Indagan el destino de 87.500 litros de diésel que supuestamente fueron entregados a 19 municipios en 2024

La Asamblea Legislativa Departamental de La Paz considera insuficiente los informes que la Gobernación paceña presentó sobre la administración de más de cinco millones de bolivianos para la atención de emergencias climáticas en la gestión 2024. En tal sentido, emitió una minuta de comunicación para exigir que se presentes descargos sobre el proceso de compra y entrega de la ayuda humanitaria, además de los referidos al manejo de 87.500 litros de diésel.

El asambleísta departamental, Israel Alanoca, informó a Visión 360 que el 26 de marzo, a solicitud de la Comisión de Desarrollo Productivo, del Legislativo Departamental, instancia a la cual él pertenece, se sometió a un informe oral al director de Gestión de Riesgos y Atención de Desastres de la Gobernación, Luis Cahuapaza, debido a que los dos informes escritos que presentó anteriormente, sobre el manejo de los recursos de la gestión 2024, carecían de respaldos y contaban con datos contradictorios.

En 2024, de acuerdo al informe de la Gobernación, 25 municipios se declararon en zona de desastres por diferentes eventos climatológicos como inundaciones, granizadas, deslizamientos, sequía o heladas. De acuerdo a los descargos de Cahuapaza se entregó diferentes cantidades de diésel a 19 municipios, para el funcionamiento de maquinaria pesada, con el fin de atender derrumbes en los caminos o hacer trabajos de prevención.

“En dicho acto de fiscalización, se pudo constatar que la entrega de diésel a los municipios de: Umala, Waldo Ballivian, Guanay, Quime, Irupana, Chulumani, Malla, Tipuani, Aucapata, Inquisivi, Luribay, Achacachi, Yaco y otros (19 en total), sumaron aproximadamente 87.500 litros de diésel. Sin embargo, solo un municipio (Huarina) descargó con documentación el uso adecuado de este combustible, lo lamentable es que los demás municipios no remitieron los descargos correspondientes pese a que transcurrió más de medio año desde su entrega”, menciona parte de la Minuta de Comunicación ALDLP/CDPyTI/MC/Nº 02/2024-2025 remitida al gobernador Quispe el 8 de abril.

El hecho, en criterio del asambleísta Alanoca, podría ser indicios de un acto de corrupción que no solo implica a autoridades de la Gobernación, sino también a las municipales, porque se desconoce el destino y uso final que le dieron al combustible.

En ese sentido, el legislador señaló que ante la información insuficiente, sobre la entrega del combustible y la ayuda humanitaria, se dio un plazo de 48 horas para que Cahuapaza presente los partes diarios del trabajo del “equipo empleado, la fecha de trabajo, reporte de horas trabajadas mediante horario, detallando las comunidades en las que se efectúen los trabajos y además una breve descripción de los trabajos realizados, con los sellos y vistos buenos de las autoridades de las comunidades en las que se hayan efectuado los trabajos, de forma obligatoria”, detalló el asambleísta en contacto con este medio de comunicación.

Irregularidad

En la minuta, también se menciona observaciones a los registros del proceso de contratación realizado por la Gobernación, en carácter de emergencia, para la adquisición de combustible gasolina y diésel, el cual fue provisto por la Estación de Servicio Laredo S.R.L. ubicado en la avenida 6 de marzo de la zona Villa Bolívar, de la ciudad de El Alto, cuyo propietario es el Jairo Raúl Gustavo Llanos.

Esta documentación avala la compra de 43.250 litros de diésel, por un valor de 160.890 bolivianos, los cuales debieron ser entregados en distintas cantidades, de acuerdo a una división en 875 vales. No obstante, esto evidencia una contradicción grave, debido a que, una vez que se sumaron los descargos presentados por Cahuapza estos suman 87.500 litros de diésel, es decir se entregó más de lo comprado.

Alanoca explicó que este extremo no fue esclarecido en la interpelación. Asimismo, sostuvo el asambleísta, se tiene sospechas de una malversación de los recursos destinados a la compra del combustible, debido a que la factura de la Estación de Servicio Laredo no es legible.

Por otro lado, “la factura con fecha 2024-12-30 11:30:34 con NIT del emisor: 9223478012” por un monto de 285.360 bolivianos, figura como “anulado” en el en el sistema de verificación del Servicio de Impuestos Nacionales.

Ante estas irregularidades, que no fueron explicadas por el director de Gestión de Riesgos, en la minuta de comunicación se emitieron seis instructivas, que se adjunta al pie de esta nota. En las mismas, además de los cuestionamientos por el manejo del combustible, la Asamblea Departamental también exige que Quispe y Cahuapaza presenten los documentos del proceso de contratación, adquisición y distribución de suministros como, botellas de agua, politubos, tanques de agua, semillas y alimento para el ganado.