Organizaciones alertan de una "tendencia regresiva" y convocan a un encuentro por la tierra

Sumando Voces

Tras la aprobación de Ley 157, pueblos indígenas, originarios y campesinos, plataformas territoriales y actores de la sociedad civil se reunirán el 13 y 14 de abril en Santa Cruz de la Sierra en el denominado «Encuentro Nacional por la Tierra y Territorio», a fin de analizar la política agraria y definir acciones para enfrentar lo que consideran una «tendencia regresiva para favorecer al latifundio y el modelo extractivista».

La cita fue convocada por la Confederación Nacional de Mujeres Indígenas de Bolivia (CNAMIB). En un comunicado de prensa, la organización sostiene que «Bolivia atraviesa un momento crítico para la tierra y el territorio. La Ley 157 y el avance del modelo extractivista amenazan los derechos territoriales de los pueblos indígenas originarios y campesinos en pro del avance de la concentración de la propiedad agraria y la mercantilización del territorio».

De acuerdo con una nota de prensa enviada desde esa institución, los ejes a se abordados serán cuatro:

1. Análisis del contexto nacional: para hacer una lectura política de la situación de la tierra y el territorio, la revisión de políticas públicas en curso y la identificación de tendencias hacia la mercantilización del suelo boliviano.
   
   
2. Cambios al régimen agrario con la Ley 157: para debatir las implicaciones sociales, legales, ambientales, culturales y económicas de la norma, incluyendo el fenómeno de la descampesinización y la concentración de la tierra en pocas manos.
   
   
3. Construcción de una Agenda Nacional de Tierra y Territorio: para definir colectivamente prioridades políticas en temas territoriales, económico-productivos, sociales ambientales y jurídico-legales.
   
   
4. Agenda para el proceso regional amazónico del FOSPA (Foro Social Panamazónico), articulando el posicionamiento boliviano con las dinámicas continentales de defensa territorial.

El evento es de libre ingreso y se realizará en el hotel Villa Rosita a partir de las 08.30 ambos días.  

La iniciativa cuenta con el respaldo de instituciones como la Plataforma Boliviana Frente al Cambio Climático (PBFCC), el Centro de Estudios Jurídicos y Comunicación Social (CEJIS), el Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA), el Centro de Comunicación y Desarrollo Andino (CENDA), la Fundación TIERRA, el Programa Nina, Proceso, la Red de Participación Ciudadana y Control Social (PCCS), Apoyo para el Campesino-Indígena del Oriente Boliviano (APCOB) y UNITAS. 

El Ejecutivo y el Legislativo defienden la norma

La mañana del miércoles 8 de abril, el presidente Rodrigo Paz promulgó la Ley 157, de reconversión de la pequeña propiedad agraria. La norma fue impulsada por un grupo de asambleístas del oficialismo y la oposición en el Legislativo, aunque la propuesta de ley se gestó originalmente en 2023, durante el gobierno del MAS, con la bancada que llegó al poder junto el entonces presidente Luis Arce.

En esta nueva legislatura, el proyecto fue retomado por el senador Branco Marinkovic, de Libre, y tuvo el apoyo de la bancada del PDC.

La Ley 157 autoriza la reconversión de la pequeña propiedad agraria a mediana, con un trámite exprés y sin costo ante el INRA, a solicitud del interesado. Según la norma, su finalidad es facilitar el acceso a créditos bancarios productivos.

Sin embargo, organizaciones de la sociedad civil y sectores sociales cuestionan que vulnera al menos tres artículos de la Carta Magna e introduce cambios de fondo al régimen agrario. De acuerdo con su análisis, la normativa vulnera del derecho a la protección de la pequeña propiedad como un bien inembargable, abre las puertas a la reconcentración de las tierras (latifundio) y debilita el control estatal de la Función Económico Social (FES), que entra en pausa por 10 años para las propiedades medianas.

El jefe de Estado negó que el objetivo de la norma sea expropiar las tierras de los pequeños productores. «Esta norma no es, como dicen aquellos que quieren confundir al país, para quitar la pequeña propiedad. En el fondo esta norma es crédito rural. Es platita para aquellos que no pueden conseguir un crédito o recursos para producir», afirmó.