Comunidades de Beni claman por ayuda para apagar incendios

Representantes de comunidades y territorios rurales de Beni llegaron a La Paz en busca de ayuda para que se pueda apagar los incendios que afectan sus tierras y que han provocado la quema de sus cultivos de castaña, asaí, copuazú, arboles maderables, yuca y otros cultivos y se deroguen normas que promueven los chaqueos. Identificaron a propietarios de terrenos privados, cazadores, pescadores y gente dedicada a la ganadería como autores de las quemas que se han descontrolado.

Gavino Álvarez Roca, ejecutivo de la Federación de Campesinos de la provincia Vaca Díez, indicó que en la región se han quemado unas cuatro mil hectáreas, donde había áreas reforestadas, con plantaciones de copuazú, majo, asaí, castaña, árboles maderables, entre otros.

“Se necesita agua y ayuda para controlar el fuego, los animales huyen a las poblaciones y la gente los está matando. En 2019 hubo incendios, pero se ha logrado combatir con tiempo, pero ahora el fuego se ha descontrolado y faltan recursos”, precisó.

Según Álvarez, quienes provocan los incendios son personas externas a las comunidades que ingresan a los territorios a cazar, a pescar, echan las colillas de los cigarrillos y provocan los incendios.

“También hay algunos ganaderos que, por quemar el pasto, expanden el fuego hasta que se descontrola. Las comunidades no hemos quemado un chaco sin autorización, no se puede quemar”, puntualizó.

El representante indicó que hasta el momento se cuenta con el reporte de 64 comunidades afectadas que han perdido cultivos de plátano, café, yuca, copuazú, áreas reforestadas y árboles maderables, como la mara.

Wilber Melgar, secretario ejecutivo de la Central Campesina Territorio Ivón en Beni, señaló que las comunidades claman por ayuda para controlar los incendios, pero temen que los efectos serán severos posteriormente.

Esto porque habrá crisis económica debido a que las familias han perdido su producción de castaña, la que ya no podrá ser aprovechada. También han sido afectados cultivos de majo, asaí, copuazú y otros productos.

“Son pescadores, cazadores que entran al monte, echan colillas de cigarro y el fuego se descontrola. Las comunidades tienen un plan de chaqueo aprobado por la ABT, pero las quemas están prohibidas hasta el 15 de octubre”, recalcó.

En una conferencia de prensa y en un comunicado, los representantes señalaron que la contaminación del aire ha alcanzado niveles críticos.

“La destrucción de nuestros bosques no solo amenaza y reduce irreversiblemente la biodiversidad, sino que también agrava el cambio climático, contribuyendo al aumento de temperaturas, sequías prolongadas y otros eventos climáticos extremos que afectan a todo el país”, indicaron.

Además, la pérdida de cultivos, propiedades y ganado genera significativas pérdidas materiales para las comunidades locales, afectando gravemente su economía y seguridad alimentaria.

Y aún más grave, los incendios han generado un impacto directo en la salud de la población, incrementando la incidencia de enfermedades respiratorias, especialmente entre los sectores más vulnerables, como los niños y los ancianos. Las familias afectadas por estas prácticas enfrentan un futuro incierto, mientras ven desaparecer sus fuentes de agua y sus cultivos devastados por el fuego.

Señalaron que se fomenta un modelo de producción extractivista que es insostenible, pero que es promovido y facilitado por leyes y políticas que permiten el chaqueo sin restricciones claras ni sanciones adecuadas. “Las autoridades nacionales y departamentales tienen una responsabilidad directa en esta crisis, ya que han fallado en regular y controlar estas prácticas destructivas”, aseguraron.

“Hacemos un llamado urgente a las autoridades para que asuman su responsabilidad en la protección de nuestros ecosistemas y el bienestar de las comunidades rurales afectadas. La promoción de prácticas agrícolas sostenibles debe ser una prioridad para asegurar el desarrollo del país sin destruir su riqueza natural y las fuentes de vida”, subraya el comunicado.

En respuesta a la devastación de los ecosistemas en Bolivia, las comunidades de Beni y otras regiones afectadas del país exigen también a las autoridades nacionales y departamentales la abrogación inmediata de las leyes y otras normas conexas que fomentan la práctica del chaqueo, una actividad que está causando la destrucción masiva de los bosques, la contaminación del aire y fuentes de agua, la migración de pueblos y comunidades, y la aceleración del cambio climático.

Normas como la Ley 741 y otras similares que promueven el uso del fuego para la expansión agrícola han facilitado estas prácticas destructivas. Es urgente que las autoridades asuman su responsabilidad y abroguen estas leyes que continúan dañando el medio ambiente y poniendo en peligro la salud y el bienestar de los bolivianos.

Exigencias de comunidades afectadas 

1. La declaratoria de desastre nacional.
2. Abrogación inmediata de las leyes y otras normas conexas que fomentan el chaqueo y las quemas en zonas rurales.
3. Implementación de políticas sostenibles que promuevan prácticas agrícolas sin uso de fuego y sean respetuosas del medio ambiente.
4. Acción inmediata y efectiva de las autoridades nacionales y departamentales para proteger los ecosistemas y las comunidades afectadas.
5. Compensación a las comunidades afectadas por la pérdida de sus recursos naturales y por los daños a su salud provocados por la contaminación del aire.

Establecimiento de responsabilidades jurídicas y reparadoras por la destrucción de ecosistemas y afectación a pueblos y comunidades