“El Órgano Electoral no desconoce ni reconoce el mandato” de los autoprorrogados, dice el vicepresidente del TSE

Ante las críticas que surgieron tras la reunión que sostuvieron los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) con los magistrados “autoprorrogados” y nuevos del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), el vicepresidente del TSE, Francisco Vargas, afirmó que “el Órgano Electoral no avala, no desconoce ni reconoce el mandato” de los magistrados que continúan ejerciendo funciones de manera ilegítima.

El vocal expresó a la red Unitel: “No ha habido ni ha existido un pronunciamiento a favor o en contra, respecto a este tema”; y añadió que “se trató de una reunión institucional con el TCP, donde también participaron los magistrados que fueron electos el pasado 15 de diciembre”.

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La reacción surge luego de que algunos legisladores “evistas” y de oposición consideraron que el encuentro fue una forma de avalar a los cuestionados magistrados, cuyo mandato legal feneció en diciembre de 2023 y que se extendió por un fallo del TCP.

Vargas explicó que la reunión fue propiciada por el presidente del TSE, Oscar Hassenteufel, “a objeto de intercambiar criterios y, ante todo, hacer una explicación técnica a todos los miembros del TCP sobre las actividades de este ciclo electoral”, el de las elecciones presidenciales programadas para agosto.

El vocal indicó que el 8 de agosto “marca todos los plazos hacia atrás, toda vez que es la fecha en la que se debería estar entregando las credenciales a las nuevas autoridades del Órgano Ejecutivo y Legislativo”.

Hassenteufel anticipó que los comicios estaban previstos para el 10 de agosto, aunque Vargas remarcó que la fecha oficial será definida por la Sala Plena del TSE.

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Vargas explicó que el objetivo de la reunión con los magistrados es garantizar las elecciones presidenciales en su integridad para que no afronte problemas como los comicios judiciales, que se desarrollaron de manera parcial.

Según su versión, los vocales presentes en la reunión explicaron a los magistrados “los riesgos que conllevarían el poder modificar o conocer decisiones que puedan afectar el normal desarrollo del proceso electoral”.

“Hemos pedido también respeto a las funciones y atribuciones propias del TSE y ante todo hemos pedido que exista un pronunciamiento en el que se ratifique el principio de preclusión”, subrayó.