finalmente procesar a los responsables de dichas vulneraciones.