Pie de página
La cumbre de justicia: entre el avance silencioso y la contradicción interna
La reciente cumbre de justicia dejó conclusiones valiosas, pero también evidenció tensiones institucionales que merecen ser analizadas con seriedad. Entre luces y sombras, algunas propuestas representan avances reales, mientras otras plantean contradicciones que deben ser resueltas si se busca una reforma sostenible.
Luces y sombras de la Cumbre
La Cumbre de Justicia convocada por el Tribunal Supremo de Justicia presentó una serie de conclusiones destacables. Como toda obra humana, produjo resultados heterogéneos que requieren un análisis detenido para identificar sus fortalezas y debilidades, con el fin de reforzar lo positivo y corregir lo que resulte contraproducente.
No obstante, hay un aspecto que no puede ser soslayado. La ausencia del vicepresidente del Estado y, de manera particular, del ministro de Justicia, revela una fractura institucional evidente en las más altas esferas de poder. Este distanciamiento —por más que se pretenda “pasar página”— amenaza con obstaculizar cualquier proceso serio de reforma judicial, además de proyectar descoordinación y falta de compromiso estatal. Aunque este no sea el tema central de este artículo, el hecho constituye un síntoma grave que no debe pasar inadvertido.
Las cuatro mesas y sus propuestas centrales
La Cumbre estructuró su trabajo en cuatro mesas temáticas:
Mesa 1. - Reforma normativa. Se propuso modificar la Constitución y la Ley del Órgano Judicial; crear un procedimiento agroambiental; revisar la Ley de Deslinde Jurisdiccional; agilizar los procesos laborales y sociales; unificar el sistema penal en un solo código; y actualizar el Código Civil.
Mesa 2. - Presupuesto. Se planteó asignar al Órgano Judicial un mínimo del 5% del Tesoro General de la Nación, además de garantizar fondos para la justicia indígena originaria campesina.
Mesa 3. - Modernización tecnológica. Se recomendó crear una unidad nacional de justicia digital, unificar plataformas informáticas, establecer interoperabilidad institucional, reconocer la validez jurídica de documentos digitales y emplear herramientas de inteligencia artificial.
Mesa 4. - Carrera judicial. Se sugirió aprobar una ley de carrera judicial vertical basada en la meritocracia, fortalecer el ingreso a través de la Escuela de Jueces, regular la evaluación del desempeño y consolidar un escalafón profesional.
La carrera judicial vertical: un avance largamente esperado
En este artículo deseo concentrarme en una de las conclusiones más relevantes de la mesa 4: la propuesta de una carrera judicial vertical basada en la meritocracia. Esta conclusión coincide plenamente con la propuesta que he impulsado desde hace años: una transformación profunda que elimine el modelo de preselección, selección y nombramiento de jueces y fiscales por el poder político, sustituyéndolo por una verdadera carrera de méritos.
Una carrera vertical implica que el ascenso se produce desde los niveles más bajos hasta los más altos del escalafón judicial: actuario abogado, secretario abogado, juez instructor, juez de partido, juez de sentencia, vocal departamental y finalmente magistrado de los tribunales Supremo, Constitucional, Agroambiental, Electoral, entre otros.
Esto significa que nadie debería ingresar directamente a un juzgado de sentencia, a una vocalía departamental o a un tribunal superior, como lamentablemente sucede hoy.
Este modelo prioriza no solo la idoneidad profesional y académica, sino también —y sobre todo— la transparencia, la honestidad y la conducta ética a lo largo de toda la carrera. Es, sin duda, un cambio estructural indispensable.
Una contradicción que debe ser aclarada
Sin embargo, esta primera conclusión parece contradicha por otra recomendación de la misma Mesa 4, donde se señala que el ingreso a la carrera judicial puede darse por dos vías: una vía ordinaria, a través de la Escuela de Jueces del Estado, y otra extraordinaria, por convocatoria del Consejo de la Magistratura.
Al dejar abiertas dos vías de ingreso, se introduce una ambigüedad que puede desnaturalizar la idea de una carrera vertical estricta. Tal flexibilidad permitiría excepciones que rompan el principio fundamental de ascenso progresivo y escalonado. Esta contradicción debe ser resuelta para evitar la repetición de las viejas prácticas que han debilitado históricamente la independencia judicial.
Con todo, incluso con sus inconsistencias, la primera conclusión de la Mesa 4 representa un avance significativo: elimina el modelo de preselección y nombramiento de jueces y fiscales por parte del poder político y descarta la anomalía que ha significado la elección por voto popular de magistrados del Órgano Judicial, del Tribunal Constitucional Plurinacional y del Tribunal Agroambiental. Este solo hecho marca una diferencia esencial respecto de las cumbres organizadas por el MAS y abre la puerta a una discusión más seria sobre la profesionalización y sobre todo la independencia de la justicia.