Venezuela despliega cerca de 390.000 policías y militares para resguardar las elecciones

EFE / Caracas

Más de 388.000 miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y de los distintos cuerpos de seguridad de Venezuela fueron desplegados este miércoles en los 335 municipios del país, para resguardar la seguridad durante las elecciones presidenciales previstas para este domingo.

En un acto televisado, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, ordenó el despliegue de los militares que, como indica la ley, resguardarán el orden en los centros de votación y protegerán el material usado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para los comicios, sin ninguna incidencia sobre la voluntad de los ciudadanos.

"El pueblo que va a salir a votar y va a conseguir paz y orden en las calles, en los centros (...) nosotros vamos a garantizar el orden a toda costa, la paz y desde ya llamo al pueblo de Venezuela para que se vaya alistando para vernos el 28 de julio", aseguró.

Subrayó que la institución militar tiene "claridad meridiana" sobre su rol en los comicios, en los que -adelantó- no se pronunciarán sobre la existencia o no de fraudes, un escenario que ha planteado repetidamente el chavismo, atribuyéndolo siempre a la principal coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD).

"Veo en televisoras y encuestas que ese supuesto fraude o no pudiese ser cohonestado por la Fuerza Armada o no. Eso no puede ser y no va a ser así, la FANB tiene sus funciones y sus tareas claramente definidas, no somos nosotros quienes vamos a decidir si esto es un fraude o no es un fraude supuesto", insistió.

Este domingo, el jefe de Estado, Nicolás Maduro, buscará una segunda reelección, para lo que deberá medirse ante otros nueve contendientes, entre ellos el candidato de la PUD, Edmundo González Urrutia.

Para el próximo domingo, 21,6 millones de venezolanos están llamados a votar y solo 69.211 podrán hacerlo en el exterior, lo que deja a una cantidad ingente de electores -según las estimaciones de la migración- sin la posibilidad de ejercer su derecho, pese a los miles de denuncias de afectados para actualizar sus datos ante embajadas y consulados en varios países, una labor que ha resultado infructuosa.