Centros penitenciarios
La Defensoría del Pueblo solicita una reforma penitenciaria integral que vaya más allá del indulto
La Defensoría del Pueblo solicita una reforma penitenciaria integral ante la persistente crisis estructural del sistema penitenciario en Bolivia, caracterizada por el hacinamiento extremo, el abuso de la detención preventiva por parte de los operadores de justicia y la constante vulneración de los derechos humanos, tanto civiles como económicos, sociales y culturales, de la población privada de libertad, que van más allá de las medidas de indulto.
Según esta institución, la reciente entrada en vigencia del Decreto Presidencial N.º 5460, que otorga el indulto a personas con sentencia ejecutoriada, constituye una medida de alivio temporal, pero no representa una solución estructural a la crisis penitenciaria. Este decreto no aborda las causas profundas del hacinamiento, las condiciones inhumanas de los centros penitenciarios ni la situación de mujeres, niñas y niños que conviven con sus madres privadas de libertad, lo cual contraviene el principio del interés superior del niño y los estándares internacionales de derechos humanos.
El Decreto publicado el 22 de octubre de este año beneficiaría a aproximadamente 5.000 personas privadas de libertad, lo que representa únicamente el 15% del total de la población penitenciaria. Al excluir la figura de la amnistía, la norma no afecta al 55,06% de la población carcelaria que permanece en detención preventiva, el grupo mayoritario en los recintos penitenciarios.
Para la Defensoría del Pueblo, esta medida repite las limitaciones del Decreto Presidencial N.º 5137, de marzo de 2024, que contemplaba tanto la amnistía como el indulto por razones humanitarias.
Hasta el 30 de junio de este año, el Servicio Plurinacional de Defensa Pública (SEPDEP), encargado de la amnistía, informó que no emitió ninguna resolución en este sentido. Por su parte, la Dirección General de Régimen Penitenciario (DGRP), responsable de los informes de indulto, emitió solo siete resoluciones hasta el 18 de agosto. En la práctica, después de casi siete meses de vigencia y con solo cinco meses restantes para su culminación, únicamente una persona se benefició con el indulto.
En septiembre de este año, la Defensoría del Pueblo emitió una Alerta Temprana sobre la "Situación de Cárceles", en la que advirtió sobre el escaso alcance del Decreto Presidencial N.º 5137 y exhortó a garantizar la gratuidad de los trámites.
Frente a este escenario, la Defensoría del Pueblo, en coordinación con organizaciones de la sociedad civil, impulsa la elaboración de un nuevo Decreto Presidencial de Amnistía e Indulto extraordinario y por única vez durante la gestión 2025, con el objetivo de enfrentar el elevado índice de hacinamiento en los centros penitenciarios. Esta iniciativa busca incorporar criterios de humanidad, proporcionalidad y enfoque de género y vulnerabilidad, en el marco de la conmemoración del Bicentenario del Estado Plurinacional de Bolivia y del Jubileo “Peregrinos de la Esperanza”.
La institución exhorta al Estado boliviano a asumir de manera urgente una reforma estructural del sistema penitenciario, orientada a garantizar la dignidad humana, la rehabilitación y la reinserción social, recordando que “no basta con liberar personas, sino con liberar al sistema penitenciario de la ineficiencia, el abandono y la vulneración de derechos que lo caracterizan desde hace décadas”.