¿Qué propone el PDC para solucionar la crisis? Esto dice su programa

Tras la realización de las elecciones generales del domingo y los resultados preliminares que ubican en primer lugar al senador Rodrigo Paz Pereira, para disputar el balotaje con Jorge Quiroga, surge la pregunta sobre la propuesta del Partido Demócrata Cristiano (PDC) para salir de la crisis. El mismo, plantea diferentes medidas generales y hace un diagnóstico de los principales problemas, como escasez de divisas, falta de combustibles, déficit fiscal y otros.

Agenda 50/50 “Política al servicio de la gente”, así se denomina el Programa de Gobierno del ganador de los comicios y parte del hecho que Bolivia enfrenta una coyuntura crítica multidimensional, que tiene en “terapia intensiva” a la economía, la institucionalidad del Estado y el sistema judicial.

Señala que esta coyuntura es el resultado de dos décadas de despilfarro de los recursos financieros, dependencia extractivista, centralismo asfixiante y reformas institucionales inconclusas. “Si bien el período 2006-2019 mostró avances sociales, no se resolvieron problemas estructurales como la corrupción, la inseguridad ciudadana, la falta de diversificación económica o la politización de la justicia y su constante desconexión con el ciudadano, entre otros”, se lee en el Programa.

Asegura que el país atraviesa una situación de estanflación, fractura política institucional y la crisis del sistema judicial, que se traduce en un malestar social generalizado, y exige consensos y acuerdos nacionales que den respuestas efectivas a la crisis multidimensional.

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Diagnóstico:

• 1) Crisis económica: estanflación y desequilibrios estructurales.

Estancamiento con inflación. La economía boliviana sufre estanflación (crecimiento nulo e inflación alta). Mientras el gobierno proyecta un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del 3,51% para 2025, organismos internacionales lo ajustan a 1,5%. La inflación oficial es del 7,5%, pero estimaciones independientes la sitúan en 20%, impulsada por la depreciación del boliviano (Bs 18/$us 1 en el mercado paralelo versus Bs 6,96/$us1 oficial), y la dolarización informal.

• 2) Crisis de divisas.

Las reservas internacionales cayeron de 15.000 millones de dólares, en 2014, a 1.900 millones de dólares en 2024, con solo 153 millones  de dólares de liquidez. Esto limita importaciones esenciales y genera escasez de combustibles, con filas de hasta más de 24 horas en estaciones de servicio.

• 3) Dependencia de los “commodities”.

Bolivia tiene una alta dependencia de los “commodities”, con casi el 80% de sus ingresos de divisas provenientes de la exportación de recursos naturales extractivos, principalmente minerales y gas. La falta de diversificación económica, la ausencia de inversión y la política exploratoria hidrocarburífera fallida en las últimas dos décadas, ha hecho vulnerable al Estado boliviano a los cambios de los precios internacionales y la disminución de la demanda externa.

• 4) Déficit fiscal crítico.

En 2024, el déficit fiscal global del Sector Público No Financiero (SPNF) alcanzó aproximadamente el 12% del PIB nominal, equivalente a unos 5.976 millones de dólares, según análisis independientes basados en datos oficiales. Este déficit representa el nivel más alto desde la crisis de 2020 por la pandemia y supera ampliamente la meta oficial del Gobierno, que estimaba un déficit del 7,8% para ese año.

Para el primer semestre de 2024, el déficit fiscal fue del 3,1% del PIB, reflejando un aumento del gasto público y una recaudación insuficiente. Para 2025, el déficit fiscal proyectado es del 9,2% del PIB, marcando el duodécimo año consecutivo con resultados negativos y un modelo fiscal basado en gasto corriente creciente y reducción de inversión pública. El gasto corriente aumentará en un 12% en 2025, mientras que la inversión pública disminuirá en un 6%, evidenciando una estructura presupuestaria que prioriza el funcionamiento del Estado sobre proyectos productivos e infraestructura.

Por otra parte, la deuda pública ha crecido aceleradamente, con un aumento significativo de la deuda interna, especialmente con el Banco Central de Bolivia, y un saldo de deuda externa a mediano y largo plazo que alcanzó los 13.345 millones de dólares, equivalente al 26,8% del PIB.

El Gobierno de turno autorizó la emisión de bonos soberanos por 3.000 millones de dólares en 2025, pero enfrenta dificultades para colocarlos en condiciones favorables debido a la baja calificación crediticia y el alto riesgo país.

Asimismo, la falta de reformas estructurales y la persistencia de políticas monetarias expansivas sin respaldo financiero adecuado generan riesgos crecientes de una crisis fiscal más profunda, con posibilidad de impago o default en el mediano plazo.

• 5) Hidrocarburos y energía.

Bolivia produjo en su mejor momento hasta 62 millones de metros cúbicos diarios (MMmcd) de gas natural, cifra que se ha desplomado a aproximadamente 24 millones en 2025. Campos clave como Margarita-Huacaya, Sábalo e Incahuasi muestran agotamiento y producen menos gas, con pozos que reportan más agua que gas, evidenciando el declive natural sin nuevas exploraciones significativas.

En marzo de 2025, el consumo interno de gas fue de 15 MMmcd, mientras que las exportaciones a Brasil rondaron los 10 MMmcd, lo que implica que Bolivia consume más gas del que exporta, una situación inédita que pone en riesgo la estabilidad energética y económica. Debido a la caída en producción, Bolivia importó el 90% del diésel y el 58% de la gasolina en 2024, generando una fuga crítica de divisas en un contexto de escasez de dólares.

Además, se proyecta una posible crisis energética para la gestión 2030 si no se toman medidas urgentes para modernizar la infraestructura y diversificar la matriz energética.

Propuesta

Rodrigo Paz propone en su plan algunas medidas a nivel económico:

• 1) Implementar un nuevo modelo económico (50/50), basado en la redistribución fiscal entre el nivel central del Estado y las Entidades Territoriales Autónomas y las Universidades Públicas.
• 2) Institucionalizar el sector público reinstaurando la profesionalización y la carrera administrativa en el servicio público.
• 3) Promover el desarrollo sostenible de la actividad turística.
• 4) Reactivar la exploración y explotación de hidrocarburos y promocionar la utilización de energías renovables, con el objetivo de garantizar el abastecimiento energético.
• 5) Generar el desarrollo sostenible y equilibrado de la industria minera, protegiendo los derechos de los pueblos indígenas y comunidades, así como el medio ambiente.

La estrategia apunta a la racionalización, ordenamiento y transparencia el gasto público; el congelamiento de las actividades de todas las empresas públicas que mantengan déficits operativos.

Se impulsará la reasignación de los recursos públicos ahorrados, manteniendo una regla de déficits cero, hacia los gobiernos subnacionales; la implementación de un sistema digital de asignación de compras públicas transparente, descentralizado y accesible, para que cada proveedor de bienes y servicios demandado por el Estado, en todos los niveles de Gobierno, compita de manera anónima y equitativa en todos los procesos de contratación.

También propone la aplicación de tecnologías blockchain en los procesos de contratación pública y el uso de contratos inteligentes, para eliminar la discrecionalidad en todos los procesos de compra pública.

Por otra parte, se menciona el congelamiento de las contrataciones de personal para el nivel central del Gobierno.

El restablecimiento de los equilibrios macroeconómicos para frenar el deterioro del poder adquisitivo de la moneda y la creación del Fondo de Estabilización Cambiaria, para unificar el tipo de cambio, a partir de recursos de libre disponibilidad negociados con Bancos Multilaterales, el alivio de los flujos de salida de divisas por la renegociación de la deuda externa y nuevos recursos provenientes de programas de sinceramiento patrimonial de bienes en el país o en el exterior, tales como dinero en efectivo, cuentas bancarias, inmuebles, automóviles, criptoactivos y créditos, entre otros.

Se plantea la implementación de un régimen transitorio de formalización, bajo un esquema de tres años en los que las unidades económicas productivas, que ya existan y que busquen formalizarse, puedan acceder a un esquema simplificado de impuestos.

También, la creación del Fondo para la Descarbonización de la economía, con el que se podrán garantizar créditos para las familias en búsqueda de eficiencia energética, créditos de recambio de unidades de transporte urbano para fomentar la reducción del consumo de combustibles fósiles y programas de formación técnica para los trabajadores y técnicos que permitan cambiar la matriz de consumo energética del país.

Se propone acelerar la producción de hidrógeno verde, energía eléctrica solar, eólica y la recomposición de la matriz de precios de los combustibles fósiles en el país, para reducir los desbalances fiscales.

Se liberarán las exportaciones y se reconfigurará el sistema impositivo a través del diseño de un nuevo ordenamiento jurídico tributario.

Para generar empleos, el plan propone el fomento de la inversión pública-privada en infraestructura productiva; generación de Incentivos fiscales y financieros para pequeñas y medianas empresas (PyMeS); un incremento salarial progresivo para mejorar condiciones laborales y la  modernización la normativa jurídica que regula las relaciones laborales en el sector público y privado y la formalización el empleo informal y la lucha contra el contrabando y fortalecimiento de sectores productivos nacionales.

Hidrocarburos

En el sector hidrocarburos el Plan del PDC anuncia la generación de incentivos legales y fiscales para atraer inversión en exploración y explotación.

El Desarrollo y puesta en producción de nuevos yacimientos estratégicos, la promoción y desarrollo de energías renovables complementarias y la modernización del ordenamiento jurídico que regula la cadena hidrocarburífera y energética.

También se reducirán subsidios para garantizar viabilidad económica y se reestructurará Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) y la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE).

Minería

Se plantea el fortalecimiento del marco normativo y seguridad jurídica para la inversión minera, la promoción de la minería responsable, formalización de cooperativas y el fortalecimiento de la gobernanza y transparencia en la cadena productiva minera.