Envían a juicio a exinterventor de Epsas y Fiscalía pide 6 años de condena por tráfico de influencias

El fiscal Franklin Alborta emitió una resolución por medio de la cual informó al juez 16 de Lucha Contra la Corrupción, William Rodríguez, que terminó la etapa de investigación y presentó una acusación, contra el exinterventor de la Empresa Pública de Social de Agua y Saneamiento (Epsas S. A.) Bladimir Iraizos, procesado por tráfico de influencias para la contratación de una falsa abogada.

“El suscrito fiscal de materia, en representación del Ministerio Público, acusa al ciudadano Gonzalo Bladimir Iraízos, por la comisión de los delitos de uso indebido de influencias (…) en grado de autor (…) pidiendo a su autoridad (…) el correspondiente auto de apertura de juicio”, señala parte de la acusación firmada el 5 de marzo por el fiscal Alborta.

En la parte final de dicha acusación a la que Visión 360 tuvo acceso, el fiscal solicita al juez que, a la conclusión del juicio, se imponga al acusado la “pena máxima” de seis años de cárcel, para lo cual adjunta cinco pruebas documentales.

Pedido y respuesta

Entre los documentos presentados como prueba del delito, figura una instructiva firmada el 11 de enero de 2023 por Iraizos quien, en su calidad de interventor de Epsas S. A., “ordena al entonces jefe del departamento legal, Alaín Gómez Uyeno que elabore un informe solicitando la contratación de Nayda F. R.”.

Gómez, según los expedientes, cumplió con la instructiva, con la contratación de la mujer al cargo de “supervisora abogada en materia laboral”. Más llamativo aún, es que el fiscal Alborta verificó que la orden de Iraizos, se dio un día después de que ella le entregara una carta “en la que refiere que pueda ser contratada dentro del plantel profesional”.

Asimismo, figura el contrato firmado entre la empresa intervenida y Rocha, para que ésta represente a Epsas S. A. en los procesos laborales por un salario de 8.204 bolivianos “sin que la misma cumpla el requisito básico de ser abogada titulada, extremos por los cuales el nuevo interventor (Jaime Gutiérrez) formula la denuncia correspondiente”, señala otra parte de los antecedentes en la acusación.

Supuesto encubrimiento

El consultor en temas de agua y saneamiento, José María Herbas, quien realizó el seguimiento del proceso, afirmó que ya existe una orden de aprehensión emitida por el juez William Rodríguez, para que Iraizos sea remitido al penal de San Pedro con detención preventiva.

Visión 360 solicitó la versión del exinterventor, a quien se le envió mensajes con las preguntas sobre el caso, al número de celular que declaró como suyo ante la Fiscalía. Desde ese número, respondió quien se identificó como esposa de Iraizos, calificando la acusación como “una injusticia y una calumnia”; señaló que Rocha fue quien mintió sobre su título, documento que debió ser verificado por los responsables de área y anunció que enviaría los descargos del exinterventor, quien estaría de viaje, debido a la persecución judicial.

Por otro lado, no hubo respuesta del actual interventor de Epsas, Alfredo Ayala, quien hasta la fecha no respondió ninguno de los requerimientos de información de este medio de comunicación. En ese contexto, Herbas aseveró que la postura del funcionario interventor, tiene que ver con un presunto encubrimiento a esta y otras denuncias de “millonaria corrupción” que existen por la mala administración de la empresa intervenida por el Gobierno del MAS desde 2013.

“Quiero expresar mi indignación por la complicidad y cuasi encubrimiento del actual Interventor de Epsas, Alfredo Ayala, en este caso de incumplimiento de deberes y uso indebido de influencias. Delitos que cometió el ex interventor Iraizos, junto a la señora Fabiola Rocha, apócrifa abogada, que puso en riesgo varios procesos laborales de la empresa.  Debido a su irresponsabilidad, ocasionaron un serio daño y perjuicio a Epsas, ya que atendió de manera ilegal decenas de procesos laborales”, sostuvo Herbas en contacto con Visión 360.

Herbas afirma que Epsas ya corre el riesgo de una quiebra técnica, por los varios procesos laborales perdidos. Uno de ellos, con sentencia ejecutoriada, por un monto aproximado de 142 millones de bolivianos, juicio ganado por 405 trabajadores de la empresa, entre ellos el actual interventor Ayala.

Consultada sobre lo que señala la normativa respecto de la orden de aprehensión, la abogada Sandra Morales, explicó a este medio que la resolución aún está vigente, “aunque exista acusación, y su ejecución no se suspende. Es decir, ese mandamiento es ejecutable hasta que se termine de notificar al último o a todas las partes del proceso penal. La defensa es amplia e irrestricta, pero olvida el señor Iraizos que la señora Fabiola Rocha fue su compañera de trabajo en otra institución y su relación no fue casual, sino que ya tenían esa trayectoria delictiva, por cuanto sabía y conocía que, a quien contrataba, no era abogada”, sostuvo la jurista.

Otros antecedentes

De acuerdo a la información de la Contraloría General del Estado, Rocha continúa como funcionaria, en otra institución pública. Por otro lado, la firma de la supuesta abogada figura en resoluciones emitidas como responsable de área en otras dos dependencias del Estado, que datan de antes de ser contratada en Epsas S. A. y donde se presumen que también trabajó con Iraizos.

No obstante, pese a la claridad en la relación de hechos expuesta por fiscal Alborta, llama la atención que la acusación solo fue emitida contra Iraízos, sin tomar en cuenta la responsabilidad de los jefes de Recursos Humanos y el área Jurídica de Epsas, además de la propia falsa abogada, quienes no son parte del proceso y tampoco figuran como testigos.

En esa línea, Herbas explicó que existe un proceso penal paralelo, en el que Rocha es investigada por el ejercicio indebido de la profesión. “Y hay una gran cantidad de casos y denuncias de corrupción que estamos promoviendo, debido a la incapacidad de fiscalización de los legisladores nacionales y los responsables del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, y la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico (AAPS), directos responsables de la intervención de Epsas”, cuestionó el experto.