Procesos
Desde el Ejecutivo y la Vicepresidencia presionan para tramitar juicio de responsabilidades contra exaltas autoridades
Los juicios de responsabilidades son un privilegio de altas autoridades del Estado y se autorizan en la Asamblea Legislativa Plurinacional, que no tiene agendada la reactivación de alguno o de todos los casos pendientes. Sin embargo y coincidentemente, el Gobierno y el vicepresidente Edmand Lara empezaron a presionar para no dejar en la impunidad a las exaltas autoridades acusadas.
No se tiene un número preciso de las denuncias o proposiciones acusatorias, aunque Lara habla de al menos 20, el presidente de la Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado, Manolo Rojas, informó de 18 proyectos de juicio de responsabilidades pendientes bajo la Ley 044 que modificó la ley 612 de 2014.
“Exhortarles, pedirles a los diputados y senadores, sobre todo a la presidencia y a los que componen la Comisión Mixta de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado, que hagan su trabajo y que estos juicios de responsabilidades no duerman más en los sueños de los justos”, exigió Lara en un video publicado por sus cuentas en redes sociales.
Algunos de los procesos pendientes involucran a Carlos Nicanor Cortés Aparicio, exprefecto de Chuquisaca; al expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y a integrantes de su gabinete ministerial; a Félix Patzi, exministro de Educación; a Leopoldo Fernández y Mario Cossío, exprefectos, y al expresidente Carlos Mesa, detalló el vicepresidente.
La ley de Sustanciación y Resolución de Juicios de Responsabilidades de 2002 incluía en este tipo de juicios de privilegio a prefectos (hoy gobernadores) y a ministros, en tanto que la nueva ley 044 de 2010 los excluye y contempla solo al presidente, vicepresidente y magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), del Tribunal Supremo de Justicia, del Tribunal Agroambiental, del Consejo de la Magistratura y del Ministerio Público.
Contra autoprorrogados
Justamente, se planteó estos juicios contra los magistrados autoprorrogados Miguel Hurtado, René Yván Espada, Isidora Jiménez, Julia Cornejo y Karem Gallardo, todos del TCP. A ellos se suman los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) Ricardo Torres y Carlos Alberto Egüez. Su gestión concluyó el 31 de diciembre de 2023, pero al no tener a sus sucesores, porque las elecciones judiciales fueron parciales, se mantuvieron en su cargo hasta 2025.
Para el exdiputado y viceministro de Coordinación Legislativa, Wilson Santamaría, se corre el riesgo de vencimiento de plazos fatales en algunos casos, por lo que urgió volver a poner en mesa el tratamiento de estos juicios.
“¿Qué es lo que se ha verificado? plazos que en varios casos son fatales, se han vencido y que se lo ha hecho para intentar proteger. ¿A quiénes? ¿Quiénes están en esa lista de alrededor de 30 juicios? Autoridades del Órgano Judicial, del Consejo de la Magistratura y el Agroambiental, que en algunos casos ya han cesado de su mandato, o el propio expresidente Evo Morales”, afirmó.
Según procedimiento, la Comisión Mixta de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado conocerá el requerimiento acusatorio e informará al Pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional a efectos de la autorización legislativa.
La Asamblea Legislativa Plurinacional, por decisión de al menos dos tercios de los miembros presentes, concederá la autorización de juzgamiento y remitirá todos los antecedentes a la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia.
“La Vicepresidencia está ejerciendo su rol constitucional como manda la Ley. Sin embargo, exhortó a las comisiones a trabajar como corresponde en derecho”, demandó Lara.