Reporte de la Procuraduría
Revuelta militar: Suman 24 imputados y amplían el proceso a cinco delitos
La Procuraduría General informó hoy que, en el caso abierto por la revuelta militar del 26 de junio, que inicialmente se abrió por terrorismo y alzamiento armado, se amplió por otros tres delitos y suman 24 los imputados, 23 de ellos militares y un civil, el supuesto ideólogo, el exasesor del Ministerio de Defensa, Aníbal Aguilar.
“La Procuraduría General del Estado (PGE) informa a la opinión pública que el estado actual del Proceso Penal con el CUD 201102012404959 y control cautelar del Juzgado Penal Anticorrupción Quinto del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz (…) se inició y amplió en su investigación por los delitos de alzamientos armados contra la seguridad y soberanía del Estado, terrorismo, atentados contra la seguridad del presidente y otros dignatarios de Estado, destrucción o deterioro de bienes del Estado y la riqueza nacional, uso Indebido de bienes y servicios públicos, tipificados en los artículos 121, 128, 133 y 223 del Código Penal y Articulo 26 de la Ley N° 004”, señala parte del comunicado emitido hoy por esa institución.
Además, el caso fue denominado “golpe de Estado III”, en relación a los otros dos casos abiertos en contra de la expresidenta Jeanine Añez; el gobernador electo de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho; comandantes de las Fuerzas Armadas, dirigentes cívicos y exministros, sobre los conflictos de 2019, cuando se denunció el fraude electoral.
En el caso del 26 de junio, la revuelta militar estuvo dirigida por el excomandante del Ejército, Juan José Zúñiga, quien junto a los jefes militares de la Fuerza Aérea Boliviana y la Armada, con tanquetas, pretendió tomar la plaza Murillo y el antiguo palacio de Gobierno.
Los primeros imputados fuero imputados por terrorismo y alzamiento armado, pero en la medida que avanzó la investigación, la Fiscalía determinó ampliar la investigación por otros tres delitos.
La versión de un golpe de Estado es rechazada por la oposición y la facción “evista” del Movimiento al Socialismo, debido a que Zúñiga declaró ante los medios de comunicación, antes de su aprehensión, que había actuado con la autorización del presidente Luis Arce y que se trató de un “autogolpe”.
Hoy, en una audiencia de apelación, la vocal de la Sala Penal Cuarta, Claudia Castro, determinó revocar la detención domiciliaria del exasesor del Ministerio de Defensa, señalado por el Gobierno como el ideólogo de la revuelta militar. La determinación se tomó debido a que no se cuenta con custodios policiales, como lo informó el Ministerio de Gobierno. La medida que también fue aplicada a otros 10 militares.