Activar la democracia directa se pone cuesta arriba para la gente

El presidente Luis Arce planteó, el 6 de agosto,  realizar un referendo y no pasó ni un mes para que la iniciativa fuera puesta en conocimiento del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y del propio Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). Sin embargo, para la ciudadanía, según la reciente experiencia de los Juristas Independientes, la “democracia directa” es un resorte difícil de activar, porque implica un gran despliegue y recursos.  

“El referendo es un mecanismo constitucional de democracia directa”, reza el artículo 12 de la Ley de Régimen Electoral.  

Esa norma establece que el referendo nacional se puede activar mediante la “iniciativa estatal”, a través de un decreto, en el caso del Presidente, o una ley por dos tercios en el caso de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP); también se puede activar mediante la “iniciativa popular”, en el caso de la ciudadanía, a través de las firmas y huellas dactilares del 20% del padrón nacional. 

En 2023, el denominado grupo Juristas Independientes, conformado por el exalcalde Juan Del Granado, Kathia Saucedo, José Antonio Rivera, entre otros, impulsó una iniciativa popular en busca de reformar el sistema judicial vía referendo. 

Para ello, el grupo debió pasar por todo un periplo, traducido en la recolección de firmas, gastos de viáticos y otras trabas de tipo económico, en un plazo de 90 días. La iniciativa no logró poner en marcha el referendo al no poder alcanzar las firmas requeridas, 1,5 millones. 

En cambio, como se ve en la norma, tramitar el referendo mediante la “iniciativa estatal” no requiere los mismos requisitos como sucede en el caso de la iniciativa ciudadana. Para Del Granado y Saucedo, impulsores del proceso  de 2023, hay una suerte de desbalance.

“Nosotros pasamos todo el período de elaboración de la reforma; pasamos el proceso de recolección de firmas, la impresión de libros, etc. Y el Gobierno, en 10 días, desde el anuncio del Presidente, ha llegado hasta el TCP. Entonces, hay un desbalance y no solo un desbalance, sino un tratamiento desigual en términos materiales, en relación al derecho que nos otorgan a nosotros como ciudadanos para la iniciativa popular y el ejercicio fáctico material del Presidente y su equipo ministerial para hacer exactamente lo mismo”, consideró Kathia Saucedo en entrevista con Visión 360.

Para impulsar un referendo desde la ciudadanía, se requiere un 20% de las firmas y huellas dactilares del padrón. Para 2023, esta cifra era un aproximado de 1,5 millones de firmas; la iniciativa logró aproximadamente 900 mil. Del Granado, optimista, señaló que si bien el esfuerzo no fue suficiente, abarcó a un gran conjunto del país, con miras a posicionar un cambio en la justicia en la agenda nacional.

“El esfuerzo nuestro logró cerca de 900 mil firmas, siendo un esfuerzo notable, notorio, que abarcó al conjunto del país y no fue suficiente. Y esto da cuenta de las enormes dificultades para ejercer la democracia directa, y mucho más a partir de lo que constituimos, un grupo de juristas independientes sin ningún tipo de organización gremial o partidaria”, indicó el jurista a este medio.

Costo económico y social

Los costos para la ciudadanía y los ataques desde distintos flancos también incidieron en el proceso de recolección de firmas. Según Saucedo, solicitar un referendo desde la ciudadanía implica costos elevados, que se traducen en la impresión de libros para las firmas, alquileres de mesas, sillas, entre otros. Indica que se requiere un “amplio patrimonio económico”.

“Tuvimos que poner libros que costaron 15 mil dólares. Los viajes nuestros corrían por cuenta propia. Solamente saque costos para alquiler de mesas, sillas, sombrillas y refrigerio para los voluntarios. El Estado nos reconoció un derecho político, de ejercer un mecanismo de democracia directa y participativa, como es la iniciativa popular, pero las trabas fueron de carácter económico, las que nos impedían seguir”, contó.

Del Granado confirmó que se movilizaron pocos recursos, pero que lo fundamental fue el voluntariado, la acción de la comunidad organizada y la participación ciudadana. “Esto es significativo: pocos recursos, voluntariado, acción de la comunidad organizada, expectativa y participación ciudadana fueron los componentes  que marcaron esas jornadas importantes”, manifestó el jurista y exalcalde.

En relación con los ataques, sostuvo que las arremetidas eran no solo a nivel institucional, sino también personal, a través del desprestigio a los impulsores, y también a los voluntarios que recolectaban firmas. En otros casos, los ataques “provenían desde el poder público”. 

“Entonces, el Estado no solo te ataca desde la perspectiva institucional, sino que lo hace aprovechando el poder público”, lamentó Saucedo. Del Granado sostuvo que los ataques fueron casos aislados. “Hemos tenido dificultades, las menos significativas fueron estas agresiones que ocurrieron y que, sin embargo, no prosperaron. Fueron hechos aislados”, remarcó.

Iniciativa estatal versus iniciativa popular 

Un referendo es una forma de democracia directa incluida en el sistema nacional. Está amparada en el numeral 1 del parágrafo II del artículo 11 de la Constitución Política del Estado (CPE), sección que avala la legalidad de otras formas de democracia como el cabildo, la iniciativa legislativa ciudadana, la revocatoria de mandato, la asamblea, entre otras, que poseen también un carácter deliberativo.

De igual forma, tal figura está contemplada en el artículo 12 de la Ley 026 del Régimen Electoral como un mecanismo por el cual los ciudadanos, a través del sufragio universal, “deciden sobre normas, políticas o asuntos de interés público”.

Para que un referendo sea convocado por iniciativa popular a nivel nacional, la petición debe contar con el apoyo en firmas y huellas dactilares “de por lo menos el 20% del padrón electoral nacional en el momento de la iniciativa”.

A ello se suma que el porcentaje “debe incluir al menos el 15% del padrón en cada departamento”, y todo ello sujeto a la verificación de cumplimiento a cargo del TSE.

Mientras que un referendo convocado por iniciativa estatal, ya sea por atribución presidencial o a través del Legislativo, depende del envío de una minuta o nota al TSE, y esperar a que dicha instancia se pronuncie. En el caso de la iniciativa ciudadana conlleva ocho pasos, de los cuales seis están sometidos a las determinaciones de los tribunales departamentales y del TSE.

En el caso de una reforma parcial de la CPE, el artículo 411 de dicho texto da tuición a que un cambio a la Carta Magna solo se puede dar mediante un referendo convocado por iniciativa ciudadana, o a través de una ley aprobada en la Asamblea Legislativa por dos tercios de los parlamentarios presentes en sesión, excluyendo la vía del decreto supremo.

Puntos de vista

Kathia Saucedo: “El Estado no da posibilidad de reforma”

En general, ejercer un derecho de este tipo es muy difícil para ciudadanos normales y corrientes. Necesitas un enorme apoyo económico y nosotros no teníamos eso.

Existe un desbalance completo, por todo lo que hemos pasado, es la primera vez que uno de nosotros va a hablar de esto y rememorar un poquito lo que sucedió: No fueron solo tres meses, sino nueve meses de trabajo, donde iniciamos la propuesta; nadie nos ponía un peso, fue un trabajo absolutamente voluntario y hubo muchos gastos que corrieron de parte de nosotros mismos y de parte de algunas personas que se animaron a hacer pequeñas donaciones.

El costo de los libros fue cercano a 15 mil dólares, la impresión de los libros, porque nosotros pedimos que nos permitan usar el biométrico, entonces teníamos que comprar los aparatitos y eso nos facilitaba un montón el sistema de inscripción de las partidas, pero el TSE lo negó, y nos dijo que eso estaba solo reservado para los partidos políticos; los ciudadanos no podíamos acceder al biométrico.

Pasamos el período de elaboración de la reforma, el proceso de recolección de firmas, la impresión de libros, etc. Y el Gobierno en 10 días, desde el anuncio del Presidente, ha llegado hasta el TCP.

Nosotros siempre sentimos que fuimos tratados de forma desigualitaria. Si bien la CPE nos reconoce un derecho constitucional, en términos institucionales y materiales, ese derecho fue absolutamente desconocido y lo único que recibimos fueron trabas y más trabas del Estado.

Si pregunta si es posible ejercer, en términos materiales y fácticos, el derecho de la iniciativa popular, yo le digo que no. Entonces, en realidad el derecho no es más que un reconocimiento formal, pero en la práctica, el Estado no te da las posibilidades de hacer uso de la reforma parcial de la Constitución.

Juan del Granado: “Un resorte ciudadano difícil de activar”

Es evidente que la democracia directa es un resorte ciudadano que no es fácil de activar, en la medida en la que sí se requieren niveles mínimos de organización y se requieren recursos de carácter humano y material. Pero la experiencia nuestra ha sido una señal de que es posible activar este tipo de iniciativas.

Un referendo, de acuerdo a nuestra Constitución, es un mecanismo de democracia directa, que se activa por la vía de la iniciativa ciudadana o por la gubernamental. La iniciativa ciudadana supone un esfuerzo muy grande; la norma, la CPE y la Ley 026 demandan el 20% del electorado, es decir, 1.500.000 firmas.

El esfuerzo nuestro logró cerca de 900 mil firmas, siendo un esfuerzo notable, notorio, que abarcó al conjunto del país y no fue suficiente. Y esto da cuenta de las enormes dificultades para ejercer la democracia directa, y mucho más a partir de lo que constituimos, un grupo de juristas independientes sin ningún tipo de organización gremial o partidaria.

Pero el esfuerzo fue importante porque no solo logramos posicionar en la agenda nacional la urgencia de la reforma, sino los contenidos de la misma que es algo significativo. La propuesta de los juristas abarcó tres temáticas que hoy tienen más actualidad: en primera, la elección de magistrados, de carácter político partidario, que queríamos modificar.

Tuvimos dificultades, las menos significativas fueron las agresiones, sin embargo  no prosperaron. Fueron hechos aislados, el acompañamiento ciudadano fue fundamental y el tema de la justicia, que no es un tema de preocupación cotidiana de la gran mayoría de los habitantes que no sean litigantes, logró escribirse de manera muy clara en la agenda nacional.

Si bien no tuvimos las firmas necesarias, el esfuerzo dio cuenta de que se puede activar el interés ciudadano.