Diputados sanciona ley para proteger a la niñez y adolescencia de la violencia sexual vía digital

Por unanimidad, la Cámara de Diputados sancionó este miércoles la Ley para la Protección de la Integridad Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes en Entornos Digitales y la remitió al Órgano Ejecutivo para su promulgación, informó el presidente de Diputados, Omar Yujra.

“Habiéndose aprobado en sus dos estaciones, en grande y en detalle, y siendo Cámara revisora, queda sancionada la presente ley remítase al Órgano Ejecutivo para fines constitucionales”, afirmó Yujra en la sesión del pleno que se instaló pasadas las 14:30.

Impulsada por el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, la norma tiene como objetivo proteger de manera integral la integridad sexual de niñas, niños y adolescentes frente a nuevas formas de violencia y abuso sexual que se cometen mediante el uso de tecnologías digitales, como redes sociales, aplicaciones, plataformas de mensajería y videojuegos en línea.

Con ese fin se logró incorporar nuevos delitos al Código Penal, como el contacto con fines sexuales a través de las TIC, el abuso sexual digital, la exposición a contenido sexual y la producción y posesión de material de abuso infantil.

La norma plantea una pena privativa de 10 a 15 años de cárcel para las personas que distribuyan, arrienden, intercambien, vendan o comercialicen contenido digital que contenga representación visual de las partes íntimas de niñas, niños y adolescentes, o de exhibicionismo corporal con fines económicos.

Además, establece que toda persona que contacte a niñas, niños y adolescentes a través de comunicaciones electrónicas, enviando mensajes, videos, fotografías u otro contenido erótico o sexual, será sancionada con 4 a 8 años de privación de libertad.

Además, se establecerá medidas urgentes de protección, como la eliminación de contenido ilegal y el alejamiento virtual de los agresores.

Una vez en vigencia, se permitirá el uso de agentes encubiertos digitales para investigar estos delitos; se fortalecerá el rol del sistema educativo y de salud, estableciendo obligaciones de prevención, denuncia y atención integral.

También se impulsará la corresponsabilidad de las familias, empresas tecnológicas y gobiernos subnacionales, además alinea la legislación boliviana con tratados internacionales de protección de la infancia, como la Convención sobre los Derechos del Niño.