Condenan a dos exfuncionarios por la compra irregular de respiradores chinos en la gestión de Áñez

El Juzgado de Sentencia Anticorrupción 25 del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz condenó a los exfuncionarios Eduardo Díaz Pizarro y Juan Carlos Arraya Tejada, a dos y ocho años de cárcel, respectivamente, por la compra con sobreprecio de 500 respiradores de fabricación china durante la primera ola de la pandemia de coronavirus, en la gestión de la presidenta Jeanine Áñez.

A la vez, otros cinco exfuncionarios que eran procesados por este mismo hecho, denominado el caso de los “Respiradores chinos”, fueron absueltos: Vania Huaira Vargas Guzmán, Jorge Cristhian Sánchez Caero, Marco Antonio Peñaranda Inchausti, Graciela Erniqueta Minaya Ramos y Elías Ramón Cordero Cuevas.

El Procurador General del Estado, Ricardo Condori Tola, expresó su satisfacción por este hecho, que dijo marca el cierre de este proceso iniciado ya hace como cinco años.

“Ha finalizado todo lo que implica la etapa y la finalización del juicio oral, público y contradictorio, por lo que se ha emitido una sentencia condenatoria en contra de los principales (acusados) El señor Arraya, privándole de su libertad por ocho años y así consecutivamente otros implicados”, informó.
Para el caso de los absueltos, dijo que se presentará “el recurso correspondiente”, pero destacó que tras varios años se haya logrado la sentencia por delitos como incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica, por los que el país fue afectado con una pérdida de más de 6 millones de dólares.

En octubre de 2023 el Ministerio Público emitió la acusación formal sustentada con 38 pruebas testificales y 53 documentales que fueron colectadas durante la etapa preparatoria, entre ellas, el dictamen pericial de auditoría forense que identifica las irregularidades en el proceso de adquisición de los ventiladores pulmonares, informes técnicos que revelan que los mismos no contaban con las especificaciones técnicas ofertadas por el proveedor, así como un dictamen pericial emitido por un especialista-técnico que estableció que los ventiladores pulmonares no son aptos para la Unidad de Terapia Intensiva (UTI), ni para tratar pacientes críticos a causa del Covid-19, entre otras.

“De acuerdo a las pruebas presentadas en la acusación, los respiradores adquiridos en el primer semestre del año 2020, no solo no cumplían con las especificaciones técnicas, sino que además presentaban un presunto sobreprecio, ya que fueron adquiridos por un precio unitario de $us. 30.000 cuando su costo en el mercado no sobrepasaba de los $us. 8.900”, explicó entonces el Director de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción, Tributarios, Aduaneros y Legitimación de Ganancias Ilícitas, Aldrián Barrientos. Barrientos.