Caso Decretazo
Régimen Penitenciario incumplió al menos 14 órdenes de traslado de Camacho a audiencias en Santa Cruz
A casi 18 meses de múltiples postergaciones, la justicia finalmente ordenó el traslado del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, desde la cárcel de Chonchocoro, en La Paz, hasta la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, para comparecer de forma presencial a su audiencia por el caso Decretazo, prevista para este viernes 25 de julio. El Gobierno recurrirá a un informe de inteligencia de la Policía para definir si procede o no su traslado.
La determinación fue emitida como resultado de una sentencia constitucional en respuesta a una acción de libertad interpuesta por la defensa de Camacho, luego de que la Dirección de Régimen Penitenciario incumpliera al menos 14 órdenes judiciales previas desde mediados del año pasado.
“Se ha suspendido 14 veces la audiencia por la negativa del director del penal de Chonchocoro a trasladar al gobernador. Esta sentencia ya no admite excusas. Si no se cumple, estaríamos ante un delito por desobediencia a resoluciones constitucionales”, advirtió ayer Martín Camacho, abogado del gobernador electo.
Según la defensa del excívico cruceño, la orden judicial fue emitida tras la mencionada sentencia constitucional.
Por su parte, el ministro de Gobierno, Roberto Ríos, informó que serán los informes de inteligencia de la Policía los que definirán si Camacho podrá ser trasladado a la capital cruceña para el inicio del juicio oral.
En ese marco, será la Dirección del Recinto Penitenciario de Chonchocoro la que solicitará a la Policía Boliviana los informes necesarios para tomar la decisión.
“El director del Recinto Penitenciario de Chonchocoro realizará la solicitud correspondiente en lo que respecta a los trámites administrativos y, al mismo tiempo, pedirá los informes de inteligencia tanto al Comando General de la Policía como al Comando Departamental de Santa Cruz”, explicó Ríos en declaraciones a la prensa.
El proceso judicial gira en torno al Decreto Departamental 373, aprobado en marzo de 2022, mediante el cual Camacho delegó temporalmente sus funciones en Miguel Ángel Navarro, secretario de Gestión Institucional, en lugar de que asumiera interinamente el entonces vicegobernador Mario Aguilera, como lo establece el Estatuto Autonómico de Santa Cruz.
Camacho es investigado por la presunta comisión del delito de emisión de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes.