Asociaciones de periodistas repudian amedrentamiento a un canal de televisión en Cobija

La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y la Asociación de Periodistas de Pando (APP), repudiaron este martes la censura previa, bajo amenaza y amedrentamiento, contra el equipo de prensa de televisión universitaria TVU Canal 21 por parte del fiscal Rolando Sánchez.

El hecho ocurrió la madrugada del domingo 12 de mayo durante la cobertura informativa de un operativo de control a centros nocturnos y moteles de la ciudad de Cobija, que inició a las dos de la madrugada a cargo de la Fiscalía departamental y en coordinación con la Policía, Intendencia Municipal, Seguridad Ciudadana, Defensoría de la Niñez y Adolescencia.

En la oportunidad, el fiscal de turno Rolando Sánchez, obligó al equipo de prensa de Televisión Universitaria TVU Canal 21 a borrar las imágenes de la persecución policial y posterior captura de una adolescente que se encontraba trabajando en un lenocinio.

“Denunciamos que el referido fiscal intimidó y agredió a la periodista y su camarógrafo, los amenazó con secuestrar sus equipos de trabajo y procedió personalmente a revisar las imágenes del operativo hasta obligarlos a borrarlas”, dice el pronunciamiento.

La ANPB y la APP lamentaron las acciones de dicha autoridad, que vulneran las garantías constitucionales a la libertad de expresión y la libertad de prensa sin censura previa y, asimismo, el derecho de la ciudadanía a la comunicación y a la información.

“Dejamos establecido que las imágenes registradas por TVU durante el operativo  y censuradas por el fiscal, no captaban el rostro de la menor tal como establece el Código Niña, Niño y Adolescente en resguardo de la protección de la imagen y la confidencialidad que se debe guardar cuando se trata de una menor de edad”, dice la nota.

Ambas entidades expresaron su respaldo al trabajo de los periodistas de Televisión Universitaria TVU y denunciaron que las actitudes de algunas autoridades constituyen flagrantes vulneraciones a la libertad de expresión y de prensa y, fundamentalmente, al derecho de acceso a la información de la población.

“Nos ponemos en alerta ante conductas que intentan acallar a la prensa y exigimos el esclarecimiento de este tipo de hechos de obstrucción y vulneración al trabajo de la prensa en los que resulte involucrada cualquier autoridad de Estado durante el ejercicio de su función pública”, concluye el comunicado, fechado en Cobija.