Lo que no debemos callar
El verdadero sentido del POA: cuando los barrios deciden su futuro
En Bolivia solemos hablar de autonomía, descentralización, participación popular y control social como si fueran piezas decorativas de la democracia. Conceptos que aparecen con mayor fuerza en los discursos electorales; pero rara vez se comprenden y aplican en su verdadera dimensión. Con frecuencia confundimos autonomía, que es la facultad que tiene un municipio para tomar decisiones propias dentro del marco estricto de la ley, con libertinaje, entendido como hacer lo que a la autoridad le plazca, sin límites y sin respeto por las normas ni por los ciudadanos.
Estas herramientas solo funcionan cuando están correctamente vinculadas a la gestión municipal concreta. Un ejemplo claro es la descentralización del Plan Operativo Anual (POA) mediante la creación de macrodistritos urbanos; una experiencia implementada por la década de los 90. Aunque la estructura no ha recibido mejoras sustanciales con el tiempo, su potencial para una planificación más cercana al ciudadano es enorme.
El POA vecinal no es un documento administrativo más, es, o debería ser, un mecanismo que permita a los barrios decidir directamente qué obras se ejecutarán con los recursos que les corresponden. Aunque los montos iniciales sean modestos, el impacto es profundo: los vecinos dejan de ser simples receptores de obras y se convierten en actores reales de la gestión municipal. Se rompe así la lógica de la prebenda y del clientelismo y se empieza a construir ciudadanía.
El POA vecinal permite organizar la demanda barrial y canalizarla a través de un proceso estructurado de planificación. La función de la autoridad electa, más aún ahora, cuando más de una decena de aspirantes pretenden conducir los destinos de la ciudad, no es ofrecer ni repartir obras a discreción, sino actuar como un facilitador e intérprete de las necesidades vecinas. Desde una lógica de planificación técnica, le corresponde ayudar al vecino a establecer las prioridades de esa demanda vecinal; lo urgente, lo esencial y lo verdaderamente necesario. Priorizar es gobernar y gobernar es responder a las verdaderas necesidades del ciudadano.
Nuestra Señora de La Paz, con más de 600 barrios, 5 macrodistritos, y las áreas de Mallasa y Hampaturi, con una compleja composición geomorfológica y una matriz de riesgos diversos, necesita profundizar con urgencia un mecanismo de planificación de estas características. No es razonable que la “ciudad maravilla” continúe funcionando bajo una lógica centralista, donde las decisiones se concentran en el despacho del alcalde y la obra pública se administra como recompensa política según la votación obtenida. La obra pública no es un obsequio ni un capricho: es un derecho adquirido por el simple hecho de vivir y pagar sus impuestos en este municipio.
La clave del POA vecinal es que obliga al gobierno municipal a transparentar información técnica y ponerla al servicio del ciudadano. Los vecinos no pueden decidir responsablemente si desconocen riesgos, costos, limitaciones y alternativas. Una participación vecinal seria requiere información clara y confiable. Cuando el municipio explica, por ejemplo, por qué una canalización es prioritaria frente a un pavimento, y sustenta esta decisión con criterios técnicos claros, el vecino comprende, acompaña y decide pensando no solo en su barrio, sino también en su distrito y en la ciudad en su conjunto.
Además, el POA vecinal fortalece la corresponsabilidad. Cuando un barrio decide su obra, también se convierte en fiscalizador natural. El vecino vigila, reclama y exige calidad. Por lo general, una obra decidida de forma técnica y participativa es una obra mejor ejecutada, mejor cuidada y socialmente aceptada. Así, el control social deja de ser una figura retórica para convertirse en una práctica efectiva.
Es importante aclarar que la participación vecinal no implica que el municipio renuncie a la visión técnica. Todo lo contrario. Significa que la técnica se abre a la ciudadanía para que esta tome decisiones informadas. Significa consolidar un vínculo sano entre gobernantes y gobernados. Significa dejar atrás una ciudad administrada desde arriba para empezar a construir una ciudad pensada desde abajo.
No obstante, persisten resistencias políticas. La participación real incomoda a quienes temen perder control o protagonismo. Pero ninguna ciudad puede prosperar mientras sus decisiones sigan concentradas en unos pocos. El POA vecinal demuestra que cuando los ciudadanos conocen sus necesidades y participan en su priorización, la gestión municipal se vuelve más eficiente, más transparente y más sostenible.
Por eso, implementarlo en La Paz no es una opción, es una obligación histórica. Para que este mecanismo funcione y se sostenga en el tiempo, debe estar respaldado por reglas claras, cronogramas públicos y criterios técnicos obligatorios, que no dependen de la voluntad del alcalde de turno, sino de una política municipal institucionalizada.
El desafío de las próximas gestiones no será prometer más obras, sino gobernar mejor, con planificación, participación y decisiones compartidas. Una ciudad grande necesita una ciudadanía grande. Y una ciudadanía grande se construye otorgándole herramientas reales de decisión. Eso es, precisamente, lo que no podemos llamar.