Ejecución presupuestaria: donde la política pone en riesgo la gestión pública

En la gestión municipal, la planificación es fundamental. La participación ciudadana también. Sin embargo, ninguno de estos avances tiene sentido si los proyectos no llegan a la fase más crítica del proceso público: la ejecución presupuestaria. Es en esta etapa donde se materializan las obras, se movilizan los recursos y, lamentablemente, es donde con mayor frecuencia se contamina la gestión municipal con prácticas de corrupción, cohecho y prebendas.

Cuando se ha logrado implementar una planificación participativa municipal y descentralizar el POA Vecinal por lo menos por macrodistritos, el siguiente paso indispensable es respetar de manera estricta las decisiones ciudadanas. Una vez que los vecinos han priorizado sus obras y estas han sido incorporadas en el POA municipal, cualquier modificación debe estar debidamente justificada y sustentada técnicamente. No obstante, en muchos municipios ocurre lo contrario: aparecen recortes arbitrarios, observaciones infundadas, cambios poco transparentes o retrasos provocados por intereses políticos, negociaciones y presiones que rayan en lo oscuro.

Es imprescindible que las obras priorizadas estén aprobadas hasta septiembre del año anterior e incorporadas en el POA de la siguiente gestión. El Concejo Municipal debe actuar como fiscalizador técnico y garante institucional. Sin embargo, con frecuencia se convierte en un espacio de bloqueo político, castigo partidario o manipulación de la voluntad vecinal. Cuando un proyecto consensuado es modificado sin justificación, se rompe la confianza entre vecinos y municipio. Y cuando se rompe la confianza, se destruye la gobernabilidad y se debilita el tejido organizativo vecinal.

En este contexto, el control social adquiere su mayor relevancia. No basta con participar en talleres o procesos deliberativos; es imprescindible vigilar el cumplimiento de la planificación y la aprobación integral del POA. La inclusión efectiva de las prioridades ciudadanas en el presupuesto anual es una de las responsabilidades más importantes de cualquier gestión municipal.

Superada la fase normativa, se ingresa la etapa operativa: la contratación y ejecución de obras. Aquí es donde la técnica debe prevalecer sobre cualquier interés político. Durante el primer trimestre del año, una vez validado el presupuesto y cargado en el sistema municipal, deben iniciarse los procesos, independientemente de la modalidad. Para el control social lo relevante no es la modalidad, sino que la planificación se traduzca en ejecución efectiva.

El control social deberá ser parte activa y de seguimiento de las comisiones de adjudicación, pues conoce de primera mano las necesidades del territorio y será beneficiario directo de las obras. La calidad, el precio y la capacidad técnica de las empresas contratadas, deben ser objeto de vigilancia permanente.

Hasta este punto, generalmente se atienden las necesidades vecinales inmediatas, que representan apenas una fracción del presupuesto general de la alcaldía. El desafío mayor está en orientar el resto de los recursos hacia políticas públicas estructurales: salud, educación, seguridad ciudadana, infraestructura y movilidad urbana. La descentralización efectiva del primer nivel de salud, el mantenimiento adecuado de las unidades educativas, la implementación de estrategias concretas de seguridad ciudadana con participación del ciudadano, la planificación integral de la inversión en infraestructura y el ordenamiento del transporte público deben formar parte de una política municipal sostenida.

Todo ello exige una visión estratégica de largo plazo. El desarrollo municipal debe planificarse a 25 años por lo menos, en función de las necesidades reales de la ciudadanía y no de cálculos coyunturales de la política. La técnica no puede seguir siendo desplazada por la improvisación ni reducida a un accesorio comunicacional.

La ejecución presupuestaria no es sólo un trámite matemático ni un ejercicio contable. Es la expresión más clara del compromiso del municipio con su ciudad. Una buena ejecución refleja planificación, capacidad técnica y respeto por la ciudadanía. Una mala ejecución refleja improvisación, negligencia o intereses ocultos.

Las obras deben tener calidad, deben cumplir plazos y deben responder a estándares técnicos. No hay excusa para lo contrario. La obra pública no puede ser un espacio para el sobreprecio, la obra mal hecha o la contratación de empresas que no cumplen capacidades mínimas. Cada boliviano invertido debe traducirse en bienestar real.

La política intentará siempre interferir en esta etapa, porque es donde se ve, se inaugura y se capitaliza electoralmente. Pero no se puede permitir que la política destruya la técnica. La ciudad merece obras bien hechas, no obras que sirvan para la fotografía.

La ejecución presupuestaria es, en definitiva, la frontera entre la promesa y la realidad. Y es ahí donde más debemos vigilar.