Defensor del Pueblo interpone acción popular contra ministros, alcaldes y gobernadores por incendios forestales

El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, interpuso ante el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz una acción popular contra de tres ministros de Estado, tres gobernadores y 12 alcaldes, por no haber atendido oportunamente los incendios forestales que actualmente proliferan en el país y que han causado una catástrofe ambiental.

“La Defensoría, junto al clamor de toda la población, entiende que no se han adoptado las medidas preventivas para evitar este desastre ambiental; en este momento no basta con sofocar los incendios, se deben tomar las medidas preventivas con seriedad”, expresó Callisaya tras presentar la acción legal.

Una acción popular, contemplada en la Constitución, procede contra todo acto u omisión de las autoridades o de personas individuales o colectivas que violen derechos e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y salubridad pública y el medio ambiente.

La medida se interpuso contra los ministros de Medio Ambiente y Agua, Alan Lisperguer; de Salud, María Renée Castro Cusicanqui; de Economía y Finanzas, Marcelo Montenegro y los gobernadores de Santa Cruz, Mario Aguilera; de Beni, José Alejandro Unzueta Shiriqui y de Pando, Regis Germán Richter Alencar.

Además, contra los alcaldes de los municipios de San Matías, San Ignacio de Velasco, San Rafael, San José de Chiquitos, Concepción, San Antonio de Lomerío, San Ramón, Puerto Suárez, Roboré, San Miguel, Ascensión de Guarayos, y Puerto Quijarro.

“Estamos pidiendo la declaración de cosas inconstitucional, porque además de que los derechos están siendo vulnerados en el oriente, también afecta la salud de los bolivianos y una serie de derechos que el Estado tiene que proteger oportunamente”, dijo el defensor.

Luego añadió: “Estamos quemando nuestra casa por la irresponsabilidad de aquellos que debieron adoptar las medidas necesarias para mitigar este desastre ambiental”.

En una nota de prensa, la Defensoría indicó que esta acción popular, “hace la exposición de una serie de datos sobre incendios forestales que incluye información desde el 2019 y muestra cómo a lo largo de estos años, los focos de calor se han ido incrementando, concluyendo que, la situación actual es altamente lesiva de derechos”

Detalló estos dos elementos como las causas principales del desastre:

1) La falta de prevención

2) La falta de previsión y reacción efectiva frente a una situación como la presente.

“Estamos en el terreno, viendo las limitaciones en la atención de la población; hay colapso en los hospitales de Santa Cruz; en la comunidad de Palestina (Concepción) hay 150 personas afectadas y hay más de 3 millones de hectáreas destruidas”, alertó Callisaya.