Temas jurídicos y administrativos demoran la reconstrucción de Bajo Llojeta, según el Gobierno

El Gobierno informó que asuntos jurídicos entre la Alcaldía de La Paz y la inmobiliaria Kantutani, además de temas administrativos que son de entera responsabilidad del Gobierno Municipal, demoran la ejecución del plan de reconstrucción de Bajo Llojeta, que el 23 de noviembre fue afectada por una mazamorra. 

El viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes, explicó que mientras existan procesos administrativos y penales sin resolución entre la Alcaldía y la empresa “será complejo entrar con la reconstrucción” en la zona.

Según la autoridad, se conoce que el 95% de las familias que viven en esa zona fueron estafadas por un loteador, por lo que ese aspecto debe investigarse. “Se debe tener el orden para iniciar los trabajos de reconstrucción”, indicó.

El titular de Obras Públicas, Édgar Montaño, señaló que se solicitó una serie de documentos al alcalde Iván Arias, tales como el número de las familias afectadas, la lista de los damnificados, catastro, una certificación que establezca si la zona es de riesgo o no y una ley de declaratoria de desastre, pero apenas entregó el último documento.

“Pedimos al alcalde que cumpla porque estos recursos económicos son gratuitos, pedimos ya desde noviembre, diciembre y enero, casi tres meses y no vimos nada, solo al alcalde decir palabras vacías, pero en síntesis no hay nada en avances para construcción de viviendas”, indicó Montaño.

Recalcó que es necesario determinar incluso si la reconstrucción se llevará a cabo en la misma zona afectada o en otra, y que, en caso de ser así, debe existir el consentimiento de las familias afectadas. Caso contrario, si no están de acuerdo, se corre el riesgo de que las viviendas queden vacías, lo cual no es el objetivo.

A raíz de la mazamorra que afectó a la zona, donde una niña falleció, se inició una investigación de oficio por parte de la Fiscalía, y hasta la fecha solo el alcalde de Achocalla, Manuel Condori, se encuentra con detención preventiva, mientras que otros funcionarios y empleados de la inmobiliaria son investigados.

Calvimontes manifestó que para este año se dispone de Bs 40 millones para la ejecución del Plan de Emergencias y un adicional de Bs 20 millones para fortalecer la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas (FFAA).