2024-08-01

Adelantamiento de elecciones

Desde la Teoría del “Contrato social” o del mandato jurídico, el pueblo mandante, en ejercicio de la soberanía directa (Art. 7 CPE) y legítima defensa, tiene derecho a volver a elegir cuanto antes, frente a tamaña deslegitimación.

Estamos en tiempos en que la multicrisis (alimenticia, socioeconómica, energética, judicial, política y cultural -de fin de ciclo-) que provocó el Arcismo -sin sigla/ni relato- se ha agravado por su negligencia y angurria prorroguista, por presión social de un pueblo empobrecido peor que en la pandemia, y por la ambición reeleccionista del Evismo residual.

A la fecha, Bolivia atraviesa escasez de dólares (multiplicidad de tipos de cambio paralelo al alza), múltiples restricciones, reducción de exportaciones, mentiras sobre el abastecimiento de combustibles e inflación exponencial en los precios de la canasta familiar. Mientras el riesgo país crece, el feble Bs. que ha sido sobre emitido se deprecia cada día y las Reservas Internacionales (que deberían respaldarlo) siguen agotándose. Lo que es motivo de convocatoria de diferentes sectores empobrecidos para que asuman medidas de presión.   

Sumado a este catastrófico escenario, el Arcismo persiste con sabotear el proceso de preselección judicial en manifiesto golpe al Legislativo. Siendo que desde el 31.12.23 los principales tribunales de justicia (ordinaria, constitucional y agraria) y el Consejo de la Magistratura han quedado en acefalía provocando la más grosera inseguridad jurídica de la historia boliviana, con nulidades sobrevinientes. Y lo peor, esas instituciones republicanas han sido usurpadas DE FACTO por particulares quienes no pueden ejercer jurisdicción ni competencia porque no cuentan con una Ley habilitante.      

Por otro lado, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) volvió a ampliar la fecha para que las organizaciones políticas renueven sus directivas hasta el 5 de septiembre de este año, en el fondo, por no tomar una decisión final sobre la situación electoral del “MAS-IPSP”. Que, si se actuara en Derecho, debería salomónicamente resolverse la cancelación de su personalidad jurídica por incumplimiento. Para que tanto los candidatos por ahora “Arcistas” como “Evistas” (sin Evo Morales que no puede por prohibición constituyente, convencional, constitucional y legal) compitan democráticamente con otras siglas.  

Asimismo, el TSE anunció que, por cuestiones de calendario electoral, las elecciones tendrían que celebrarse en agosto de 2025 considerando la segunda vuelta. Por lo que en julio pasado convocó a las organizaciones políticas con personalidad jurídica vigente, a personeros del Ejecutivo y del Legislativo al “Primer Encuentro Multipartidario Interinstitucional por la Democracia” que convino suspender las Primarias.

En ese contexto, en aras de evitar mayor escalda conflictual por irresolución, se deberían considerar adelantar democráticamente las elecciones. Como válvula de escape a la presión multisectorial, este democrático adelantamiento sería justificable en la medida en que el Gobierno de Arce ha agotado su legitimidad de ejercicio, por ignorancia macroeconómica y escándalos de narcotráfico y megacorrupción que involucran a clanes familiares. Además, al cogobernar con tribunales DE FACTO, militares autogolpistas y policías obsecuentes, ha traicionado su legitimidad de origen deslegitimándose por completo.

Desde la Teoría del “Contrato social” o del mandato jurídico, el pueblo mandante, en ejercicio de la soberanía directa (Art. 7 CPE) y legítima defensa, tiene derecho a volver a elegir cuanto antes, frente a tamaña deslegitimación. Ya que dejar pasar más tiempo significaría un elevado coste social más empobrecedor, luto, y peor daño económico a un Estado quebrado y sobre endeudado. 

Finalmente, este adelantamiento democrático no sería nuevo ya que existe el antecedente de que en diciembre de 2009, durante el pináculo político del masismo, se tuvieron que adelantar elecciones (acortando el mandato iniciado el 2006), para volver a votar por el Presidente, Vicepresidente del Estado, por diputados y senadores para el período constitucional 2010-2015. De hecho, sería la única alternativa democrática para evitar que el poder quede en manos de una junta militar o algo parecido.

*La opinión expresada en este artículo es de exclusiva responsabilidad del autor y no representa una posición oficial de Visión 360.

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