Elección de “jueces sin rostro” en México: rechazo y polémica mundial

La iniciativa de reforma judicial del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para elegir a más de 1.600 jueces y magistrados por voto popular, ha generado polémica mundial e incluso un impasse diplomático con Estados Unidos (EEUU), que se ha expresado en contra del proceso. Muchos analistas, además, consideran que es “inviable”.

El Gobierno de México propone modificar el artículo 95 de la Constitución para elegir a jueces por voto directo y secreto por un período de 12 años y no de 15 como es actualmente.

En caso de que la reforma se apruebe, en 2025 se llevará a cabo una elección extraordinaria para renovar a ministros, magistrados y jueces; quienes actualmente ocupan estos cargos podrán ser candidatos.

Esta semana, el mandatario mexicano llegó a poner “en pausa” la relación diplomática con su poderoso vecino, EEUU, luego de que el embajador en ese país, Ken Salazar, afirmara que la elección de los jueces por voto popular “pone en riesgo la democracia mexicana”, así como la relación comercial con Estados Unidos. Aseguró que este factor facilitaría la entrada del crimen organizado a México.

El prestigioso diario estadounidense The Washington Post dedicó un editorial a la reforma judicial que pretende ejecutar el gobierno de López Obrador. “Votar a los jueces federales es extremadamente raro en el mundo, precisamente porque debilita la independencia judicial (…). Sería una vergüenza si muere la independencia judicial en México”, publicó.

Recientemente, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) de ese país invitó a Eduardo Rodríguez Veltzé, expresidente de Bolivia, para que comparta la experiencia boliviana en la elección de altos magistrados por las urnas.

En las dos elecciones judiciales bolivianas para elegir a los magistrados predominó el voto nulo (42% en 2011 y 50% en 2017), además de las críticas por la presunta cercanía con el partido de Gobierno de quienes fueron postulados.

El periodista boliviano Rafael Archondo, quien radica en México, escribió que “Rodríguez Veltzé les dijo a los mexicanos que mediante la anulación masiva y el voto en blanco, los bolivianos expresaron claramente que aquella ‘no era una buena idea’”.

El exmandatario indicó que, además de ser ilegítimos por haber sido elegidos por márgenes mínimos de votos, esos magistrados “quebraron la poca confianza que se les hubiese podido tener”.  “Se desprestigiaron”, dijo Rodríguez, recordando la posición subordinada de los jueces electos con respecto al Poder Ejecutivo.

Rodríguez Veltzé afirmó que la legitimidad de origen es tan importante como la legitimidad de desempeño. “Nos desencantó, desencantó a la gente”, afirmó el exmandatario acerca de la reforma judicial boliviana.

“¿Cuál fue el costo para Bolivia?  Rodríguez Veltzé fue contundente. Hubo dos costos visibles del fracaso: la frustración de todos por no haber alcanzado una justicia imparcial y entre 20 o 30 millones de dólares en unas elecciones que solo sirvieron para canalizar la furia de los electores”, recordó Archondo.

En el mismo sentido, el portal mexicano Animal Político indicó que “Bolivia es un referente para la reforma que impulsa el presidente López Obrador; sin embargo, en las elecciones judiciales de aquel país el 53% de los votos fueron nulos; expertos señalan que la reforma en México es inviable debido al alto número de jueces, magistrados y ministros a elegir”.

Además, menciona que, de acuerdo con la publicación “Elecciones en Bolivia: ¿aprendimos la lección?”, de la Fundación para el Debido Proceso, “un 73% de los candidatos seleccionados por la Asamblea Legislativa habían ya ejercido cargos estatales durante el gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS)”.

Dentro  de México se han multiplicado las protestas y esta semana el Poder Judicial cumplió su séptimo día de paro contra la medida. El jurista Martín Reyes afirmó: “Los cargos judiciales, a diferencia de los de ejecutivos y legislativos, no son cargos representativos. Los jueces solo pueden prometer hacer cumplir las reglas del juego; es extraño pensar en lo que podrían promover las candidaturas a puestos judiciales”.

Mientras que López Obrador y su partido, Morena, aseguran que los cambios al sistema judicial buscan responder al reclamo del pueblo para tener una institución de “impartición de justicia austera, independiente y ajena a intereses privados”.

El Laboratorio de Impacto sobre el Estado de Derecho, de la Facultad de Derecho de Stanford, y la Barra Mexicana de Abogados advirtieron que las propuestas “constituyen una amenaza directa a la independencia judicial, violan estándares internacionales y socavan la democracia en México”, según un reporte de CNN.

En un informe publicado en mayo pasado, señalan que “muy pocos países del mundo eligen a jueces por votación popular”. “La experiencia confirma que las elecciones judiciales comprometen la independencia y la imparcialidad judicial”.

López Obrador ha defendido la reforma en distintas ocasiones. En junio afirmó, por ejemplo, que los únicos que se oponen a la ella son los “machuchones” –término con el que se refiere a personas poderosas–, quienes, según sus palabras, han beneficiado a presuntos delincuentes.

Y esta semana expresó:  “Me llama a mí la atención ¿por qué intervienen tanto en este asunto que corresponde a los mexicanos? No encuentro yo una explicación lógica, aunque a veces lo que no suena lógico suena metálico”.

“La democracia le permite a nuestro pueblo cambiar su forma de gobierno y la democracia tiene que ver con la participación del pueblo, que el pueblo elija, no las cúpulas del poder económico, o  político”, afirmó.

Punto de vista

“La reforma prevé el nombramiento de jueces anónimos”

Por: Nacho Montes de Oca, periodista y escritor

Para los que preguntan de qué se trata la reforma judicial en México que propone el partido Morena del presidente Andrés Manuel López Obrador, se trata de un proyecto en curso que será tratado desde septiembre.

Tiene 20 artículos y cuatro áreas de reformas. Como pretende modificar artículos de la Constitución, necesita de una mayoría absoluta y Morena aún no logra el número. Vamos a los puntos que generan más protestas y críticas.

El punto más debatido es la reforma del Art 95 de la Constitución, para pasar a un sistema de elección popular de 1.600 magistrados entre ministros de la Suprema Corte, consejeros del Consejo de la Judicatura Federal, magistrados del Tribunal Electoral Federal y jueces de distrito.

El único requisito que se pedirá serán el título de abogado y cinco a nueve años de ejercicio, de acuerdo al cargo. Además, reduce el número de jueces de la Corte Suprema de  11 a nueve. Allí radica una crítica fuerte al nuevo sistema.

Entre los que se oponen a las reformas, se plantea que el sistema partidario será el que  dé posibilidades de triunfo a los candidatos y que ello supone la politización de la justicia y su dominio por parte del partido mayoritario.

No es la única crítica que recibe, en zonas dominadas por el crimen organizado, los cargos de jueces distritales podrían ser digitados por grupos que controlen quienes se presentan o “sugerir” la ausencia de los competidores que no son útiles a sus fines. Hay otra figura en la reforma relacionada con este tema.

La reforma prevé el nombramiento de “jueces anónimos” para casos de narcotráfico y otras formas de crimen organizado.

En un entorno judicial politizado, aquellos magistrados podrían estar infiltrados por los que son juzgados y no ser sujetos al contralor de instituciones externas.

Ese contralor también se ve afectado por la reforma porque divide al Consejo de la Judicatura que controla a los jueces en dos áreas y al ser electas corre el mismo problema de la politización y la falta de independencia respecto al sistema partidario.

El resto son reformas técnicas como nuevas reglas procesales, reglas para la duración de los procesos y modificaciones de jurisdicciones.

Morena, con sus aliados del PT y el PVEM, tienen el 73% de los votos en diputados, 364 de 500 legisladores y desde el 1 de septiembre de tratará el proyecto, que ya logró dictamen de comisión.

El Poder Judicial en paro en México por la elección de jueces por voto

El paro nacional del Poder Judicial en México se extendió hasta esta semana, en medio de la polémica por la reforma que avanza en el Congreso por la elección de juzgadores por voto popular.

La base trabajadora del Poder Judicial extendió su protesta a la sede del Consejo de la Judicatura en la capital mexicana, donde cientos de trabajadores protestaron con pancartas y gritaron consignas, como “¡Si el pueblo se informa, no pasa la reforma!”.

“Estamos alzando la voz para que la gente sepa que lo que van a perder son sus derechos humanos, sus garantías individuales (…) Son sus principios rectores de libertad, de independencia, de libertad de trabajo”, dijo a EFE el vocero de los trabajadores del Poder Judicial en la Ciudad de México, José Fernando Miguez.

El martes, la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso avaló la propuesta de reforma judicial del partido gobernante Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), con la incorporación de último momento de la figura de “jueces sin rostro”.

En concreto, la iniciativa indica que “tratándose de delincuencia organizada, el órgano de administración judicial podrá disponer de las medidas necesarias para preservar la seguridad y resguardar la identidad de las personas juzgadoras, conforme al procedimiento que establezca la ley”.

Patricia Aguayo, secretaria en el décimo tribunal colegiado en materia de trabajo, advirtió a EFE que esta figura viola los derechos humanos fundamentales de los mexicanos, de “saber quién los va a juzgar, quién va a dictar una resolución a su favor o en su contra”.

“Desgraciadamente, el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y los diputados, como ya no saben qué hacer, porque saben que su reforma está mal elaborada y no va a resolver la problemática específica que tiene México en materia de justicia, andan viendo a ver qué le ponen, a ver qué le agregan, aunque para México no sea aplicable”, expuso Aguayo.

“La figura de los jueces sin rostro se inició en España cuando había graves problemas de terrorismo y que estaban matando en las calles a sus jueces y a sus magistrados. Y justo por eso inventaron esa figura de los jueces sin rostro, que en México no aplica”, reiteró.

Además, recordó que esto va en contra de tratados internacionales, especialmente del artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que garantiza a toda persona el derecho a ser escuchada por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial.

Miguez advirtió también de otras figuras en la iniciativa constitucional, como la “tómbola” o “insaculación” previa a la elección de jueces que propone la reforma, y lamentó que se equipare con la carrera judicial, para la que muchos trabajadores se preparan durante años.

“No es nuestro trabajo, es la gente la que pierde. Estamos definiendo a través de esta acción, los próximos 10 o 20 años, según los expertos, de México. En términos fiscales, económicos, sociales, culturales, políticos, es un retroceso a la sociedad increíble y eso es lo que la gente tiene que saber”, señaló Miguez. (EFE)