Defensoría del Pueblo exige investigar y sancionar la violencia en cuartel de Beni

Tras tomar conocimiento de la vulneración de derechos humanos y dignidad de ocho soldados del Regimiento de Infantería 29 "Capitán Echeverría", la Defensoría del Pueblo exigió la investigación y sanción de todo hecho de violencia.  

Un grupo de padres de los soldados que prestan servicio militar en un cuartel de la comunidad de Casarabe del departamento de Beni, denunciaron que sus hijos son agredidos física y psicológicamente. La denuncia fue presentada ante el Ministerio Público para dar con los responsables de las vejaciones, hechos que además estarían ligados a cobros económicos irregulares.

“La Defensoría del Pueblo realiza el seguimiento del caso señalado a través de la Delegación Departamental Defensorial en Beni. Se tiene conocimiento que, de los ocho soldados víctimas de agresiones, solo cinco fueron valorados por el médico forense, uno no dio su consentimiento y los otros dos serían menores de edad y aún no habrían recibido valoración; por lo que, desde la Defensoría del Pueblo se realizan las gestiones para la intervención de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia”, señaló el ente defensorial por medio de un comunicado. 

Asimismo, se conoce que el presunto responsable de las agresiones a los soldados, Sgto. C.F.P.Q., está aprendido en la FELCC de Trinidad. Se espera la imputación formal de la Fiscalía, para determinar su situación procesal.

La Defensoría recuerda al Estado que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que si el servicio militar “conlleva una restricción o limitación a los derechos y libertades de los reclutas, generando con ello no propiamente una privación de libertad, pero una situación en la que el Estado es el garante y custodio de los individuos sometidos a ese régimen”.

“En caso de que ocurra algún hecho de malos tratos o tortura en instalaciones militares, el Estado tiene la obligación de investigar, misma que debe ser asumida como un deber jurídico propio y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa, o como una mera gestión de intereses particulares, que dependa de la iniciativa procesal de las víctimas o de sus familiares o de la aportación privada de elementos probatorios", añade el comunicado. 

Durante la gestión 2024, la Defensoría del Pueblo tomó conocimiento de cuarenta y cinco hechos de vulneración de derechos humanos de soldados al interior de recintos militares. Por ello exige al Estado extremar esfuerzos para que, a través de las instancias competentes, se realicen las investigaciones oportunas garantizando la protección de las víctimas y el cumplimiento del principio de no repetición.