Indígenas contaminados con metales pesados exigen compensación, salud y un alto a las concesiones mineras

Indígenas de Potosí, Oruro y el Norte de La Paz  llegaron hasta la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para denunciar la contaminación de sus habitantes con plomo, arsénico y mercurio. Tras exponer sus casos en una audiencia pública en la Comisión de Naciones y Pueblos Indígenas de Diputados, firmaron un pronunciamiento en el que exigen un fondo de compensación, atención médica y un alto a las concesiones mineras, entre otras medidas.

“Solo en el norte de La Paz tenemos indígenas que en los estudios de mercurio en el cuerpo han arrojado 6,9 partes por millón, cuando la OMS admite una por millón Pero desde el nivel central no hay políticas claras sobre esta situación. El pescado es la base de la dieta de los indígenas, pero está afectado con mercurio y al ser consumido es que los hermanos se contaminan. Estamos haciendo otros estudios para demostrar que la contaminación es real, que no es algo que los pueblos indígenas se inventan”, indicó el  vicepresidente de la Centrales de Pueblos Indígenas de La Paz, Lino Illimuri.

Un panorama similar viven los comunarios de San Agustín de Puñaca de Oruro quienes presentan contaminación por arsénico. Ambos pueblos, junto a Cantumarca de Potosí, cuyos habitantes presentan contaminación por plomo, realizaron un pronunciamiento en el que exigen ocho medidas.

Entre ellas está un fondo de compensación financiado por las empresas responsables de la contaminación, atención médica especializada y un alto a las concesiones mineras en riberas y lechos de ríos. 

Pruebas de la contaminación 

Los afectados ya han acudido a la realización de estudios científicos para probar la contaminación por metales pesados. Los resultados son claros, sin embargo no han sido atendidos por las autoridades. 

En el Ayllu San Agustín de Puñaca, de Oruro, se realizó una serie de análisis de laboratorio que confirman la intoxicación de los comunarios por metales pesados. Entre los resultados se encontró altos niveles de arsénico, plomo y cadmio.

En la comunidad de Cantumarca de Potosí, se realizaron 120 análisis de los cuales el 85% presentaron niveles elevados de plomo en la sangre. Los más afectados son los adultos mayores y los niños. De 23 pequeños, 16 presentaron contaminación.

En los pueblos indígenas del Norte de La Paz, se realizaron 350 exámenes de cabello que evidenciaron la presencia de mercurio en niveles siete veces superiores a los permitidos por los estándares internacionales.

Los afectados señalaron que en los últimos años, la actividad minera en diversas regiones de Bolivia ha alcanzado niveles desmedidos, priorizando intereses económicos sobre la vida, la salud de las poblaciones y los territorios indígenas. Afirman que son testigos y víctimas directas de las graves consecuencias de este modelo extractivista,  en muchos casos, ante una pasividad y silencios omisivos de los diferentes órganos del Estado.

Los ocho pedidos del pronunciamiento 

1. Cumplimiento inmediato e irrestricto de las Sentencias, resoluciones Constitucionales N° 1471/2022-S-3 de Puñaca, Sentencia Constitucional N° 05/2023 del Río Beni y Madre de Dios, Sentencia Constitucional N° de Cantumarca y supervisión efectiva de su ejecución, instando a las autoridades competentes a su pronta y efectiva implementación.
2. Creación de un Fondo de Compensación y Reparación Integral, financiado por las empresas responsables, para reparar los daños sufridos.
3. Instamos al Órgano Legislativo y a la Comisión de Pueblos Indígenas a dar Seguimiento y Cumplimiento de las Sentencias Constitucionales  y establecer mecanismos efectivos para garantizar la ejecución de estos, para lo cual deberá de contar con la participación de las organizaciones indígenas así como fiscalizar al Tribunal Constitucional Plurinacional, resuelva en plazos establecidos las acciones de protección al medio al medio ambiente, salud y los territorios indígenas.
4. Conformación de una comisión mixta de seguimiento con participación de organizaciones indígenas, la Defensoría del Pueblo y organismos internacionales (a ser posible) para garantizar y dar seguimiento a todas las acciones de cumplimiento.
5. Se garanticen la implementación de mecanismos preventivos y  medidas de protección inmediatas y efectivas para salvaguardar nuestra integridad física, psicológica y moral, frente a cualquier amenaza, hostigamiento, coacción  o acto que ponga en riesgo nuestra seguridad personal, para garantizar un entorno seguro y libre de cualquier forma de intimidación.
6. Exigimos que no se otorgue ningún derecho minero en las cuencas y riberas de los ríos Beni y sus afluentes, ni en nuestros parques nacionales, ni territorios indígenas de T.I.O.C. y por tanto, que se controlen y mitiguen los pasivos ambientales existentes y se rehabiliten las aguas contaminadas.
7. Exigimos la ampliación de estudios técnicos sobre contaminación del agua, lechos fluviales y análisis de sangre y orina a los comunarios, con la participación de expertos independientes y las comunidades y que los resultados sean públicos y transparentes.
8. Que el Ministerio de Salud implemente un plan de salud integral para diagnosticar, tratar y hacer seguimiento a las personas afectadas por exposición al metilmercurio, priorizando a las comunidades Esse Ejja, Tsimane y Mosetenes.