Federación Túpac Katari de La Paz pone cinco condiciones para dialogar con el Gobierno y exige respuesta en 24 horas

Después de que la Central Obrera Boliviana (COB) decidió conminar al Gobierno a la pacificación del país, la Federación Departamental de Campesinos de La Paz Túpac Katari emitió un documento en el que pone cinco condiciones para el diálogo y otorga un plazo de 24 horas para recibir una respuesta.

A 46 días del bloqueo de carreteras, el departamento de La Paz fue uno de los más afectados debido al corte de vías al tránsito vehicular, que dejó a cientos de conductores del transporte pesado atrapados en las carreteras.

A consecuencia de esa medida de presión, tres choferes perdieron la vida mientras permanecían en las carreteras sin comida, agua y medicamentos, y otras ocho personas no pudieron pasar por los puntos de bloqueo cuando eran trasladadas en ambulancias y vehículos, debido a la negativa de los bloqueadores de darles paso.

Este martes, la organización sindical que agrupa a los campesinos de las 20 provincias emitió un documento en el que pone cinco condiciones para dialogar con el Gobierno del presidente Rodrigo Paz, cuando se registra la reducción de los puntos de bloqueo, que permiten el tránsito normal por la carretera Oruro-La Paz. Algo similar se reporta en la ciudad de El Alto, cuya población también resultó afectada por las protestas.

En el documento menciona que, además de esa organización sindical, otras como los transportistas, la Federación de Juntas Vecinales, los distritos de la ciudad de El Alto, sectores autoconvocados y otros provenientes de Oruro y Potosí condicionan un posible acercamiento y la búsqueda de una solución a la crisis.

Entre los puntos se mencionan: soluciones a la “gasolina basura” y revisión del combustible; piden un alivio económico por seis meses, la abrogación de los decretos considerados inconstitucionales, un decreto de amnistía presidencial y la abrogación de la Ley 1740, que regulariza los estados de excepción.

Sobre el primer punto, las organizaciones sociales exigen la creación inmediata de una comisión de revisión del combustible “para verificar la calidad del carburante antes de su ingreso y distribución en el país”. También plantean la anulación de contratos si se confirma que el combustible importado no cumple estándares de calidad y piden resarcimiento inmediato por daños en vehículos y maquinaria.

Como segundo punto, solicitan la regulación temporal de obligaciones financieras por seis meses, con congelamiento de intereses, cargos por mora, multas e “intereses penatorios” sobre créditos vigentes para transportistas, gremiales, artesanos, productores, emprendedores y otros sectores afectados.

En el tercer punto del documento, plantean la abrogación de los decretos supremos que consideran inconstitucionales y que afectan al sector popular. Entre ellos, mencionan los referidos al medioambiente, las empresas públicas y los recursos naturales.

También observan algunos decretos referidos a la actividad minera, la importación y comercialización de combustibles por privados y decretos que concentran poder en el Órgano Ejecutivo.

Plantean la aprobación de un decreto de amnistía presidencial y restitución de garantías, con el propósito de “frenar la persecución política, judicial y económica contra dirigentes, detenidos, aprehendidos y cautelados durante los conflictos”. También piden la devolución de garantías económicas y resarcimiento integral para las familias de heridos y fallecidos.

La última condición se refiere a la abrogación de la Ley 1740, porque consideran que atenta contra la vida del pueblo boliviano y permite el despliegue de militares en tareas de control interno. También piden investigar y desarticular “grupos de choque paraestatales” que habrían actuado durante las movilizaciones.

Advierten que el Gobierno tiene un plazo de 24 horas para responder a las cinco condiciones planteadas y sostienen que el documento busca abrir un posible acercamiento con el Gobierno para encaminar una salida a la crisis.