Informe 2024
El 60% de las mujeres privadas de libertad están procesadas por narcotráfico
De acuerdo a los datos de Régimen Penitenciario, el 60% de las mujeres privadas de libertad están procesadas por delitos sancionados por la Ley 1008 de Control de Sustancias Controladas. Para la Defensoría del Pueblo, el Gobierno no cuenta con una política criminal adecuada que solucione el tema de fondo, el narcotráfico.
En su informe de gestión, el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, mencionó que durante 2024 fueron aprehendidas 3.356 personas sindicadas por narcotráfico. Al mismo tiempo, se conoce que en esa gestión se lograron 1.458 sentencias.
En ese contexto, el director de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, mencionó que en la gestión 2024 se contabilizó, en las 46 cárceles de Bolivia, a 32.035 personas privadas de libertad, lo que representa un 105% de hacinamiento carcelario. De ese total, 2.218 son mujeres y representan el 6,80% de la población carcelaria total.
Sobre el tema de narcotráfico, se conoce que, por ejemplo, en 2023, en el penal de San Pedro de Oruro, el 62% de la población penitenciaria femenina está procesada por delitos vinculados a tráfico de drogas. Esto quiere decir que, del total, 214 mujeres, 133 fueron encarceladas por este tipo penal.
Similar panorama se tiene en Chuquisaca, en el penal de San Roque, de las 54 mujeres detenidas 22 están sindicadas por tráfico de sustancias controladas.
En Tarija (con cuatro cárceles: Morros Blancos, Bermejo, Yacuiba, Villa Montes), de 93 privadas de libertad, 34 están imputadas por narcotráfico.
Para el jefe del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT) de la Defensoría del Pueblo, Juan Ledezma, la deficiencia en la infraestructura carcelaria y el hacinamiento son producto de la falta de una política criminal clara. Mencionó que en el caso de las mujeres, la detención preventiva se agrava debido a la carga social que conlleva, al ser ella responsables de sus familias y muchas veces se trata de madres.
En esa línea, recomendó que, de acuerdo a lineamientos dictados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Estado debe implementar políticas carcelarias más claras y evitar el uso desmedido de la detención preventiva.