"Los enterraron sin nombres"
Una diputada formaliza pedido de investigación por "racismo y trato cruel" a las víctimas t'simanes del desplome del puente Rapulo
La diputada de Comunidad Ciudadana (CC), Toribia Lero, solicitó a la Defensoría del Pueblo “conformar una comisión del alto nivel” para investigar “el racismo estructural indignante y el trato cruel” que sufrieron las ocho víctimas de la nación t’simane tras la caída del puente Rapulo, en la localidad beniana de Santa Ana del Yacuma, el pasado 5 de junio.
Lero presentó a la Asamblea Legislativa una minuta de comunicación fechada el 12 de junio, exigiendo la investigación, y pidió, a su vez, al defensor del pueblo, Pedro Callisaya, que indague la situación de las víctimas, que fueron enterradas en fosas comunes, “vulnerando sus derechos constitucionales”, y que la investigación “tenga por objeto el desagravio y un resarcimiento justo” por las instancias estatales responsables.
En su nota, la legisladora relata que en la tragedia murieron aplastados 8 miembros de una familia y dos jóvenes sobrevivieron, todos ellos de la comunidad Turindi perteneciente a la nación indígena t’simane.
“En presencia del fiscal, los funcionarios municipales procedieron a colocar los cuerpos de los 8 fallecidos en bolsas de plástico, que eran resabios destinados para víctimas de covid; posteriormente, los cuerpos fueron enterrados en fosas comunes de un cementerio que está ubicado fuera del anillo de protección del municipio”, dice parte del requerimiento.
“Ninguna autoridad se preocupó por preguntar de dónde eran, quienes eran, si tenían parientes o no, los enterraron sin nombres, peor que animales, además uno de ellos era el corregidor de la comunidad, por tanto, era una autoridad de Estado”, agrega.
La solicitud exige, además, que se investigue la situación y estado de salud en el que se encuentran los dos jóvenes sobrevivientes. También se pide investigar de oficio las causas y posibles omisiones que provocaron el desplome del puente Rapulo.
La diputada Toribia Lero es, además, de legisladora por Cochabamba, una activista por los derechos indígenas desde hace más de 30 años y forma parte del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qollasuyu.
En su nota, Lero sostiene que “la muerte de toda una familia, de una autoridad de Estado, su entierro con evidente trato de discriminación racista, es la muestra más fehaciente del racismo estructural en contra de la familia de una autoridad originaria. Siendo Bolivia signataria del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD), y habida cuenta de contar con normativa nacional al respecto, tanto el derrumbe del puente como del acto de discriminación racista debe ser investigado de manera integral, pronta y oportuna”.
Culmina afirmando que “el trato cruel y discriminante, no puede quedar en la impunidad, más aún sabiendo que las víctimas fatales son miembros de un pueblo indígena en situación de alta vulnerabilidad y en peligro de extinción”.
El desplome del puente Rapulo se produjo el pasado miércoles, cuando un camión de carga circulaba por el mismo. La obra, construida por el programa "Bolivia Cambia, Evo Cumple", unía los municipios de Santa Ana y Exaltación y era una importante vía de comunicación, sobre todo para el sector ganadero.