Gasolina y la falta de responsabilidad del Estado
El tema de la gasolina de mala calidad (¿desestabilizada?) es un dolor de cabeza para el gobierno de Rodrigo Paz, y su manejo no ha sido el adecuado hasta ahora. Desde el inicial silencio, ha pasado por la negación, el traslado de la responsabilidad al anterior gobierno (que sonaba bastante ilógico), el anuncio de sabotaje de los actuales servidores de la estatal petrolera (con el agregado de que se los acusa de ser masistas), hasta ya la inevitable, aunque tibia respuesta de asumir la culpa y activar un seguro para todos aquellos y aquellas que son víctimas de un manejo negligente y dañino de los hidrocarburos en el país, empero, con condiciones poco claras y transparentes, buscando la vuelta, tal como se lo observa en sus intervenciones públicas al (siempre alegre) Ministro Medinaceli y otros/a funcionarios/as a cargo del entuerto.
Varias páginas especializadas refieren que para que una gasolina sea óptima para el motor y garantice su vida útil, debe contar con un adecuado y alto octanaje (87 octanos hasta 100 octanos); aditivos adecuados para mantener limpios los conductos y los inyectores, además de una pureza garantizada debidamente certificada con normas internacionales y que depende únicamente del fabricante y distribuidor. Realmente habrá que investigar de manera independiente si el combustible distribuido por la empresa estatal cumple con estas condiciones mínimas, el problema al parecer es que no hay en el país quien pueda garantizar esto y seguirá poniéndose en riesgo los motores de miles de vehículos que ya tuvieron daños o están pasando por arreglos costosos (entre los que me incluyo) pero que sin lugar a dudas no podremos reclamar nada al Estado.
En este último tema, es que nos surge nuevamente la necesidad de cuestionar la falta o deficiente normativa en el país respecto a la responsabilidad del Estado, hoy la noticia es la gasolina, pero aquella puede estar en muchos otros temas que en Bolivia ni siquiera se consideran, desde un ejemplo simple como el estado de una acera, en la que una persona tropieza y cae, causándose daños a su integridad física, pero que el municipio jamás responderá ni siquiera con una llamada de atención a los/as servidores/as; hasta temas más serios como la acusación sin pruebas o el encarcelamiento de una persona por años, demostrándose luego que esa persona era completamente inocente, vulnerándose la libertad y la vida adecuada de una persona, o aquella donde no se repara carreteras como se debe, lo que provoca accidentes hasta masivos, con múltiples víctimas pero que tampoco reciben ni reparación ni se determina responsabilidad para los encargados de esos arreglos.
Esto es lo grave, no existe todavía la cultura de la responsabilidad y reparación en nuestro país, lo poco que se ha avanzado es más que todo luego de una protesta, movilización (como hoy por la gasolina) o algún fallo judicial muy extraordinario, porque incluso resoluciones internacionales no son atendidas por el Estado (como aquellas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos).
Es evidente que la Constitución Política del Estado posee un modelo garantista (odioso para muchos, extrañamente), por ejemplo el articulo 113 reconoce el derecho a la reparación integral del daño a los derechos, esta previsión constitucional constituye el fundamento principal de la responsabilidad estatal, tanto por acción como por omisión, a pesar de lo señalado, como afirmamos anteriormente, no tenemos una ley específica de responsabilidad patrimonial y extrapatrimonial del Estado, por lo que se recurre de manera supletoria al derecho administrativo, civil y constitucional, aunque con limitaciones. Por ejemplo, en este último, si bien la normativa estable que luego de una Acción de Libertad, Amparo o Popular podría fijarse daños civiles, muy pocos jueces los hacen y los que sí, proceden de forma muy arbitraria hasta irracional, con un cálculo de daños alejado de la realidad; en su defensa podríamos decir que por la falta normativa tampoco tienen una guía necesaria para hacerlo, ¿Cuánto vale tu libertad, o la vulneración a un derecho individual o colectivo? ¿Bajo qué parámetros debería considerarse aquello? ¿Debería el juez considerar los daños morales, daño emergente, lucro cesante, las costas y otros elementos necesarios?
El Estado puede provocar daños por acción u omisión en el primer caso por conductas activas contrarias al ordenamiento jurídico, en nuestro país estas conductas de los/as servidores/as públicos/as son bastantes cotidianas, por ello las hemos normalizado, incluso en los temas más serios como nuestra vida, integridad o libertad, por ejemplo, cuando un policía hace uso excesivo de la fuerza o tortura, nos detienen sin orden fiscal o judicial, somos sometidos a años de detención preventiva o cuando un servidor de un municipio procede a un clausura de una actividad económica sin justificación legal, ¿alguien en el país habrá logrado una indemnización, el pago de daños y perjuicios, una reparación integral, adecuada y fundamentalmente justa? Podría afirmar con seguridad que no, pero el ciudadano tiene que hacer pasar el trago amargo y tratar de continuar con su vida.
Pero también no debemos olvidar que el Estado puede incurrir en responsabilidad por omisión, es decir por una inacción del Estado, un incumplimiento de los deberes jurídicos establecidos, y en esto sí que hay mucha tela que cortar, principalmente en lo que refiere a la vulneración de los derechos económicos, sociales y culturales que por la falta de actuación se provoca un daño muchas veces muy grave. En Bolivia por este hecho estaríamos cambiando de autoridades a cada rato, ejemplos podría haber miles, falta de salud, educación, servicios básicos, falta de condiciones laborales, seguridad pública, etc.
Una vez analizada la responsabilidad del Estado, volvamos al tema de la gasolina, si realmente no hay una respuesta adecuada con indemnizaciones y reparaciones a aquellos/as que sufrimos los daños tanto por acción como por omisión de las instancias competentes, sin procesos engorrosos y que busquen librar a las autoridades del Estado, crecerá más la percepción de impunidad institucional, rebajará la confianza ciudadana en los mecanismos de protección de derechos, ya desde siempre disminuida y el efecto preventivo que debería tener la responsabilidad del Estado frente a futuras vulneraciones. Esperemos que no sea así y otra vez normalicemos y peor, nos aguantemos; ahora nos arruinaron los motores, pero mañana quizá sea nuestra libertad, nuestra dignidad, integridad, salud o, peor aún, nuestra vida.