Advierten sobre un mayor endeudamiento, confiscación y venta de reservas de oro, si se aprueba PGE 2025 sin debate

Legisladores de la oposición advierten un elevado endeudamiento, concentración de recursos en pocos ministerios, confiscación de alimentos, venta de las reservas de oro y mayor crisis económica, si es que se aprueba sin debate, en el Órgano Legislativo, el proyecto de Presupuesto General del Estado (PGE) 2025.

Durante una sesión de Asamblea Legislativa, se determinó iniciar el receso legislativo desde el miércoles 18 de diciembre y sin que se hubiese tratado en detalle el PGE 2025, que solo fue aprobado en grande en la Comisión de Planificación y Economía Plural.

El diputado de CC y miembro de esa Comisión, José Luis Porcel, observó que el PGE 2025, proyecta un endeudamiento de más de ocho mil millones de dólares, que superan en 70% los créditos aprobados por la Asamblea Legislativa en los últimos cuatro años.

Detalló que, entre el financiamiento externo que se piensa contratar desde el Gobierno, se encuentran: créditos multilaterales por 3.388 millones de dólares, emisiones de bonos soberanos por tres mil millones de dólares, acceso a financiamiento por 1.000 millones de dólares, línea de crédito por 400 millones de dólares.

“Todo supera los ocho mil millones de dólares de deuda, comparado con lo que se aprobó en la Asamblea Legislativa en estos últimos cuatro años, es un 70% superior”, advirtió Porcel.

El legislador también que corre el riesgo de aprobarse sin debate y objeción una de las disposiciones del PGE 2025 que pignora o pone en garantía las últimas 22 toneladas de oro que quedan como reserva en el Banco Central de Bolivia (BCB).

El otro punto que se observa, dijo, es la disposición adicional séptima del proyecto de PGE, que permite la “confiscación y/o decomiso de productos a los actores de la comercialización de alimentos, que almacenen o retengan y pretendan encarecer los precios de los mismos”.

De acuerdo con Porcel este artículo termina por desalentar la iniciativa privada, genera mayor inseguridad jurídica y alertó que, de mantenerse esa disposición, las filas para conseguir arroz, aceite, azúcar y otros alimentos, se volverán recurrentes.

Añadió que otra de las observaciones es la alta concentración de recursos en el Órgano Ejecutivo, que en 2021 tenía un presupuesto de 13 mil millones de bolivianos y para 2025 se proyecta una asignación de 25 mil millones de bolivianos. “De este monto, tres ministerios, el de Defensa, Presidencia y Gobierno, concentran el 48%. Además, sólo Presidencia, manejará 2.452 millones de bolivianos, recursos con el que se pueden generar 80 mil fuentes de empleo con un salario mínimo nacional, cómo no va a ser ofensivo eso”, cuestionó Porcel.

La senadora Centa Rek y las diputadas María René Álvarez, Haidy Muñoz y Verónica Aguilera, de la alianza política Creemos, señalaron que el PGE 2025 pone en evidencia la gravedad de la situación económica en Bolivia.

Sostienen que lejos de ser una herramienta técnica que responda a las necesidades reales de la población, refleja un intento deliberado del Órgano Ejecutivo por encubrir la crisis económica estructural que atraviesa el país, mientras profundiza prácticas inconstitucionales y centralistas que atentan contra los principios democráticos y la sostenibilidad fiscal.

Rek calificó como inadmisible que el gobierno de Luis Arce pretenda controlar cada grano sembrado y su cosecha, cada litro de leche y cada huevo producidos para perseguir y penalizar al productor.

Con esto se busca destruir a los agropecuarios, obligarnos a importar alimentos y generar una crisis alimentaria sin precedentes”.

Cuestionó el artículo adicional séptimo, en su parágrafo segundo, busca establecer que “todo actor de la cadena productiva de alimentos esenciales debe declarar información de producción transformación y comercialización misma que tendrá calidad de declaración jurada”; calificando como inadmisible a esta intentona gubernamental que busca controlar las cadenas productivas de alimentos esenciales, desde su siembra, cosecha, hasta su distribución.

También criticó el gasto de 56 millones de bolivianos que se destina para el funcionamiento y mantenimiento del avión presidencial y el incremento del gasto público, como el uso de las reservas de oro como garantía de financiamiento y la emisión de bonos soberanos.

En una carta dirigida a la presidencia de la Cámara de Diputados, las legisladoras proponen formar una comisión multipartidaria que analice en detalle las inconsistencias del PGE 2025 y se propongan modificaciones que fortalezcan las áreas de salud, educación y empleo; exigir al Ejecutivo explicaciones detalladas sobre el uso de la deuda pública y evitar mecanismos de control; garantizar que las gobernaciones y los municipios reciban una asignación justa y promover el diálogo con sectores empresariales, gremiales y sociales.

El 8 de diciembre la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, recordó que si la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) no aprueba el Presupuesto General del Estado (PGE), éste entra en vigencia automáticamente el 1 de enero.

"La normativa ordena que nuestro país no puede quedarse sin presupuesto, por lo que si no se aprueba (el PGE por la ALP) entra en vigencia el 1 de enero (de 2025) por fuerza de ley", indicó la autoridad en una conferencia de prensa.

Respecto al retraso en la Asamblea, Prada denunció que hay "una guerra económica" contra el gobierno de Luis Arce. Según la Ministra, esto responde a "intereses de algunas personas por llegar al poder".

Las variables macro del PGE 2025

El Ministerio de Economía presentó a la Asamblea Legislativa el proyecto de Ley del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025, que proyecta un crecimiento económico de 3,51%, un déficit fiscal de 9,2% del PIB y una tasa de inflación de 7,5% para el próximo año. Con el mismo se garantiza la subvención a hidrocarburos y alimentos.

El presupuesto consolidado del Estado ascenderá a 296.565.879.631 bolivianos (296.565 millones) considerando los resultados y perspectivas macroeconómicas para la economía nacional, lineamientos generales para la formulación del presupuesto. Esto representa un incremento del 11,7% respecto al PGE 2024.

El presupuesto agregado considera un importe de 369.340.694.521 (369.340 millones). Esto representa un incremento del 8,5% respecto al PGE 2024. Se estima que el tipo de cambio podrá variar 10 puntos hacia arriba o abajo.

El presupuesto para la Inversión Pública en 2025 será de 4.024 millones de dólares y se destinará principalmente a aquellos sectores estratégicos generadores de excedentes en materia de hidrocarburos, electricidad y minería. También contempla infraestructura vial, mantenimiento de carreteras, comunicaciones, promoción de la industria e inyección de capital en empresas públicas.

Para la subvención a los carburantes, insumos y aditivos, el PGE 2025 asigna la suma de 15.156 millones de bolivianos, y para la subvención a los alimentos, un total de 750 millones de bolivianos (trigo, 383 millones; maíz 268 y arroz, 99 millones de bolivianos).