42 postulantes a Fiscal General ponen sus méritos en mesa para lograr 130 puntos

De acuerdo al cronograma de actividades de la Comisión Mixta de Justicia Plural de la Asamblea Legislativa, desde mañana inicia la evaluación de méritos de los 42 postulantes a Fiscal General, para luego de atender posibles impugnaciones, ingresar al examen oral y presentación de su plan de trabajo.

La nueva autoridad del Ministerio Público debe ser designada y posesionada en el cargo hasta el 23 de octubre, en reemplazo del saliente, Juan Lanchipa.

Esta es la octava de 14 actividades programadas por los miembros de la Comisión Mixta, quienes el sábado emitieron una lista de 42 postulantes habilitados, luego de la revisión de los requisitos solicitados.

La evaluación de méritos durará hasta el 3 de octubre, los siguientes dos días, los postulantes que resulten habilitados podrán presentar recursos de revisión. Posteriormente, la Comisión Mixta tendrá otros tres días para atender esas impugnaciones y finalmente, el 10 de octubre, se emitirá una lista con los postulantes habilitados para rendir los exámenes orales y exposición de sus planes de trabajo.

Recordemos que el proceso para elección de un nuevo Fiscal General, en la Asamblea Legislativa, se realiza en el marco de lo que establece la Ley transitoria 1579, e inició con la publicación de la convocatoria el 3 de septiembre. La “evaluación y calificación de méritos tendrá un valor de 200”, dividida en dos partes, señala esa norma.

De los 42 postulantes habilitados, 33 son mujeres y nueve varones.

Según el reglamento, una primera fase de la evaluación de méritos será sobre 120 puntos, en la cual se ponderará el ejercicio y la experiencia profesional, la formación académica y la producción intelectual. El ejercicio y experiencia profesional en el área de las Ciencias Penales, Derecho Constitucional y Derechos Humanos sumarán 60 puntos.

Otro aspecto a ponderar del postulante es si este imparte docencia o cátedra universitaria (ocho puntos); el ejercicio profesional tiene 30 puntos; la experiencia profesional específica: función judicial y/o fiscal; trabajos especializados en el área de las ciencias penales, derecho constitucional y humanos, 20 puntos.

También se considerará la experiencia “comprobada” como autoridad indígena, por medio de la cual pueden sumar otros dos puntos.

Asimismo, la formación académica de los postulantes tiene un valor de 50 puntos, ese aspecto, por un doctorado se otorgan 45 puntos y cinco adicionales por un segundo título de esa categoría.

Por otro lado, la maestría tendrá un valor de 30 puntos, cinco adicionales por un segundo título en esa categoría, “hasta un máximo de 35 puntos”; la especialidad se valora sobre 20 puntos, se otorgarán cinco puntos adicionales por cada especialidad “hasta un máximo de 25 puntos”, señala el reglamento.

En el caso de los diplomados, estos valdrán 15 puntos, y adicionalmente se otorgarán cinco puntos más otro similar, hasta un máximo de 20 unidades. La producción intelectual tendrá un valor de 10 puntos.

Examen oral y plan de trabajo

Respecto a la segunda etapa de examen oral y presentación del plan de trabajo, la normativa estipula que este será ponderado por un valor de hasta 80 puntos. Se la rendirá sobre 10 preguntas, cada una será calificada sobre siete unidades hasta sumar 70.

Para pasar a la etapa de designación, a cargo de la ALP, las y los postulantes deben obtener una nota igual o mayor a 130 puntos.