Víctimas de Lora esperan llamado del Gobierno para saber cómo recuperarán su dinero o los departamentos

Después de la aprehensión de Harold Lora, gerente de Las Loritas, las víctimas de este empresario aguardan la convocatoria del Gobierno para saber de qué manera recuperarán el dinero que invirtieron u ocuparán los departamentos que compraron.

“Esperamos que autoridades de Gobierno nos convoquen inmediatamente a una reunión para que se pueda pedir a las autoridades de Gobierno que nos escuchen y podamos recibir respuestas de qué manera se va a realizar la devolución del dinero”, dijo Lionel Alfaro, representante del grupo de afectados.

Esta jornada las más de 125 familias afectadas se reunieron en una asamblea para analizar la situación y ver salidas al asunto ahora que Lora está aprehendido, hecho que, según dijo Alfaro, los tomó por sorpresa.

El representante señaló que no sabían que Lora iba a ser aprehendido, porque los afectados tenían acuerdos de garantías hipotecarías, compensaciones, reubicaciones y saneamientos legales, que estaban en curso.

“Somos respetuosos de la justicia, pero nos hubiera gustado coordinar previamente de tal forma de que nos garanticen el patrimonio que se ha invertido”, manifestó.

Indicó que las únicas salidas al problema son la devolución del dinero o la entrega de los departamentos, aunque “lo vemos más lejano con Lora detenido”, dijo Alfaro.

Ayer, Lora fue aprehendido por una denuncia de estafa; sin embargo, minutos después fue notificado con otro caso también de estafa, pero estaba vez con víctimas múltiples. Él fue conducido a las celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), donde aguardó la audiencia de medidas cautelares que se instaló la noche de esta jornada.

De acuerdo con el fiscal departamental de La Paz, William Alave, se pedirá su detención preventiva por seis meses, mientras se realizan las investigaciones.

No obstante, este miércoles, Lora debe enfrentar otra audiencia cautelar por la presunta comisión del delito de legitimación de ganancias ilícitas.

De acuerdo con el viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, quien hace seguimiento al caso, las personas afectadas superan las 400, y los montos que entregaron varían entre 21.000 dólares, 30,000 dólares hasta 50.000 dólares por un departamento.