Tarija
Defensoría del Pueblo rechaza el uso del poder público contra defensores ambientales de los territorios de Chiquiacá y Tariquía
Mediante una carta pública, la Defensoría del Pueblo denunció y rechazó el uso "excesivo" del poder público contra los defensores ambientales, especialmente de las comunidades de Chiquiacá y Tariquía, en Tarija.
En 2024, dirigentes de ambas comunidades iniciaron una resistencia para impedir el ingreso de trabajadores de Petrobras, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y otras empresas petroleras extranjeras, específicamente al pozo Domo Oso X-3. Denunciaron que estos buscaban recabar información para obtener una licencia ambiental de explotación de hidrocarburos
Para las comunidades esa acción es peligrosa, ya que temen que las operaciones afecten a la preservación del medio ambiente y la biodiversidad en la reserva natural, especialmente de los ríos de la zona.
Sin embargo, YPFB procesó a una veintena de comunarios, por los presuntos delitos de “atentados contra la libertad de trabajo”. También fueron acusados de “impedir o estorbar el ejercicio de funciones”.
La Defensoría del Pueblo informó que realiza "un seguimiento riguroso al proceso penal iniciado por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) contra 29 defensoras y defensores del medio ambiente, acusados de presuntos delitos tipificados en los artículos 161 (impedir o estorbar el ejercicio de funciones) y 303 (atentados contra la libertad de trabajo) del Código Penal boliviano".
Tras una audiencia de medidas cautelares del 24 de junio de 2025, se emitió la Resolución N.º 125/2025, que otorgó libertad irrestricta a 12 personas imputadas. "Sin embargo, resulta preocupante e inaceptable que YPFB haya apelado esta decisión, fundamentando su recurso en argumentos que, a juicio de la Defensoría, incitan al odio y pueden generar escenarios de violencia y discriminación contra quienes ejercen legítimamente su derecho a la defensa del medio ambiente".
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Por eso, en la misiva, la Defensoría del Pueblo exhorta a YPFB a cesar, "de inmediato", el uso del sistema judicial como mecanismo de intimidación. También advierte contra prácticas locales que sirven para amedrentar a defensores de los derechos humanos.
La institución recordó que Bolivia ratificó el Acuerdo de Escazú en 2019, por lo cual debe proteger y garantizar la labor de quienes defienden el medio ambiente y la Madre Tierra. "Iniciar procesos judiciales infundados contra estas personas constituye una forma de represión que vulnera derechos fundamentales y contradice especialmente el artículo 9 del Acuerdo, que obliga al Estado a prevenir, investigar y sancionar toda amenaza, agresión o acto de violencia contra defensores ambientales".
Además, el artículo 7.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, establece que toda persona tiene derecho a la libertad y seguridad personal, y que la privación de libertad debe ser una medida excepcional. "En este caso, los denunciantes no han demostrado riesgos fundados de fuga ni de obstrucción de la verdad, lo que vuelve aún más cuestionable el proceso iniciado", agrega.
La institución considera que situaciones como estas, no solo limitan el ejercicio de los derechos de las personas defensoras, sino que también socavan la confianza ciudadana en la institucionalidad estatal.
También insta al Ministerio Público a seguir el proceso legal; que considere la condición de defensores ambientales de las personas procesadas, una condición reconocida por instrumentos internacionales que obligan al Estado a brindarles protección diferenciada.