Se suma el apoyo
Conozca los 8 puntos y las propuestas del pliego petitorio de la marcha indígena en Santa Cruz
Más de 170 representantes y autoridades originarias de 20 comunidades de Alto y Bajo Paraguá cumplen hoy su octavo día de marcha hacia San Ignacio de Velasco, en Santa Cruz, con el fin de frenar el daño provocado por los asentamientos ilegales de los interculturales, menonitas y agroindustriales, para lo cual tienen un pliego petitorio de ocho puntos, con propuestas, para las autoridades de los tres niveles de gobierno.
“Asentamientos ilegales en el área Bajo Paraguá: Que las autoridades competentes procedan al desalojo inmediato de estos asentamientos ilegales, se investigue y castigue a los responsables conforme a la ley”, señala el primer punto del pliego petitorio de los indígenas.
La marcha inició el 14 de octubre desde San José de Campamento y se dirige hacia San Ignacio de Velasco, municipio capital de la provincia Velasco. El cacique de la comunidad San Simón, Lordy Suáreaz, espera que al llegar a su destino puedan ser atendidos por las autoridades del Ministerio de Medio Ambiente, la Gobernación y los alcaldes de las zonas comprometidas.
Sobre el tema, la diputada nacional, María René Álvarez, informó a Visión 360 que respalda la marcha y exige que las diferentes autoridades atiendan las demandas planteadas. La legisladora fue parte de una comisión que inspeccionó la zona y verificó la presencia de asentamientos ilegales por parte de los denominados interculturales, grupo afín al gobierno del MAS.
Pliego
El segundo punto en el pliego petitorio de los indígenas está referido a los incendios forestales, para lo cual los indígenas proponen: Abrogación de las leyes incendiarias; la reestructuración institucional y normativa de la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT), para que se constituya una verdadera entidad de protección de los bosques con la capacidad operativa de control; la abrogación del 100% de las multas impuestas por la ABT a las comunidades originarias de Alto Paraguá; que se realicen las auditorías ambientales, forestales u otras medidas que correspondan, para que no solo se sancionen los asentamientos ilegales, desmontes y la afectación a nuestros recursos hídricos, sino también se garantice la restauración del ecosistema y el resarcimiento de daños, en el área protegida municipal y todo Alto Paraguá.
En relación a las medidas posteriores a los incendios, en el tercer punto del pliego petitorio, “proponemos realizar un inventario superficial de los impactos ambientales en las siguientes áreas: Evaluación de cobertura vegetal; impacto en el suelo; alteración en los ciclos hídricos; impacto en la biodiversidad; afectación a la población (indígena); impacto en la economía local; riesgos y vulnerabilidad futura”, señala el documento y remarca, “no podemos planificar y gestionar lo que no medimos”.
La cuarta demanda de los indígenas se refiere a la sequía. En su propuesta mencionan la perforación de al menos un pozo de agua para el abastecimiento de las comunidades: San José de Campamento, San Ignacio del Colorado, Providencia, Santa Rosita de Lima y Tirarí. También solicitan la construcción de un atajado para cada una de las 12 comunidades de Alto Paraguá con retroexcavadora.
El pliego petitorio indígena, en su quinto punto, se refiere a la protección y conservación de los recursos hídricos en el Alto Paraguá. Para ello proponen: la aplicación de una ley hídrica; aprobación y promulgación de una ley para el río Paraguá y su reconocimiento a nivel nacional; considerar la propuesta de humedales del Alto Paraguá como “reserva de la biósfera”; reconocimiento por resolución ministerial a la cuenca del río Paraguá, como “cuenca de prioridad nacional”.
En relación a los incendios forestales que afectan la región desde hace cinco meses, los indígenas exigen en su pliego petitorio una pausa ambiental, pero con regulaciones para que las comunidades indígenas no se vean afectadas y se les autorice realizar chaqueos, que no les impida generar recursos económicos.
El séptimo punto del pliego petitorio se refiere a la “protección del territorio ancestral del Alto Paraguá”, para la cual solicitan que se le asigne la categoría de “territorio indígena originario campesino”.
Finalmente, el octavo punto de la demanda indígena se refiere a la declaratoria para proteger el área municipal de Bajo Paraguá, para lo cual proponen conformar una comisión multidisciplinaria de verificación en la zona de Santa Rosita de Lima; modificar el nombre a “Área protegida de Bajo y Alto Paraguá” y se reconozca a dicha comunidad guardiana del área, en la cual se deberá implementar un centro de control y monitoreo.