Gobernación contradice sus informes, dice que la planta procesadora de pescados fue un fracaso y está cerrada

Dos secretarios departamentales de Gobernación de La Paz contradijeron sus informes escritos, sobre la implementación de una “planta procesadora de pescado (trucha)”, Jinchaca, en el lago Titicaca, cuyo funcionamiento fue cuestionado por que se gastaron cinco millones de bolivianos, en cinco años. En ese tiempo, de acuerdo a los datos de la Gobernación, solo produjeron 960 enlatados a un costo de 5.208 bolivianos, cada uno.

La “planta” tiene destinado un presupuesto para su funcionamiento, hasta el 2026, pero ayer, sin presentar documentos de respaldo, la Gobernación informó que ahora la planta está en proceso de cierre.

“No es una planta, es sólo un galpón", "quizá no se ha aclarado bien”, “hay un error ahí en la sumatoria (de la producción)”, “por eso mismo no se lo ha vuelto a contratar al auditor, porque tenía errores (la auditoria)”, fueron algunas de las excusas que dio ayer, el secretario de Desarrollo Económico y Transformación Industrial del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, Celso Anaya

El funcionario compareció en una petición de informe oral Comisión de Desarrollo Productivo de la Asamblea Legislativa Departamental de La Paz, a la que fue convocado juntamente con el director del Servicio Departamental Agropecuario (Sedag), Hugo Aduviri, debido a que los informes escritos que presentaron anteriormente eran confusos e imprecisos.

De acuerdo a la denuncia del asambleísta departamental de La Paz, Israel Alanoca, de la bancada de Somos Pueblo, en un informe escrito que brindó la Gobernación de La Paz, desde 2020 se invirtieron cinco millones de bolivianos para la implementación del “Programa integral de transformación y comercialización piscícola en la planta departamental de Jinchaca” y el “Programa de fortalecimiento a la planta de procesamiento de trucha del Lago Titicaca en la estación experimental de Jinchaca”, ambos datan de la gestión del exgobernador Félix Patzi.

Contradicciones de fondo

En dichos informes escritos, tanto Anaya como Aduviri remitieron datos inexactos, que no correspondían a la realidad, según Alanoca, quien explicó que la comisión legislativa ya realizó una inspección a la “planta procesadora”, en la que no había personal y todos los equipos estaban abandonados, oxidados y empolvados.

Los informes de la Gobernación mencionaban, inicialmente, que aún se tiene presupuesto para el funcionamiento de la planta de Jinchaca, hasta 2026. Sin embargo, ayer Anaya y Aduviri cambiaron de versión, y sin presentar ningún documento de respaldo afirmaron que la planta ahora está en proceso de cierre.

Alanoca mencionó que incluso hay contradicciones entre Anaya y Aduviri, debido a que el primero aseguró que la “planta procesadora no era tal”, sino que solo se trataba de un galpón y que además no se podía hacer refacciones, porque el terreno le pertenecía a la Autoridad Binacional Autónoma del Sistema Hídrico del Lago Titicaca (ATL), una entidad binacional de Perú y Bolivia.

Aduviri contradijo a Anaya y sostuvo que la propiedad estaba en comodato con la ATL, razón por la cual allí se tiene equipo etiquetado, de la instancia binacional.

Daño económico

Ante todas estas irregularidades, el asambleísta anunció medidas legales, pues se presume un daño económico de al menos dos millones de bolivianos, además que se debe esclarecer cuánto personal continúa ganando salarios, pese a que no hay empleados trabajando en las instalaciones.