Van dos ministros de Medio Ambiente alejados por denuncias de presunta corrupción

Van dos ministros de Medio Ambiente en la gestión del gobierno de Luis Arce que dejan el cargo acorralados por denuncias de presunta corrupción, el primero fue Santos Cruz que renunció en mayo de 2023 y este miércoles fue destituido Humberto Alan Lisperguer Rosales.

Esa cartera de Estado tiene como tareas formular e implementar políticas generales, planes, normas, programas y proyectos para el aprovechamiento sustentable de la biodiversidad, el uso sostenible de los recursos naturales, protección y conservación del medio ambiente, y recursos hídricos articulados con los procesos productivos y el desarrollo social y tecnológico.

Fomentar la gestión y custodia de los recursos de vida silvestre de los pueblos y comunidades indígenas, en coordinación con los mismos. Formular y ejecutar políticas y normas para la protección y preservación de la vida silvestre, reglamentar la caza y comercialización de productos y sus derivados, entre otras tareas y funciones.

Este martes, el presidente Luis Arce, anunció en sus redes sociales: “luego de haberse hecho pública la admisión de una denuncia contra el Ministro de Medio Ambiente y Agua por presunto enriquecimiento ilícito, he dispuesto su destitución inmediata para que asuma defensa en las instancias que corresponda.

Agregó que confía en  que la justicia investigará los hechos y pormenores del caso para dar su veredicto. “Nuestro Gobierno, en cumplimiento al mandato del pueblo, no tolerará ningún indicio o acto de corrupción”, recalcó. La ex autoridad había asumido el cargo el 4 de marzo de 2024.

El Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, a través del Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, informó  que se concluyó una minuciosa investigación a depósitos sospechosos, movimientos irregulares, falsedad de información e incremento desproporcional de bienes del ahora exministro de Medio Ambiente y Agua (MMAyA), Alan Lisperguer y de un funcionario jerárquico de esa  cartera de Estado, el director jurídico.

Se identificaron indicios de enriquecimiento ilícito y falsedad en la declaración jurada de los dos servidores públicos, por lo que en estricto apego a las leyes 004 y 974 y cumpliendo el mandato y obligación de actuar, se formalizó la respectiva denuncia al Ministerio Público para la confirmación o descargo de los hallazgos de responsabilidad identificados.

Juan Santos Cruz 

En la gestión 2023, desde el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, bajo el mandato de “Cero tolerancia a la corrupción” también se denunció al exministro de Medio Ambiente y Agua, Juan Santos Cruz por evidentes actos de corrupción en procesos de adjudicación de obras y otros hechos irregulares, quien al momento se encuentra privado de libertad y a resultas del juicio penal instaurado en su contra.

El 12 de mayo de 2023, esa ex autoridad  presentó su renuncia irrevocable al cargo y el presidente Luis Arce dio curso a la misma, luego de ser involucrado en hechos de corrupción dentro del denominado caso coimas.

Un análisis financiero realizado por el Viceministerio de Transparencia reveló que una funcionaria, Rosa Viviana B., y un sobrino del ministro de Medio Ambiente y Agua, adquirieron un total de 11 inmuebles en Tarija y Pando, y movieron al menos 2,7 millones de bolivianos en tres años, todo con dinero de presuntas coimas que favorecieron al titular de esa cartera de Estado. La mayor parte de las transacciones se hicieron en efectivo en la gestión 2021.

Rosa Viviana B. y el sobrino de Santos fueron aprehendidos y acusados por legitimación de ganancias ilícitas y enriquecimiento ilícito.

El 30 de octubre de 2024, la Fiscalía presentó la acusación formal contra el exministro de Medio Ambiente y Agua Juan Santos Cruz, el exviceministro Carmelo Valda y otras personas implicadas en el caso denominado “coimas millonarias”.

Según la investigación, el exministro y su círculo de confianza realizaron movimientos económicos millonarios para adquirir decenas de bienes inmuebles y vehículos. Las presuntas compras se realizaron, según la denuncia, con recursos económicos generados por el cobro de coimas a empresas que se adjudicaron obras.

Entre los elementos cobrados está la transferencia bancaria de 297.435 bolivianos realizada por la exautoridad a su sobrino, quien también transfirió 98.557 bolivianos a favor de Rosa V. y otros.

En la lista de acusados, además de Santos y Valda, están los exfuncionarios Álvaro CA, Johnny ASS y Rosa VB, identificados como presuntos testaferros del exministro.

Observaciones al Ministerio de Medio Ambiente

Este año, antes de que finalice la gestión 2024, cuatro directores y jefes de áreas protegidas y reservas naturales, fueron despedidos por el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap). No se aclara las razones, pero se denunciaron presiones desde el Ministerio de Medio Ambiente dirigido por el ahora destituido Humberto Alan Lisperguer Rosales.

Fueron alejados Marcos Uzquiano, guardaparque, jefe de Protección de la Estación Biológica del Beni y presidente de la Asociación Boliviana de Guardaparques; Guido García Carballo, director del Área Natural de Manejo Integrado (ANMI) Kaa Iya del Gran Chaco; Aníbal Alfaro, director de la Reserva de Sama y Gonzalo Gutiérrez, director del Parque Nacional Sajama.

Uzquiano señaló que para su alejamiento hubo muchas presiones porque desde la Asociación de Guardaparques se ha estado denunciando actividades de minería ilegal, la cacería de jaguares en el área protegida de San Matías.

Añadió  que el año pasado con motivo de las denuncias que se realizó por los incendios forestales, recibió una llamada del director de Planificación del Sernap haciendo notar que desde el Ministerio de Medio Ambiente habían exigido su destitución porque se estaba extralimitando en las funciones.

Recordó que su persona solo cumplió su labor al denunciar la apertura ilegal de caminos en San Matías para la actividad minera, la presencia de dragas para extraer oro en el Madre de Dios, entre otras actividades ilegales.

El 2 de octubre del año pasado, Las legisladoras de Comunidad Ciudadana (CC) Andrea Barrientos y Gabriela Ferrel pidieron la renuncia del ministro Lisperguer, por prometer a interculturales reducir sanciones por incendios y aplicar una pausa ambiental regionalizada en favor de ese sector.