Análisis
Detectan que hubo una carencia de mediadores en el conflicto en torno al Decreto 5503
A la hora de analizar el reciente conflicto en torno al ya abrogado Decreto Supremo 5503, se detecta que hubo una carencia de mediadores. La cuestión salta a la palestra pública en medio del debate por la ley antibloqueos, que está siendo abordada en la Asamblea Legislativa Plurinacional.
“Antes de llegar a todas las manifestaciones hay que dialogar, hay que buscar mediadores, definitivamente eso es mucho mejor que ir a los bloqueos”, señaló el economista y exministro de Estado Ramiro Cavero, en una entrevista realizada en Radio Panamericana sobre la propuesta de la ley antibloqueos.
Según la exautoridad, uno de los problemas fundamentales que afrontó el Gobierno en este último tiempo ha sido la falta de un mediador en la negociación sostenida con la Central Obrera Boliviana (COB) en torno al ya anulado Decreto Supremo 5503, una medida de emergencia económica dictada para combatir la crisis, que incluía el ajuste en el precio de los combustibles, la liberalización de su importación y el congelamiento salarial en el sector público, entre otras disposiciones.
El conflicto se agudizó por la falta de un diálogo efectivo con el sector, lo que llegó a paralizar el país debido a los bloqueos instalados en diferentes puntos del territorio boliviano.
El daño de los bloqueos
Para Cavero, la ley antibloqueos es una norma que debe ser aprobada, porque esta medida de presión sí daña a la población, por ejemplo, a quienes viven en zonas rurales, y afecta el progreso del país en ámbitos como el turismo, la atracción de inversiones y la ejecución de proyectos.
“Los corredores bioceánicos, por ejemplo, no quieren pasar por Bolivia. Bolivia tiene una gran ventaja geográficamente, es el corazón de Latinoamérica; por aquí deberían pasar vías férreas, carreteras, pero por los bloqueos quién quiere que su exportación (se vea perjudica por esta situación), por eso nos están evadiendo los corredores interoceánicos”, señaló el economista.
Según el analista, esta medida de presión ya está reglamentada a nivel internacional en el Estatuto de Roma y debería ser incorporada en la legislación nacional, porque los bloqueos han cercado a poblaciones donde no se ha permitido el paso de alimentos e insumos médicos, como tanques de oxígeno, y se ha perjudicado el traslado de enfermos en ambulancias.
“Todo derecho a protesta es deseable, pero tiene límites. (…) El tema de los bloqueos ya está sancionado en el Estatuto de Roma; porque cuando ya cercan a una población para que no reciba alimentos, oxígeno, combustibles, agua, luz, es un delito y eso ya está sancionado en el Estatuto de Roma”, indicó Cavero, a tiempo de reiterar que es fundamental volver a contar con mediadores.
Luego, agregó: “Un punto fundamental es que volvamos a tener mediadores, un Defensor del Pueblo, pero un Defensor del Pueblo de verdad, nombrado por 2/3 del Congreso o la Iglesia o Naciones Unidas, buscar mediadores. Yo creo que eso le faltó al Gobierno. Antes de llegar a todas las manifestaciones hay que dialogar, definitivamente eso es mucho mejor que llegar al bloqueo, pero cuando ya se va al bloqueo no se puede perjudicar de esta manera al país”.
Por su parte, consultado sobre el tema, el senador por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), Nicanor Cochi, manifestó que esta norma no prosperará: “la ley como tal no va a prosperar, porque si bien hemos visto la reacción de la gente ni siquiera se está tratando en Comisión”. Subrayó que se debe trabajar en el artículo de la Constitución Política del Estado (CPE) que establece el derecho a la libre transitabilidad, enfatizando que una ley no puede estar por encima de la Constitución.
La CPE, en su artículo 21, numeral 7, garantiza el derecho fundamental a la libertad de residencia, permanencia y libre circulación en todo el territorio boliviano, incluyendo la entrada y salida del país. Por el momento, el tratamiento de la ley antibloqueos se ha pausado para “socializar” la norma con las diferentes organizaciones. También se ha mencionado la posibilidad de llevar el tema a un referéndum.