Investigación
Declaran 11 funcionarios por el caso de extorsión en la Cámara de Diputados
Dentro de la investigación por la denuncia de extorsión en la Cámara de Diputados, un informe policial revela que se tomó la declaración a 11 funcionarios, quienes negaron estar involucrados en el pedido de 74.400 bolivianos al representante de una empresa, pero al menos dos de ellos revelaron otras irregularidades en relación a nombramientos ilegales.
El informe del investigador policial de la División contra la Corrupción Pública, Eddy Choque, revela que hasta el 29 de julio, 11 funcionarios de la Cámara de Diputados comparecieron en calidad de testigos, en el caso denunciado por el representante de una empresa que presta servicios en el edificio nuevo de ese ente Legislativo.
Entre ellos están, el exjefe de Recursos Humanos (RRHH), Omar Mendoza y el Secretario General de la Cámara de Diputados, Manuel Córdova, quienes revelaron que el exjefe de la Unidad de Compras, único detenido por la extorsión, fue contratado pese a que no cumplía con los requisitos profesionales, “por recomendación del presidente” de esa instancia legislativa, Israel Huaytari, porque era su “soldado”.
Entre los funcionarios que también declararon, está personal del área jurídica, la Oficialía Mayor de la Cámara de Diputados, las unidades de Compras, Servicios y Protocolo. Todos aseguraron desconocer el acto de corrupción atribuido a Salazar.
El abogado de la víctima, Abel Loma, confirmó a Visión 360 que los datos figuran en el cuaderno de investigaciones, por el delito de concusión.
“No se conoce aún el resultado de la pericia informática que se debía realizar al celular del señor Álvaro Salazar (ex jefe de la Unidad de Compras, único detenido). Hay que recordar que esta pericia es un elemento importante, debido a que este señor, le aseguró a la víctima que el dinero que pretendía extorsionar, 74.400 bolivianos, fue solicitado por orden del Oficial Mayor y el presidente de la Cámara de Diputados (diputado Huaytari)”, manifestó.
Loma señaló que la información del celular podría revelar la participación de más personas en la extorsión, además otras posibles víctimas. Por otro lado, el jurista señaló que el fiscal del caso, Franklin Alborta, “aún no se pronunció sobre el pedido de la declaración del señor Huaytari”.
Salazar fue aprehendido el 11 de julio, en flagrancia, el momento en que pretendía extorsionar esa suma de dinero al representante de la empresa que da servicios en la Cámara de Diputados. Previa a esa aprehensión, la víctima logró grabar las conversaciones en las que el funcionario pedía el dinero a nombre de Huaytari y otro superior.
Esa fecha, la aprehensión fue ejecutada por el abogado Loma, quien denunció que, a sugerencia del director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Omar Zegada, la captura de la persona sindicada por el hecho de corrupción debía ser realizada por la misma víctima. Fue así que el abogado logró coordinar con el denunciante para detener al funcionario.