Elecciones Judiciales: Hay 13 procesados por falsificación de permisos de circulación vendidos a Bs 300

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) investiga a 13 personas, en relación al uso de permisos de circulación vehicular falsificados para el día de las Elecciones Judiciales. Entre los implicados estaría la dueña de una línea de radiotaxis y trabajadores de una imprenta.

“Ayer se ha procedido a la aprehensión de 13 personas y cinco arrestado en el departamento de La Paz, por uso de instrumento falsificado, falsedad material e ideológica”, informó hoy el director departamental de la Felcc, coronel Gabriel Neme.

Ayer, el comandante general de la Policía, general Augusto Russo, informó a Visión 360 que una de las primeras personas aprehendidas fue la dueña de una empresa de radiotaxis, y que luego de hacer un seguimiento de los indicios, se localizó a otras tres personas en poder de varias hojas con permisos de circulación vehicular.

Por su lado, Neme detalló que entre las personas investigadas están trabajadores de una imprenta, además que los permisos falsificados se comercializaban a 300 bolivianos cada uno. Los implicados fueron puestos ante la Fiscalía, quienes esperan la audiencia cautelar, para definir si son enviados a la cárcel o podrán defenderse en libertad.

De manera preliminar, se presumía que en el hecho delictivo estaban involucrado personal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), pero hasta el momento no se confirmó este hecho por parte de la Fiscalía.

Según un informe del director departamental de Tránsito, coronel Marco Céspedes, la madrugada del domingo se aprehendió a tres choferes portando estos documentos falsificados, vinculados con la mujer aprehendía día antes.

Recordemos que los permisos de circulación vehicular solo podían ser emitidos por los tribunales departamentales electorales. Dicho documento contaba con un código QR para que los funcionarios policiales verifiquen su autenticidad.

En el caso de los vehículos infractores, éstos fueron retenidos y la norma señalaba que los propietarios debían pagar la suma de 500 bolivianos a una cuenta del Órgano Electoral. Pero en el caso de la falsificación, el tema pasa a la jurisdicción del Ministerio Público, pues se investiga la creación del documento falsificado, su comercialización y el uso del mismo para burlar restricciones electorales.