2025-07-14

Informe de conflictividad

Defensoría del Pueblo contabiliza ocho personas fallecidas durante los hechos de violencia en Llallagua y Cochabamba

Según la institución, hasta el 4 de julio de 2025, tres se encontraban en etapa preliminar y dos en etapa preparatoria. Además, el documento revela que entre los procesados existen siete adolescentes.

La Defensoría del Pueblo identificó ocho personas fallecidas durante el bloqueo “evista” del pasado junio, en el municipio de Llallagua, en Potosí, y Cochabamba.

En un informe preliminar denominado Situación de la Conflictividad en Bolivia –publicado en junio de 2025- la institución establece que de los fallecidos, dos son particulares, dos corresponden al sector movilizado (“evistas”) y cuatro a la Policía Boliviana.

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Además, señala que se contabilizaron de manera preliminar a 173 personas heridas, número que incluye a personas del sector movilizado, terceros no involucrados en los bloqueos, pobladores de las zonas afectadas y efectivos policiales.

“En el seguimiento a las investigaciones, se conoce que el Ministerio Público y la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) abrieron cinco procesos penales; cuatro por el delito de asesinato y uno por el delito de homicidio”, indica una nota institucional de la Defensoría del Pueblo.

Agrega que hasta el 4 de julio de 2025, tres se encontraban en etapa preliminar y dos en etapa preparatoria. Además, el documento revela que entre los procesados existen siete adolescentes.

El informe detalla que 201 personas fueron aprehendidas, 36 con detención preventiva y 32 con procesos penales abiertos por delitos como atentado a la seguridad, uso de explosivos, asesinato y tentativa de homicidio.

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Entre los datos señala cuatro casos de agresiones a periodistas con amenazas, hostigamiento y robo de equipos; ocho casos de obstrucción a ambulancias y agresiones a personal médico (retenidos en Japo, Cochabamba); agresiones a transportistas, sin alimentos, ni  atención médica en rutas bloqueadas; afectación a la economía con pérdidas millonarias en agricultura, ganadería, transporte, comercio y canasta familiar; y afectación al derecho a la educación con suspensión de clases en Betanzos y Llallagua.

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