Corrupción
Caso EMAPA: clanes familiares, tres aprehendidos y una exautoridad prófuga
Hasta la fecha, la Fiscalía y el Ministerio de Desarrollo Productivo han detectado, durante la investigación de las irregularidades dentro de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (EMAPA), la existencia de un supuesto clan familiar que negociaba con la harina de subvención para panificadores, ocasionando un perjuicio al Estado de más de 95 millones de bolivianos. Además, ya hay tres aprehendidos y una exautoridad prófuga.
La situación con la empresa estatal empeora día a día. La semana pasada, el martes 25 de noviembre, el ministro de Desarrollo Productivo, Óscar Mario Justiniano, presentó un informe sobre la primera semana de indagaciones en EMAPA, en el cual se determinó un daño al Estado de 95,5 millones de bolivianos, causado por hectáreas de maíz no sembradas pero sí pagadas; alquiler de maquinaria que nunca se utilizó; irregularidades en la implementación de una planta procesadora de papa; y compra de alimento para peces vencido.
Lea también: Aprehenden a Rubén Ríos, dirigente de los panificadores, buscado por el caso EMAPA
Uno de los principales investigados es Franklin Flores, exgerente de EMAPA. De hecho, las acusaciones contra la exautoridad comenzaron incluso durante el gobierno de Luis Arce, ya que el 30 de septiembre fue aprehendido y se determinó su detención domiciliaria. Para el 15 de octubre, Flores ya enfrentaba tres procesos por presunta malversación de fondos, incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y contratos lesivos al Estado.
El jueves 27 de noviembre, el Ministerio Público emitió una orden de aprehensión contra Flores luego de que no fuera encontrado en el domicilio donde debía cumplir la detención domiciliaria. “Toda vez que no fue encontrado en su domicilio, el fiscal del caso ha requerido un mandamiento de aprehensión”, indicó ese día el director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Walter Sossa.
Desde entonces, Flores se encuentra prófugo. No fue el único, ya que, por al menos tres días, el dirigente de los panificadores Rubén Ríos también evadió a las autoridades.
Ríos, como ejecutivo de la Confederación de Panificadores de Bolivia, es acusado de presuntos actos de corrupción relacionados con la harina subvencionada que EMAPA debe distribuir a los hornos que preparan el pan de batalla. Días atrás, fue citado por la Fiscalía para prestar su declaración el 3 de diciembre, fecha en la que aseguró que acudiría, negando cualquier participación en los hechos.
Sin embargo, la semana anterior estuvo ausente del espacio público, mientras su sector se enfrentaba a la Alcaldía de La Paz, al Gobierno Nacional y a la población por su decisión de incrementar el precio del pan de batalla. Pese a que fue el mismo Ríos quien, el miércoles 26 de noviembre, anunció la subida, posteriormente fueron otros dirigentes quienes lidiaron con los conflictos posteriores.
El viernes 28 de noviembre por la tarde, el Ministerio Público y agentes de la Policía allanaron la vivienda de Ríos. En el operativo se reveló que el dirigente no se encontraba en el lugar, ubicado en la zona de Villa Victoria, en La Paz. Por ello, dos personas, entre ellas su esposa, fueron trasladadas a instalaciones policiales para ser interrogadas sobre su ubicación.
El panificador reapareció el lunes por la tarde. Acudió a declarar al Ministerio Público y fue aprehendido por los delitos que se le imputan.
Horas más tarde, el Ministerio Público informó que también se aprehendió a su hijo, Ricky. Esto llevó a la Fiscalía a considerar a la familia como un “clan familiar”, que se habría beneficiado de la relación con Flores y EMAPA. Según el fiscal Omar Quisbert, Ríos no solo vendía la harina de subvención que debía llegar a sus bases, sino que también la proveía a la estatal, además de alquilar sus inmuebles y actuar como contratista.
No es el único problema legal que enfrenta el dirigente. La Alcaldía de La Paz suspendió las actividades de su horno en dos ocasiones debido a la falta de higiene, tras detectarse ratones vivos y muertos, así como sus excrementos. Asimismo, otros panificadores denunciaron que los amenazó.
También el lunes se aprehendió a Gabriela René P. T., jefa de Inspección de la estatal, señalada por elaborar un informe técnico que habría dado viabilidad a la firma del convenio 285/2024 entre EMAPA y la empresa unipersonal del dirigente panificador Rubén Ríos.
"El Ministerio Público tiene como imputados a diferentes ciudadanos, entre ellos el señor Ríos, el señor Franklin y otros dos funcionarios de EMAPA. En total, son cinco personas investigadas. En relación con la aprehensión conocida en las últimas horas, se informa que el Ministerio Público ejecutó hoy una nueva orden de aprehensión a través de personal policial, considerando que se tenía programada la declaración informativa de otra ciudadana que desempeñaba funciones en EMAPA", informó el fiscal Quisbert en conferencia de prensa.
Tanto la Fiscalía como el ministro Justiniano consideran que el número de personas investigadas y aprehendidas puede aumentar, mientras continúan los trabajos de investigación. "EMAPA es una empresa muy grande y recién hemos comenzado. Los niveles de corrupción son igual de grandes", dijo la autoridad estatal al presentar su informe la semana pasada.