Vialidad Nacional
Gobierno de Milei disuelve el ente que regula las concesiones viales y mantiene rutas nacionales
EFE / Buenos Aires
El Gobierno de Argentina anunció este lunes la disolución de Vialidad Nacional, el ente público que regula las concesiones viales y que se encarga del mantenimiento de las carreteras del país que no están bajo administración de empresas privadas.
"El presidente Javier Milei, a través de un decreto que se va a publicar este martes, ordenó el cierre definitivo de la Dirección Nacional de Vialidad y también de la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial y la Agencia Nacional de Seguridad Vial", anunció el portavoz presidencial, Manuel Adorni.
Entre los argumentos para disolver Vialidad Nacional, el Gobierno sostuvo que este organismo fue eje de la causa judicial por irregularidades en la concesión de obras entre 2003 y 2015 por la que fue condenada a seis años de prisión la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015), condena que comenzó a cumplir el pasado 17 de junio bajo el régimen de prisión domiciliaria.
Según Adorni. Vialidad Nacional "se inventó para simplificar la corrupción".
"La corrupción en la obra pública tiene hoy su acta de defunción firmada y la acaba de firmar el presidente de la Nación", aseveró el portavoz.
En sustitución de los organismos disueltos, el Gobierno creará la Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos del Transporte y será la autoridad de aplicación en lo que respecta a normas y actos administrativos relacionados a la fiscalizaciones de concesiones viales.
Adorni anticipó que, además, se pondrá en marcha el proceso de licitación para traspasar a manos privadas carreteras nacionales por un total de 9.120 kilómetros.
Estos cambios en el sector de la regulación de las concesiones viales y los servicios de transporte público se da en virtud de las facultades que hace un año el Parlamento delegó en el Poder Ejecutivo.
De acuerdo a datos oficiales, en la Dirección de Vialidad Nacional trabajan 5.194 personas.
El organismo está encargado de controlar el cumplimiento de los contratos de concesión de autopistas y carreteras nacionales administradas por empresas privadas.
Además, debe encargarse del mantenimiento de las rutas que no están bajo concesión privada, una función por el que ha habido reiteradas quejas en los últimos meses dado el mal estado de muchas carreteras estatales.
$us 2.000 millones en ahorros
Según el Gobierno, gracias a los decretos firmados en el último año por el presidente Javier Milei orientados principalmente a reformar y achicar el Estado, se logró ahorrar 2.000 millones de dólares (más de 1.700 millones de euros).
"Los 65 decretos delegados que se promulgaron en este último año implicaron un ahorro de 2.000 millones de dólares anuales en gastos", afirmó el portavoz presidencial, Manuel Adorni.
Estos decretos se firmaron en virtud de la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por el plazo de un año que comenzó el 8 de julio de 2024 y finaliza este martes.
Mediante esa emergencia, el Parlamento concedió al Ejecutivo facultades delegadas en esas cuatro materias.
La declaración de esa emergencia es uno de los aspectos clave de la ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, más conocida como 'ley ómnibus' o 'ley bases', aprobada por el Parlamento argentino en junio de 2024.
Esta norma, junto con el plan de ajuste de 'shock' fiscal, ha constituido el 'corazón' del programa de Gobierno de Milei, que llegó a la Presidencia a finales de 2023.
La ley no solo otorgó al Ejecutivo facultades propias del Parlamento sino que, además, ha permitido la reforma del Estado, habilitó a privatizar algunas empresas estatales, ha supuesto cambios en la legislación laboral y permitió dar incentivos para el sector de la energía y los hidrocarburos y para las grandes inversiones.
Adorni sostuvo este lunes que esta ha sido la primera vez que un presidente, al utilizar facultades delegadas, "se apegó a la Constitución y respetó la institucionalidad, primero porque no se prorrogaron de manera indefinida, como ocurría con los gobiernos anteriores, y segundo, porque su propósito fue implementar un ambicioso plan de reformas para sacar a la Argentina de la decadencia".
El portavoz indicó que desde 1983 hasta 2023, el empleo público creció un 150 % y se crearon 110 organismos públicos y unos 5.500 funcionarios fueron nombrados en áreas descentralizadas.
A través de decretos, Milei ha eliminado, reducido o transformado decenas de organismos y oficinas públicas, lo que derivó en la pérdida de puestos de empleo registrado en el Estado.
También se eliminaron fondos fiduciarios y se dieron pasos con vistas a la privatización de algunas empresas públicas.
"El presidente Milei no quiere gobernar con facultades delegadas, pero sí quería tener un plazo de tiempo en el cual impulsar y acelerar su programa de reformas económicas. No vamos a buscar prorrogar el plazo", sostuvo el ministro de Desregulación y Transformación del Estado de Argentina, Federico Sturzenegger.
El ministro indicó que el próximo miércoles Milei hará un "agasajo" para las cerca de 200 personas que tuvieron parte en el diseño de las reformas del Estado y las medidas de desregulación dictadas en el último año.